En la segunda jornada del juicio por el caso conocido como la «casa de los horrores» de Fitoria, celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Oviedo, los peritos dictaminaron que los dos adultos procesados no padecen trastorno mental grave y que no existen indicios de maltrato físico hacia los tres menores que permanecieron casi cuatro años recluidos en el chalé. Los expertos situaron el problema principal en las consecuencias del aislamiento: un retraso en el desarrollo social y académico de los niños por la falta de escolarización y la ausencia de relaciones fuera del hogar. La defensa sostiene que el encierro fue fruto del miedo a la pandemia y de las secuelas del covid prolongado que afectaron a los progenitores, mientras que los peritos recomiendan una vuelta paulatina de los menores con apoyo profesional. El juicio continúa con la vista puesta en la evaluación psicológica y social que deberá marcar el posible retorno de los niños a su entorno familiar.

Los especialistas que comparecieron ante la Audiencia coincidieron en descartar enfermedades mentales graves en los acusados y en subrayar que, aunque los menores presentan importantes carencias formativas y dificultades de socialización, no se aprecian lesiones físicas derivadas de malos tratos. Los informes presentados en la sala inciden en la necesidad de una intervención asistida y progresiva que incluya seguimiento psicológico, atención psiquiátrica y mediación de los servicios sociales para asegurar la adaptación de los niños si se opta por la reunificación familiar. Los peritos advirtieron además de que la recuperación será un proceso lento, condicionado por la respuesta de los menores a las terapias y por la capacidad de los padres para asumir los cambios.

El catedrático que evaluó a los progenitores, Julio Bobes, declaró ante el tribunal que los acusados no muestran un cuadro psicopatológico severo que impidiera su responsabilidad parental, y apuntó a secuelas condicionadas por haber padecido covid en dos ocasiones. Según su informe, los adultos conservan manifestaciones de covid persistente —como pérdida del olfato, alteraciones del gusto, cierta torpeza motora, enlentecimiento psicomotor y falta de iniciativa— que, unidas al temor a nuevos contagios, les llevaron a una progresiva retirada social. Esa dinámica contribuyó al encierro y a la incapacidad para normalizar trámites administrativos y aspectos cotidianos de la vida en España.

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Los peritos explicaron que el fenómeno observado en el chalé no encaja exactamente en un síndrome de Diógenes clásico, sino que responde a una acumulación secundaria ligada al prolongado aislamiento y la inactividad familiar. La acumulación de objetos y la falta de orden fueron interpretadas como consecuencias del encierro y de la falta de rutinas sociales, más que como una patología primaria. En la vista también se puso de manifiesto que la familia no llegó a regularizar completamente su situación en el municipio, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad y el miedo a la intervención externa.

En la defensa de los acusados, el letrado de la madre, Javier Muñoz, sostuvo ante la Audiencia que el matrimonio actuó movido por el pánico ante la pandemia y por la persistencia de síntomas postcovid que minaron su capacidad de gestión. La explicación aportada por la defensa añade que el temor a la policía o a problemas legales derivó en un retraimiento que se fue agravando con el tiempo, hasta culminar en el caso que ahora juzga la Justicia. Los abogados plantearon la posibilidad de que la mejor solución para los menores sea una reintegración controlada y supervisada, en lugar de una separación definitiva.

Los peritos detallaron asimismo el estado de los niños: sufren un retraso evidente en el aprendizaje y en las habilidades sociales por no haber recibido escolarización durante años, pero no presentan alteraciones físicas que respondan a malos tratos. Los especialistas remarcaron la importancia de abordar primero las necesidades educativas y emocionales de los menores para evitar daños adicionales derivados de decisiones improvisadas. En sala se insistió en que cualquier proceso de reunificación debe diseñarse con fases claras, objetivos terapéuticos y controles periódicos por parte de servicios públicos.

La comparecencia de los expertos añadió una nueva lectura al proceso judicial, que hasta ahora había girado en torno a la acusación de privación de libertad y presunto maltrato. La versión técnica aportada por los peritos introduce la posibilidad de que la responsabilidad penal conviva con la necesidad de medidas sociales y sanitarias destinadas a la reparación del daño y a la protección de los menores. Fuentes próximas al procedimiento recuerdan que la decisión final corresponderá al tribunal, que debe valorar tanto las pruebas de la acusación como los informes periciales y las propuestas de intervención.

El juicio, seguido con atención por la opinión pública, seguirá aportando diligencias y testimonios que marcarán el futuro de los tres hijos y de sus progenitores. Mientras tanto, los forenses y equipos psicosociales reclaman coordinación entre las administraciones para garantizar que, si se autoriza la vuelta de los niños a la casa de Fitoria, exista un plan de acompañamiento riguroso que minimice riesgos y favorezca la reconstrucción de la vida familiar.