El Partido Popular registrará este miércoles, 11 de marzo de 2026, en el Congreso una Proposición no de Ley y presentará una moción en el Senado con un paquete de medidas económicas dirigido a atenuar los efectos del actual contexto internacional, marcado por el conflicto entre Irán e Israel y su escalada con Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, combina rebajas fiscales y reformas en el mercado energético para reducir la presión sobre hogares y empresas ante el encarecimiento de la energía y la inflación.

En el eje tributario, el PP propone elevar en un 10% el mínimo personal del IRPF, duplicar el mínimo por hijo y actualizar los tramos del impuesto, con incrementos de hasta un 10% en las rentas más bajas y del 3% en las más altas. La formación plantea además actualizar el resto de parámetros del impuesto alineándolos con la inflación de 2025. Según los cálculos del partido, las modificaciones arrojarían un ahorro medio de alrededor de 200 euros por contribuyente y alcanzarían a aproximadamente 16 millones de personas.

El coste fiscal de estas medidas se sitúa, siempre según las estimaciones del PP, en torno a los 3.200 millones de euros, con la afirmación de que cerca del 70% del beneficio recaería en las rentas medias. El texto trata de presentar una ayuda directa al poder adquisitivo que, para el partido, contribuiría a mitigar el impacto de la subida de precios derivada del conflicto internacional.

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En materia energética, la propuesta incluye la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), una medida que el PP sostiene permitiría abaratar la factura eléctrica entre un 3% y un 4%. El paquete incorpora asimismo bonificaciones en los peajes para empresas electrointensivas, la convocatoria de una subasta de cogeneración y la revisión de la retribución variable para 2026, con el objetivo de aliviar costes industriales y preservar competitividad.

El documento propone además cambiar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para aumentar las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos procedentes de los derechos de emisión de CO₂, en línea con la normativa europea. Complementariamente, se plantea una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, la elaboración de un Estatuto de la industria calorintensiva y la reducción de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico por encima de los niveles previos al apagón general del 28 de abril de 2025.

El PP comunicará el texto a los distintos grupos parlamentarios y al Gobierno para su análisis y negociación. La iniciativa está prevista para su debate y votación en el Senado la próxima semana, antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar sobre la situación económica, lo que abre un plazo corto para el acuerdo o el rechazo político.

Los responsables populares aseguran que, si las medidas energéticas se aplicaran durante un año, un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos podría ahorrar alrededor de 900 euros anuales. Esa estimación se suma al cálculo del impacto directo en la renta de los contribuyentes para construir el relato de una respuesta inmediata a la presión sobre las familias y la industria.

Analistas y grupos económicos, así como el propio Gobierno, contarán con los próximos días para evaluar la viabilidad presupuestaria y el alcance real de las propuestas. El carácter de Proposición no de Ley y la presentación paralela de una moción en la Cámara Alta convierten la iniciativa en un instrumento de presión política que busca condicionar el debate público sobre gasto, fiscalidad y política energética en un contexto de alta sensibilidad social.