La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil investiga si la compra de una consultora vinculada a excargos del Partido Aragonés favoreció a Forestalia en la tramitación de proyectos ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). La pesquisa se enmarca en la operación denominada ‘Perserte’, que el pasado 3 de marzo motivó registros en Zaragoza y Madrid, y se centra en una sociedad —creada en 2015 y vendida en 2018— cuyo cambio de titularidad ahora está bajo lupa. Las diligencias, iniciadas por indicios sobre irregularidades en la gestión administrativa, buscan esclarecer si existió trato preferente en procedimientos ambientales.
En el foco de la investigación figura la sociedad Athmos Sostenibilidad SL, que inicialmente operó bajo otra denominación y que, según fuentes judiciales, compartía sede en Coso, número 33, en Zaragoza con oficinas vinculadas a Forestalia. Los investigadores trataban en los últimos días de completar la documentación relativa a la constitución de la firma y a su posterior transmisión de titularidad al propietario del grupo de renovables. El cruce de domicilios y la coincidencia de nombres en expedientes administrativos han llevado a la UCOMA a ampliar la indagación para determinar la posible existencia de un entramado que permitiese influir en decisiones del Inaga.
Según un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) dependiente del Banco de España, la venta de la consultora en 2018 se cerró por 4.000.000 euros, una cifra que, según ese informe, supera en 443.531 euros lo inicialmente acordado. Ese desajuste ha sido uno de los elementos que han atraído la atención de los investigadores, que ahora buscan explicar el origen y la justificación de la diferencia en la transacción. La anotación del SEPBLAC ha sido remitida a la Guardia Civil como parte de la documentación que sustenta las pesquisas.
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Conoce más →En el expediente aparecen asociados, según las mismas fuentes, los nombres de varios excargos del Partido Aragonés que habrían participado en la creación o en la dirección de la consultora antes de su venta. Entre ellos figuran el exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, la exresponsable técnica Ana Cristina Fraile y el exdirector general de Desarrollo Rural Luis Marruedo. La investigación pretende dilucidar si la participación de estos excargos facilitó un contacto privilegiado entre la empresa adquirente y el Inaga en trámites relacionados con proyectos de energías renovables.
Además de la compraventa, UCOMA tiene abiertas diligencias sobre el comportamiento de otros altos cargos del organismo ambiental aragonés en fechas clave de la tramitación de expedientes. Entre quienes han sido citados como investigados o personas relacionadas aparecen antiguos responsables del Inaga y del departamento autonómico, aunque la investigación aún no ha derivado en imputaciones publicadas ni en cargos formales que hayan sido notificados públicamente. La Fiscalía, por su parte, sigue el desarrollo de las pesquisas y podría solicitar la inhibición de competencias territoriales si surgieran indicios que impliquen a jurisdicciones distintas.
La operación ‘Perserte’, que arrancó con más de una decena de registros el 3 de marzo —dos en Zaragoza y diez en Madrid—, comenzó a destapar supuestas irregularidades que no sólo afectan a la comunidad aragonesa sino también a tramitaciones en el Ministerio para la Transición Ecológica. Las pesquisas sobre la consultora y su conexión con Forestalia son, según fuentes del caso, una pieza más de un mapa mayor que investiga la actuación de empresas y de funcionarios en la autorización de parques y proyectos energéticos. El foco policial se ha desplazado, por tanto, de la esfera estatal a la autonómica para analizar todas las posibles vías de influencia.
Fuentes judiciales explican que la Guardia Civil continúa a la espera de documentación complementaria para completar las diligencias sobre Athmos Sostenibilidad SL y poder cerrar conclusiones provisionales. En paralelo, el SEPBLAC y otros organismos han facilitado informes que ahora analiza la UCOMA para ver si procede abrir causas por delitos económicos o administrativos. Hasta que no se cierren esos trámites, los responsables investigados conservan la presunción de inocencia y las diligencias se mantienen en secreto sumarial en aspectos concretos para preservar la investigación.
Ni Forestalia ni las personas vinculadas a la consultora han ofrecido declaraciones públicas que aclaren la operación de compraventa o las supuestas interferencias administrativas. Tampoco ha trascendido que el Gobierno de Aragón haya recibido notificaciones formales sobre medidas cautelares que afecten al funcionamiento del Inaga. La causa se encuentra en fase de instrucción y, según fuentes cercanas al proceso, podría prolongarse en el tiempo a medida que se requieran informes periciales y se practiquen nuevas comprobaciones documentales y patrimoniales.
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