La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de marzo de 2026 por no habilitar a los pequeños negocios para que puedan dejar fuera el IVA en sus facturas, una opción prevista en una directiva comunitaria. Bruselas considera que las medidas adoptadas por las autoridades españolas son insuficientes y ha pedido al tribunal que imponga sanciones económicas si confirma la infracción. La cuestión afecta a los profesionales y empresas con facturaciones por debajo del umbral que se ha venido tomando como referencia en la UE. El litigio pone de relieve el retraso en la transposición de la norma, pendiente desde enero de 2025.

El régimen especial al que obliga la directiva permite, en esencia, que quien factura por debajo de un determinado umbral no repercuta el impuesto al cliente ni lo ingrese a Hacienda, lo que reduce trámites administrativos y alivia tensiones de tesorería para actividades de pequeño volumen. España ha venido considerando el citado límite de 85.000 euros de facturación anual como referencia, aunque el texto comunitario autoriza a los Estados miembros a fijar umbrales inferiores si lo estiman oportuno. Varios países europeos han optado por cifras notablemente más bajas, lo que ha alimentado la comparación y la presión sobre las autoridades españolas.

Según los datos de la Agencia Tributaria, en España hay alrededor de 2,5 millones de declarantes —autónomos y empresas— con facturaciones por debajo de ese nivel, lo que sitúa el alcance potencial de la medida en un segmento amplio del tejido productivo. La organización ATA presentó una reclamación ante las instituciones europeas en diciembre de 2025 y estima que cerca de medio millón de trabajadores por cuenta propia podrían interesarse en acogerse al régimen de exclusión del IVA. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha valorado la iniciativa de Bruselas como una reclamación de igualdad de trato respecto a otros países de la Unión y subraya el impacto práctico que tendría para los autónomos.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Desde la asociación se ha señalado que la exención podría suponer un ahorro en costes administrativos y en cargas financieras coyunturales; en su estimación más habitual, los autónomos podrían llegar a ahorrarse hasta 600 euros anuales en trámites y obligaciones vinculadas al impuesto. El argumento central de quienes reclaman la medida es que la obligación de repercutir y luego ingresar el IVA genera trabajo contable adicional y puede provocar desajustes de liquidez, especialmente en sectores con márgenes reducidos. Para el Estado, sin embargo, una medida así también plantea desafíos en materia de control y recaudación.

La Comisión considera que España no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que los contribuyentes puedan optar por ese régimen especial, por lo que ha decidido activar el procedimiento judicial comunitario. En el escrito remitido a Luxemburgo, Bruselas solicita que se declare el incumplimiento y, en su caso, que se impongan penalidades financieras hasta que Madrid se adecúe a la obligación de la directiva. La apertura del expediente es un paso habitual cuando la Comisión estima que un Estado miembro no ha cumplido sus compromisos normativos.

El Ejecutivo español lleva más de un año con la obligación de transponer la directiva al ordenamiento interno, pero las negociaciones y el diseño del régimen han quedado estancados en el ámbito político y técnico. Entre las alternativas que se han barajado en Hacienda figuraba la supresión de la obligación de franquiciar el impuesto para los más pequeños o la creación de trámites simplificados que reduzcan la carga administrativa sin eliminar por completo la repercusión del IVA. Fuentes próximas al departamento fiscal reconocen la complejidad de conciliar control fiscal y alivio administrativo para pymes y autónomos.

El caso se enmarca en un debate europeo más amplio sobre cómo adaptar la fiscalidad indirecta a economías cada vez más atomizadas, con una gran proporción de profesionales por cuenta propia. Estados como Alemania, Finlandia, Suecia, Portugal, Grecia o Chipre han optado por umbrales distintos, algunos sensiblemente más bajos, lo que revela la diversidad de opciones que permite la directiva. Para la Comisión, garantizar que las normas comunitarias se apliquen de forma efectiva es clave para evitar desigualdades entre Estados miembros y distorsiones en el mercado único.

Hasta el momento no ha trascendido una reacción oficial de Moncloa o del Ministerio de Hacienda al anuncio de la Comisión, aunque fuentes del Gobierno indican que seguirán el procedimiento y valorarán las alegaciones que se puedan presentar ante el tribunal. El recurso ante el TJUE abre un plazo de litigio en el que España podrá defender su posición, pero también incrementa la presión para cerrar cuanto antes la transposición. En caso de que el tribunal estime que hubo incumplimiento, la imposición de sanciones económicas podría forzar cambios legislativos en los próximos meses.