La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe fechado el 23 de febrero que existen indicios de que parte de los pagos abonados por la sociedad Estadio de La eurocopa/" title="Cartuja">Cartuja por las obras de adecuación del césped y las instalaciones en Sevilla, con motivo de la Eurocopa 2020, acabaron beneficiando a personas vinculadas a la red que investiga el caso Supercopa. Según el documento, los desembolsos y una cadena de facturas habrían permitido desviar fondos a empresas relacionadas con investigados en la pieza que instruye la jueza de Majadahonda. La investigación apunta a que estas operaciones se produjeron mientras Luis Rubiales era presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El informe policial describe un flujo de pagos que parte de Gruconsa, la constructora que facturó las obras, y continúa hacia la mercantil Dismatec Sport, controlada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’ y próximo a la cúpula federativa en aquel periodo. Desde esa empresa, según la UCO, se realizaron abonos que terminaron en el despacho GC Legal, vinculado al letrado Tomás González Cueto, quien ejercía como comisionado de Control Externo de la RFEF. La secuencia de transferencias y facturas es uno de los ejes de la pieza separada que investiga la procedencia y el destino de esos fondos.

Los agentes consignan en su escrito que las tareas de adaptación del estadio —incluidas mejoras en los tornos y la iluminación— generaron facturas por importe de 2.342.143 euros (IVA incluido) y otros conceptos por 122.434 euros adicionales, mientras que los trabajos para la sala de prensa y los vestuarios ascendieron a 896.799 euros. La UCO subraya que parte de estas obras comenzaron de forma efectiva antes de que se formalizara la adjudicación y también con anterioridad a que Sevilla quedara oficialmente confirmada como sede tras la renuncia de Bilbao. Ese solapamiento temporal alimenta las dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso.

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En el expediente de 227 páginas, la Guardia Civil apunta a «beneficios, aparentemente sin justificar» que habrían percibido las sociedades Dismatec y GC Legal a partir de los cobros que realizó Gruconsa por las obras. Los investigadores han cruzado comunicaciones, movimientos bancarios y documentación intervenida en registros para reconstruir la cadena de pagos y procurar rastrear las comisiones que se habrían distribuido entre las partes. La UCO considera que esos ingresos no guardan relación evidente con prestaciones profesionales justificadas.

La pieza en la que se incorporan estas diligencias forma parte del macroproceso que comenzó con la investigación por la organización de la Supercopa y otros contratos vinculados a la RFEF. La juez instructora, Delia Rodrigo, ha ido ampliando las pesquisas para determinar responsabilidades penales y posibles delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y, en su caso, blanqueo. Fuentes judiciales consultadas por la redacción señalan que los movimientos detectados por la UCO pueden abrir nuevas líneas de indagación sobre terceros que mediaron en las cesiones de contratos.

En paralelo a este hallazgo, el expediente recoge la relación de allegados y proveedores que trabajaron en proyectos vinculados a la selección y a sedes de competiciones. La UCO remarca que la concatenación de facturas y pagos recurrentes entre Gruconsa, Dismatec y GC Legal exige una explicación contractual y contable que, según los agentes, no ha quedado plasmada en la documentación disponible. La investigación busca ahora vincular de forma indubitada la recepción de esos fondos con la obtención de favores o privilegios en la adjudicación de los trabajos.

Hasta el momento no constan en el informe manifestaciones públicas de los implicados que desvirtúen las conclusiones provisionales de la UCO; fuentes jurídicas recuerdan que la existencia de indicios no equivale a una condena y subrayan el derecho a la defensa de los investigados. En los próximos pasos procesales, la instructora podrá reclamar información adicional a entidades bancarias, solicitar nuevas pruebas periciales y practicar declaraciones que clarifiquen la finalidad de esos abonos.

El hallazgo añade un nuevo capítulo a las pesquisas que rodean la gestión de contratos en la RFEF durante la presidencia de Rubiales y pone el foco en la generación de sobrecostes y en la posible utilización de empresas pantalla para canalizar retribuciones extra. La causa sigue su curso en sede judicial y cualquier avance relevante será incorporado al sumario a medida que los investigadores corroboren el origen y el destino final de los fondos detectados.