La Comisión Europea anunció este martes en Bruselas que valora la activación de medidas temporales y limitadas para contener una posible crisis severa de precios energéticos derivada de la guerra entre Irán e Israel, con la implicación de Estados Unidos. El comisario responsable del dossier advirtió de que cualquier intervención deberá ser concreta y de corta duración para no desincentivar la transición hacia las renovables. España, por su parte, ya prepara una respuesta coordinada que incluye la vigilancia de los precios en las gasolineras y contactos con grupos parlamentarios y agentes sociales.

En la rueda de prensa posterior al Ecofin, Dan Jørgensen explicó que Bruselas estudia varias opciones —entre ellas la liberación de reservas estratégicas de petróleo— más como un gesto de solidaridad con países que podrían sufrir mayores efectos por las tensiones en el estrecho de Ormuz que por un riesgo inmediato de suministro en la Unión Europea. El comisario subrayó que las medidas no pretenden modificar de forma unilateral la fijación de precios ni el sistema del carbono, y que la idea es actuar solo si la situación lo exige.

La intención de la Comisión es aplicar las lecciones aprendidas en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó un desajuste en los mercados del gas que obligó a adoptar respuestas coordinadas. Aquella experiencia impulsó la creación de mecanismos de resiliencia y suministro que ahora sirven de referencia para diseñar acciones rápidas y limitadas. Fuentes comunitarias señalan que la prioridad es mantener la presión sobre los precios sin comprometer las señales para la inversión en energías limpias.

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La vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, trasladó que Bruselas analiza qué medidas de aquella crisis funcionaron mejor desde la óptica de la política de competencia y cuáles podrían repetirse sin dañar la confianza inversora a largo plazo. Ribera hace hincapié en que cualquier intervención debe preservar la competitividad industrial europea y favorecer la autonomía energética a futuro. En ese marco, la Comisión muestra especial cuidado en no socavar las reformas y objetivos climáticos vigentes.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, enfatizó la necesidad de que los Estados que adopten medidas lo hagan de forma selectiva y limitada para no comprometer la sostenibilidad fiscal. Dombrovskis defendió un equilibrio entre apoyo temporal y prudencia presupuestaria, ante el riesgo de que ayudas amplias y prolongadas incrementen déficits y tensen la recuperación económica. Su intervención en el Ecofin recuerda la tensión entre respuesta inmediata y disciplina económica.

En Madrid, el Ejecutivo activo ya líneas de trabajo: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzará la supervisión de precios en las estaciones de servicio para detectar posibles comportamientos irregulares, mientras que el Ministerio de Economía inicia una ronda de contactos con partidos y agentes sociales para consensuar medidas a corto plazo. El Gobierno busca así combinar vigilancia del mercado con diálogo político y social, para evitar medidas improvisadas que puedan generar distorsiones.

Los productores y distribuidores alertan de que subidas abruptas del combustible repercutirán en los costes de transporte y, en cascada, en la cesta de la compra, un argumento utilizado para justificar actuaciones puntuales del sector público. Economistas consultados recuerdan que la exposición de cada país dependerá de su matriz energética y de su grado de dependencia de combustibles fósiles importados, por lo que las respuestas pueden variar entre Estados miembros.

Bruselas mantiene una posición de seguimiento estrecho del mercado y advierte de que solo intervendrá si la escalada de precios amenaza la estabilidad económica o social en los Estados miembros. Hasta entonces, la priorización es preservar los incentivos a las renovables y actuar con medidas temporales y proporcionadas, según fuentes comunitarias. Para España y el resto de la UE la clave será conjugar medidas de contención con políticas que aceleren la independencia energética a medio y largo plazo.