Las religiosas que hasta ahora ocupaban el convento de Belorado, en Burgos, han comenzado a trasladar hoy sus enseres al cenobio de Santa Klara de Orduña para evitar el desalojo forzoso que la Guardia Civil ejecutaría el jueves por orden judicial, tras perder la batalla legal contra la Iglesia. El traslado se produce después de que los tribunales rechazaran sus pretensiones y decretaran la restitución del inmueble a la parte demandante, lo que precipita una salida voluntaria que busca minimizar el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

En el ambiente del convento se vivieron momentos de tensión y de fuerte carga emotiva; las mujeres que aún vivían en el edificio cargaban cajas y enseres mientras lamentaban la situación y recordaban que aquel día coincidía con el cumpleaños de una de las religiosas. La intención declarada por ellas es completar la mudanza en las próximas horas y dejar el edificio cerrado antes de la intervención policial anunciada, a la espera de que la entrega se haga sin incidentes.

La decisión judicial que ordena el desalojo pone fin a un conflicto que, según las partes, se prolongó en los tribunales. La sentencia no les fue favorable y, ante la proximidad del plazo para ejecutar el lanzamiento, las exmonjas optaron por trasladar sus pertenencias por sus propios medios hacia Orduña, donde el convento de Santa Klara les ha servido de destino temporal para sus efectos personales. Fuentes judiciales consultadas confirman que la orden se debe a la titularidad reconocida por la resolución.

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Las protagonistas del traslado expresaron su desconsuelo ante los vecinos y algunos medios. Según relataron, entre lágrimas y reproches, consideraron la situación injusta y señalaron el contraste entre la celebración del cumpleaños de Sor Sion y la notificación que implicaba la pérdida del hogar que ocupaban. La escena, reconocen quienes estuvieron presentes, reforzó la dimensión personal de un conflicto que hasta ahora había discurrido por cauces técnicos y jurídicos.

Por su parte, la ejecución de la orden de desalojo corresponde a la Guardia Civil, que figura como cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales en estos supuestos. El traslado voluntario de las religiosas se interpreta como una fórmula para evitar la intervención de las fuerzas del orden y posibles cargas policiales, aunque la orden de ejecución sigue vigente si finalmente no se concreta la entrega del inmueble en el plazo fijado por la autoridad judicial.

Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de disputas sobre bienes inmuebles ligados a instituciones religiosas, conflictos que en ocasiones han terminado también en los tribunales con resoluciones que obligan a desalojos. Abogados que han seguido el caso señalan que, pese a la naturaleza particular de algunos de estos espacios, las sentencias se dictan en función de la titularidad y de la documentación aportada por las partes, lo que deja en manos de los tribunales la decisión final sobre la posesión.

La Iglesia, que fue la parte que obtuvo la resolución favorable, no hizo declaraciones públicas al cierre de esta edición; fuentes cercanas han indicado que se trata de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el juzgado. Las exmonjas, por su lado, afrontan ahora el reto de reorganizar su vida y sus pertenencias en un nuevo lugar, con la mirada puesta en soluciones de convivencia y en el reconocimiento de la dimensión humana del suceso.

Mientras se completa el traslado, en Belorado permanece la expectativa entre los vecinos y en los entornos religiosos locales sobre cómo se cerrará este capítulo. Si la entrega del edificio se realiza sin intervención policial, el desalojo quedará inscrito en los hechos como una salida pactada y ordenada; si no, la Guardia Civil tendrá por delante la ejecución que los tribunales han ordenado para el jueves. En cualquier caso, la despedida del convento ha tenido hoy un carácter íntimo y doloroso para quienes lo habitaban.