La Guardia Civil investiga a tres personas por presunta extorsión y pertenencia a grupo criminal después de que un vecino de Ordes denunciara haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia a través de llamadas y mensajes. La operación, iniciada por el Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de Milladoiro, permitió identificar y localizar a los implicados, que residirían en las provincias de Barcelona, Toledo y A galiciauniversal.org/una-persona-evacuada-por-un-escape-de-gas-en-a-coruna/" title="Coruña">Coruña. El acoso telefónico y telemático llevó a la víctima a realizar pagos por temor a las represalias, que ascienden en total a 2.100 euros. Las diligencias se han entregado a la sección de guardia del Juzgado de Instancia de Ordes para su continuación judicial.

Los investigadores dieron por concluida la conocida como Operación Damani tras analizar las pruebas digitales aportadas por el denunciante y rastrear las comunicaciones que recibía en su terminal. Según fuentes de la investigación, el hostigamiento incluyó llamadas con amenazas explícitas y mensajes intimidatorios dirigidos no solo al denunciante, sino también a su entorno familiar inmediato. La secuencia de coacciones, sostienen los agentes, encaja en la tipología del llamado «timo del sicario», una estafa que se basa en infundir miedo para obtener dinero.

El afectado, acorralado por el temor a que las amenazas se cumplieran, realizó varias transferencias hasta alcanzar la cantidad estafada. Los pagos, realizados en distintos momentos y a través de canales que están siendo objeto de peritaje, facilitaron a la Guardia Civil la trazabilidad necesaria para seguir el rastro de la red. Los investigadores subrayan que la variabilidad de las vías de envío complica en ocasiones la labor policial, pero en este caso la huella electrónica fue suficiente para avanzar en la identificación.

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La operación policial puso de manifiesto el carácter deslocalizado del grupo: los presuntos autores coordinaban la actividad desde distintos puntos del país, lo que obligó a un trabajo conjunto y a un análisis pormenorizado de las evidencias digitales. Los tres investigados fueron plenamente identificados y localizados en las provincias de Barcelona, Toledo y A Coruña, informaron las mismas fuentes. La dispersión geográfica es, según la Guardia Civil, una de las principales dificultades en estos casos, que requieren cooperación entre unidades y, a menudo, medidas judiciales rápidas.

Los tres individuos afrontan ahora imputaciones por delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal, y las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instancia de Ordes, sección de guardia. En el proceso penal, los agentes aportaron los registros de comunicaciones y las pruebas acumuladas durante la investigación, que serán evaluadas por el juez y la fiscalía. La Fiscalía podría solicitar prudencialmente medidas cautelares mientras se completa la instrucción, dependiendo de la valoración del riesgo para la víctima y su familia.

Especialistas en cibercrimen advierten de que este tipo de estafa ha experimentado un repunte en los últimos años, con modalidades cada vez más sofisticadas que mezclan llamadas, mensajes y suplantación de identidad. El «timo del sicario» explota el terror psicológico y la urgencia, factores que empujan a las víctimas a pagar sin consultar o denunciar de inmediato. Por ello, las fuerzas de seguridad recomiendan conservar todas las comunicaciones y no efectuar transferencias bajo presión, ya que el registro de las pruebas suele ser clave para la investigación.

La Guardia Civil, a través del equipo de Milladoiro, recordó que la colaboración ciudadana es esencial y que hay canales oficiales para denunciar este tipo de delitos, tanto en comisarías como por vía telemática. La actuación rápida de la víctima al presentar la denuncia y facilitar acceso a los registros telefónicos y bancarios permitió en este caso seguir la pista de los presuntos autores. Los agentes recalcan igualmente la importancia de no responder a las amenazas y de cortar cualquier contacto con los extorsionadores para no facilitarles más elementos de rastreo.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han aportado por ahora más detalles sobre la identidad de los imputados ni sobre posibles detenciones, en aras de no perjudicar el procedimiento. Mientras tanto, la causa seguirá su curso en la vía judicial y la Guardia Civil mantiene la investigación sobre posibles implicaciones adicionales y sobre la red de comunicación empleada para las coacciones. Las víctimas de estafas similares en Galicia y el resto de España pueden dirigirse a las unidades especializadas en ciberdelincuencia para recibir asistencia y orientación.