El Ejecutivo ha decidido posponer la aprobación de un paquete de medidas para frenar el impacto de la crisis energética y la inflación hasta alinear su respuesta con los socios europeos, y abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en los próximos días para calibrar apoyos y contenidos. Según Moncloa, la decisión busca disponer de datos más precisos sobre la evolución del Índice de Precios de Consumo y evitar respuestas precipitadas ante la alta volatilidad de los mercados. El Gobierno prevé esperar a la reunión del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo antes de llevar propuestas concretas a un Consejo de Ministros. Como anunció además la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para explicar la posición oficial sobre la guerra en Oriente Próximo y las medidas económicas complementarias.

En el Ejecutivo existe una palpable presión de los socios de coalición para acelerar la puesta en marcha de un escudo social que atenúe el aumento de los precios, pero fuentes gubernamentales señalan que la coordinación en el seno de la Unión Europea es ahora la prioridad. La argumentación oficial es que instrumentos comunes y medidas sincronizadas pueden tener más efecto que actuaciones aisladas de cada Estado miembro. Además, los ministerios más implicados prefieren conocer primero la magnitud real del repunte inflacionista antes de definir umbrales y activadores fiscales. Ese margen de espera, sostienen, no es inactividad sino prudencia técnica ante un entorno económico cambiante.

Para pilotar las negociaciones con los grupos parlamentarios, el Gobierno ha encargado la labor al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que liderará los contactos en los próximos días. Acompañarán a esa ronda de sondeos otros miembros del gabinete en la interlocución con agentes sociales y sectores afectados por el alza de los costes energéticos. Hasta que concluyan esas conversaciones no se concretarán las medidas ni el calendario concreto para su tramitación. En Moncloa subrayan que la iniciativa busca afianzar apoyos y evitar sorpresas en la tramitación parlamentaria que puedan retrasar su implementación.

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La comparecencia posterior al Consejo de Ministros contó con la presencia de la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y de la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto al titular de Exteriores, José Manuel Albares. Desde la sala se transmitió la idea de que la situación internacional, marcada por la guerra en Oriente Próximo, obliga a una lectura conjunta con Bruselas. La comunicación oficial insiste en que las decisiones van a sostenerse en análisis técnicos y en la evaluación de riesgos para la estabilidad macroeconómica y las cuentas públicas. Los portavoces evitaron detallar cuantías o umbrales concretos que activarían las medidas.

El precedente que maneja el Gobierno es el paquete aprobado tras la invasión rusa de Ucrania, cuando las medidas económicas se articularon poco después del inicio del conflicto y con la inflación intermensual disparada hasta el 3%. Aquella experiencia sirve ahora como referencia para calibrar tiempos y tipos de intervención, según las fuentes consultadas. No obstante, el Ejecutivo insiste en que las condiciones actuales son distintas, tanto por la naturaleza del choque internacional como por la situación de los mercados financieros. En el Gobierno se muestran cautelosos ante la posibilidad de que una acción precipitada malcentre los instrumentos y eleve el coste fiscal sin obtener el efecto deseado.

Entre las opciones que se barajan figura la activación de medidas fiscales dirigidas a hogares vulnerables y a sectores industriales especialmente expuestos a los precios de la energía, así como la posible ampliación de programas de ayudas directas. Pero las decisiones definitivas dependerán de los sondeos parlamentarios y de los acuerdos que se puedan articular en la UE. Fuentes del Ejecutivo subrayan que la coordinación europea permitiría diseñar mecanismos más eficaces y, en su caso, compartir el esfuerzo presupuestario entre países. Por eso Moncloa opta por no precipitarse y por priorizar el encaje internacional de las propuestas.

La coyuntura política añade complejidad: los socios de Gobierno y distintas formaciones parlamentarias reclaman concreción y rapidez ante el encarecimiento de la energía, mientras que el equipo económico advierte de los límites presupuestarios. La ronda que inicia Bolaños intentará conciliar esas demandas con la necesaria prudencia fiscal, según explican en el Ejecutivo. La negociación con los agentes sociales también será clave para fijar el alcance de las medidas y su carácter temporal o estructural. El objetivo oficial es combinar eficacia social con sostenibilidad presupuestaria.

En el plano europeo, Madrid espera que las decisiones del Consejo del 19 y 20 de marzo marquen puntos de referencia claros que faciliten la acción coordinada. El Gobierno considera que acercar su hoja de ruta a las conclusiones del Consejo ayudará a legitimar las medidas y aumentará la probabilidad de apoyo parlamentario. Hasta entonces, Moncloa mantiene abiertas las opciones y prioriza los informes técnicos sobre evolución del IPC y el impacto sectorial. La agenda pública incluirá esta semana las reuniones con grupos y la comparecencia del presidente en el Congreso para explicar la estrategia general.

En los próximos días, la combinación de sondeos políticos, datos macroeconómicos y la dinámica en Bruselas fijará el calendario definitivo para el paquete antiinflación. Hasta que esa tramitación no avance, desde el Ejecutivo insisten en que cualquier decisión será fruto de la coordinación interna y europea, y no de reacciones puntuales al ruido de los mercados. La intención declarada es desplegar medidas efectivas que amortigüen el impacto sobre hogares y empresas sin hipotecar la estabilidad presupuestaria a medio plazo.