El Ejecutivo central ha decidido ganar tiempo y posponer la concreción de un paquete de medidas contra el encarecimiento hasta conocer los pasos que adopte la Unión Europea, según fuentes gubernamentales. En los próximos días mantendrá una ronda de contactos parlamentarios liderada por Félix Bolaños para tantear apoyos y coordinar respuestas. La Moncloa aspira a alinear su hoja de ruta con las iniciativas comunitarias antes de llevar propuestas al Consejo de Ministros y el presidente Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para explicar la postura del Gobierno. El retraso responde, explican desde el Ejecutivo, tanto a la volatilidad de los mercados como a la necesidad de calibrar las medidas ante una posible subida de la inflación.

Fuentes del Gobierno señalan que la prioridad es conocer con mayor exactitud la variación del IPC para ajustar las herramientas, especialmente las fiscales, que se puedan activar. En la Moncloa consideran que los mecanismos coordinados a nivel europeo ofrecerán una respuesta más eficaz que actuaciones aisladas. Además, el Ejecutivo apunta a la inestabilidad de los mercados, que atribuye en parte a declaraciones internacionales recientes, como un factor que aconseja prudencia. Por ello, la agenda española queda marcada por la reunión del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo.

El equipo económico evita fijar de antemano un umbral concreto de inflación que dispare las medidas, si bien se toma como referencia la experiencia del paquete aprobado tras la invasión rusa de Ucrania. Entonces, recuerdan, las ayudas se llevaron al Consejo de Ministros un mes después del estallido del conflicto, cuando la inflación intermensual llegó a un 3%. Ese precedente sirve de guía para calibrar tiempos y contenidos, sobre todo en un escenario en el que los precios energéticos vuelven a presionar al alza.

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Hasta que concluya la ronda parlamentaria, las medidas no se concretarán, apuntan las mismas fuentes. Las conversaciones las encabezará el ministro de la junta-de-castilla-y-leon-critica-a-quien-dice-genero-la-despoblacion-durante-40-anos/" title="Presidencia">Presidencia por su responsabilidad en las relaciones con las Cortes, y otros miembros del gabinete ampliarán los contactos hasta incluir a los agentes sociales más afectados. El objetivo oficial es detectar qué iniciativas cuentan con mayor respaldo político y social para evitar el rechazo en el Congreso, que en la última ocasión dejó sin efecto parte del escudo social.

En la coalición, la formación Sumar insiste en recuperar medidas que expiraron tras el rechazo parlamentario anterior, como la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional y la ampliación del bono social eléctrico. La mayor parte del Gobierno evita comprometerse a rescatar íntegramente esas medidas y asegura que «se sacará lo que tenga mayor apoyo», en palabras de varios interlocutores. Ese pragmatismo busca conciliar las demandas de los socios con la voluntad de no cargar en exceso las cuentas públicas.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, compareció junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras el Consejo de Ministros para explicar la posición oficial. En la rueda de prensa insistieron en la necesidad de coordinarse con la UE y en la voluntad de que las medidas sean eficaces y sostenibles. También subrayaron que el Ejecutivo trabaja en diversas alternativas y que no se descarta ninguna herramienta, siempre que exista acuerdo suficiente en el Parlamento.

La presión internacional, con episodios de tensión como los vinculados a la guerra en Irán, y la subida de los precios energéticos han generado un entorno de incertidumbre que condiciona la toma de decisiones. Los responsables del Gobierno consideran que una respuesta conjunta europea puede minimizar impactos adversos y evitar medidas fragmentadas que resulten menos eficaces. Asimismo, en el Ejecutivo pesará la evaluación técnica de la evolución del IPC antes de activar medidas de calado fiscal o social.

Con la cita del Consejo Europeo a mediados de mes y la comparecencia de Sánchez en la Cámara programada, la estrategia del Gobierno combina cautela técnica y búsqueda de apoyos políticos. El calendario abierto servirá para medir la receptividad de los grupos y de los agentes sociales y, si procede, para diseñar un paquete compatible con las directrices comunitarias. Mientras tanto, la coalición y sus socios procuran limar diferencias para evitar nuevos desencuentros que retrasen aún más las respuestas frente al encarecimiento.