El Gobierno español ha manifestado su apoyo a la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para activar la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia y se ha comprometido a inyectar suministro en el mercado para contener la volatilidad provocada por la escalada bélica en Oriente Medio. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó en Madrid que España está dispuesta a aportar parte de sus stock nacionales en las próximas semanas como medida coordinada con otros países. La iniciativa busca suavizar los picos de precio y estabilizar el suministro mientras las tensiones internacionales siguen sin resolverse.

Según la información facilitada por el Ministerio, los almacenes españoles contienen actualmente el equivalente a 92 días de consumo interno, en torno a noventa millones de barriles, y el Ejecutivo ofrece liberar algo más de 12 días de ese volumen. Esa contribución supondría la puesta en el mercado de más de 11 millones de barriles, aproximadamente el 13,5% de las reservas disponibles, y el Gobierno dispone de un plazo de 90 días para ejecutar la medida. La oferta forma parte de una acción conjunta que busca maximizar el efecto estabilizador en un mercado ya tensionado.

La AIE planteó la intervención tras convocar una reunión de emergencia entre responsables energéticos por la incertidumbre que ha generado el conflicto en Oriente Medio. El organismo, dependiente de la OCDE, necesita el respaldo unánime de sus países miembros para activar el plan, por lo que la decisión final podría conocerse en las próximas horas. En su intervención, Aagesen defendió que una respuesta concertada es la vía más eficaz para reducir la volatilidad y proteger a los consumidores y a la industria española.

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La propuesta de la dirección de la AIE implica una movilización de recursos sin precedentes que, según Aagesen, más que duplicaría la acción llevada a cabo en 2022 como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Entonces se liberaron 182 millones de barriles de forma coordinada; la nueva iniciativa pretende superar esa cifra para contrarrestar las presiones sobre los precios. El ministerio insiste en que la medida es temporal y orientada a dar margen a los mercados mientras se recupera la normalidad en las rutas y en la oferta global.

El mecanismo propuesto por la AIE consiste en que cada país miembro aporte una porción de sus reservas estratégicas según su capacidad, con el objetivo de ejercer una presión conjunta sobre la oferta y la demanda. España ha fijado las condiciones de su contribución, incluyendo el calendario de liberación y la trazabilidad del crudo vertido al mercado, para asegurar que la acción tenga el efecto deseado. La coordinación logística y administrativa será clave en las semanas siguientes para que el suministro llegue con rapidez a las refinerías y estaciones donde se necesita.

Desde Moncloa se subraya la naturaleza transitoria de la medida y la prioridad por evitar que los costes energéticos deriven en un impacto mayor sobre la inflación y la competitividad empresarial. Fuentes del Ejecutivo señalan que la liberación de reservas es una herramienta de choque, no una solución estructural, y apelan a la necesidad de combinarla con políticas que impulsen la transición energética y reduzcan la dependencia externa a medio plazo. Al mismo tiempo, la decisión quiere enviar una señal de respaldo a los aliados internacionales y de solidaridad con los países consumidores más vulnerables.

Analistas consultados advierten, sin embargo, de que aunque una liberación coordinada puede moderar los precios a corto plazo, su efecto es limitado si persiste la incertidumbre geopolítica o si la capacidad de refinado y transporte se convierte en cuello de botella. También recuerdan que la magnitud del movimiento para ser eficaz depende del seguimiento por parte de grandes consumidores y exportadores; la unanimidad de la AIE, por tanto, resulta determinante para amplificar el impacto. En ese sentido, la respuesta de otros miembros, incluida la de Estados Unidos y de varios países europeos, marcará el alcance final de la intervención.

Mientras el debate continúa en foros internacionales, el Ejecutivo español mantiene su disposición a actuar y a coordinarse con la AIE y con socios europeos para minimizar las consecuencias económicas del conflicto. El ritmo de publicación de las decisiones y la ejecución práctica de las liberaciones serán factores a vigilar en los próximos días, cuando los mercados descuenten la nueva oferta y los gobiernos evalúen la necesidad de medidas complementarias. España, por su parte, ha dejado claro que contribuirá con una parte significativa de sus reservas si ello ayuda a estabilizar los mercados y a proteger a los consumidores.