El ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, ha generado una controversia nacional al suspender la entrega del Premio Nacional a los Libreros prevista para el 19 de marzo en la Feria del Libro de Leipzig, tras identificar entre los nominados a varias librerías que, según informes de los servicios de inteligencia, podrían incurrir en activismo de signo izquierdista. La decisión, anunciada esta semana desde Berlín, se tomó después de que el ministerio asegurara haber detectado indicios en expedientes del Ministerio del Interior que apuntan a una supuesta cercanía ideológica de esos establecimientos. La cancelación ha encendido críticas en el mundo de la cultura y alimenta el debate sobre la vigilancia política de espacios culturales. La medida ha dejado además sin acto público a unos premios que reconocen el trabajo de pequeñas librerías independientes en toda Alemania.

Los libreros señalados por el ministerio son tres establecimientos independientes: ‘Golden Shop’ en Bremen, ‘Rote Strasse’ en Göttingen y ‘Zur schwankenden Weltkugel’ en Berlín. El galardón, que reparte dotaciones que van de 7.000 a 25.000 euros según la categoría, es designado por un jurado independiente entre ciento dieciocho librerías y busca premiar la labor editorial y comercial de pequeños comercios. Weimer explicó que la presencia de esos libreros en Leipzig podría ser, a su juicio, «perjudicial», y por ello decidió suprimir el acto público, aunque el ministerio comunicó que las cantidades económicas previstas se harán efectivas por vías administrativas alternativas.

La utilización de informes de los servicios secretos para fundamentar la decisión ha provocado un rechazo inmediato en el sector cultural. La Federación Europea e Internacional de Libreros emitió una protesta formal por lo que consideró una intromisión política en la vida cultural y una forma de censura indirecta. Paralelamente, el propio jurado del premio se ha desvinculado de la decisión del ministro, subrayando que la selección de los nominados responde a criterios independientes y profesionales.

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Las sospechas concretas que maneja el ministerio incluyen, según medios alemanes, una acusación de vínculos distantes con la histórica Fracción del Ejército Rojo (RAF) en el caso de una de las librerías, y la existencia de pintadas contra la policía en la fachada de otra, hechos que el diario Süddeutsche Zeitung apunta como no recientes. Los críticos sostienen que se trata de elementos insuficientes para privar a los libreros de su reconocimiento público y que la apelación a la seguridad para justificar la decisión puede abrir la puerta a arbitrariedades. Los libreros afectados aún no han sido objeto de imputaciones judiciales, pero su reputación ha quedado en el centro del debate público.

La supresión del acto en Leipzig no solo priva a los premiados de la visibilidad que aporta la Feria, la segunda más importante de Alemania tras Fráncfort, sino que también afecta a la presencia de pequeñas editoriales y librerías que consideran la feria una plataforma esencial para su actividad. Desde el ministerio, además, señalaron que la entrega del importe se gestionará «por otros canales», sin detallar el procedimiento, lo que algunos receptores interpretan como un alivio económico insuficiente frente al coste reputacional. La organización de la Feria ha mostrado su sorpresa y preocupación por la decisión ministerial, según fuentes cercanas al evento.

Este escándalo se suma a la polémica previa que rodeó al propio Weimer desde comienzos de año, cuando sus presiones sobre la dirección de la Berlinale desataron la movilización del mundo del cine nacional e internacional. La controversia en el festival cobró impulso tras críticas a la supuesta neutralidad impuesta en torno al genocidio en Gaza y comentarios del presidente del jurado, Wim Wenders, que algunos interpretaron como una invitación a que los cineastas no se pronunciasen. La acumulación de tensiones ha convertido al ministerio en un foco de debate sobre la gestión política de la cultura.

El perfil político de Weimer, miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), introduce una dimensión partidista en la polémica, en un momento en que su partido está liderado por el canciller Friedrich Merz. Los opositores y diversas asociaciones civiles han reclamado explicaciones sobre los criterios que condujeron a recurrir a informes de inteligencia para decisiones culturales y advierten del riesgo de que el Estado limite espacios de expresión ideológica legítima. Desde la CDU, en cambio, algunos portavoces han respaldado la prudencia del ministro y la necesidad de garantizar la seguridad y la convivencia democrática.

En las próximas semanas se esperan gestos por parte del jurado, la Federación de Libreros y agentes culturales para exigir transparencia y salvaguardar la independencia de los premios. También podrían producirse recursos administrativos o peticiones de investigación sobre cómo se utilizaron los informes oficiales en esta decisión. Más allá de las posibles vías legales, la controversia plantea una cuestión más amplia sobre la autonomía cultural en Alemania y el equilibrio entre la seguridad estatal y la libertad de expresión en espacios públicos como las librerías y las ferias del libro.