En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó este miércoles importancia a las denuncias sobre problemas en la puesta en marcha de los tribunales de instancia y aseguró que las principales quejas proceden de comunidades-con-competencias-transferidas-y-minimiza-los-problemas/" title="comunidades con competencias transferidas">comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia. Tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el titular de Justicia dijo que la mayor parte de las incidencias son cuestiones menores que se resolverán en las próximas semanas. La comparecencia tuvo lugar después de que varias instancias judiciales remitieran informes al órgano de gobierno de los jueces alertando de dificultades operativas. Bolaños vinculó la aparición de problemas con la adaptación a la nueva organización judicial y la gestión autonómica de servicios.

En las últimas semanas, tribunales superiores de justicia, decanatos y colegios de abogados han remitido al Consejo General del Poder Judicial informes que recogen quejas sobre el funcionamiento cotidiano. Entre los problemas señalados figuran la dependencia de «equipos flotantes» de funcionarios que complican la continuidad de los asuntos, sedes judiciales dispersas que dificultan el acceso a los servicios comunes, e incidencias informáticas que afectan a la tramitación y convocatoria de actuaciones. Esos documentos advertían de que las dificultades organizativas están impactando en la agilidad de la actividad procesal en distintos partidos judiciales.

Bolaños defendió ante los medios que la entrada en vigor de los tribunales de instancia —la nueva estructura que agrupa a varios magistrados con servicios comunes— permite, a la vez, avanzar en la modernización del sistema y generar nuevas plazas. En ese contexto anunció la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una medida que le llevó a calificar la convocatoria de oposiciones como «histórica» y que forma parte de una oferta más amplia de puestos para la Administración de Justicia. El ministro subrayó que la reorganización facilita la movilidad y la concentración de recursos, aunque admitió que la transición exige ajustes.

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La reforma, impulsada por la ley de eficiencia que entró en vigor el pasado 2 de enero, sustituyó el modelo tradicional basado en un juez titular con plantilla fija por tribunales de instancia que comparten servicios comunes de apoyo. En la práctica, este cambio tiene la intención de racionalizar recursos y cubrir mejor la actividad procesal fluctuante, pero también ha implicado reordenamientos de sede, personal y sistemas informáticos. Los representantes del colectivo judicial han venido pidiendo planes concretos para garantizar que la prestación de servicios no se resienta durante la adaptación.

Fuentes judiciales consultadas por este diario explican que las quejas no son homogéneas: en algunas provincias los cambios se han implantado con relativa normalidad, mientras que en otras la combinación de sedes separadas, carencias de personal en determinados turnos y problemas técnicos han generado retrasos y malestar entre letrados y funcionarios. Los colegios de abogados han insistido en la necesidad de una coordinación efectiva para que los ciudadanos no perciban una merma en la eficacia del servicio público. Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que los inconvenientes son transitorios.

El ministro señaló que las críticas con más intensidad proceden de comunidades como Madrid o Andalucía, que ostentan competencias en materia de justicia, y dejó en manos de las administraciones autonómicas la gestión de aspectos operativos que dependen de ellas. En su intervención no negó la existencia de “incidencias” pero relegó su alcance a problemas técnicos y logísticos que, según su previsión, quedarán subsanados en semanas. La respuesta del Ejecutivo pretende así desactivar la preocupación pública mientras se consolidan los equipos y herramientas de trabajo.

Paralelamente a las explicaciones sobre la reorganización, el Gobierno ha convocado una amplia oferta de plazas para reforzar el servicio judicial: la incorporación de fiscales se suma a otra parte de la oferta de empleo público destinada a jueces y personal de apoyo. La estrategia del Ejecutivo combina la redistribución de recursos con la ampliación de plantillas para intentar absorber el incremento de carga y dotar de estabilidad a la nueva estructura. Los sindicatos y asociaciones profesionales seguirán vigilantes para verificar que estas medidas se traduzcan en mejoras reales.

El calendario que maneja el Ministerio apunta a que las correcciones de carácter organizativo y las actualizaciones tecnológicas se desplegarán en las próximas semanas, con reuniones periódicas entre la Administración central, las comunidades autónomas y los órganos judiciales afectados. Mientras tanto, la Administración de Justicia afronta el desafío de consolidar un modelo que pretende modernizar la gestión de los juzgados sin que la adaptación penalice la atención a los ciudadanos. La voluntad oficial es que, tras el ajuste inicial, la nueva arquitectura judicial redunde en mayor eficiencia y en una mejor cobertura de recursos por territorio.