El letrado José Duarte afirmó este miércoles en Hornachos que los dos hermanos, que viven cerca de la desaparecida Francisca Cadenas, han sido citados como investigados «por un presunto delito de homicidio» en la nueva fase del caso. La declaración del abogado, hecha el 11 de marzo de 2026, se apoya en la citación judicial recibida por sus defensados y en el cambio de su condición procesal. Duarte subrayó que esa calificación figura en el auto que ha llegado a la defensa y que no se trata de una interpretación personal. La comparecencia tuvo lugar en la localidad pacense donde residen los investigados.

Según explicó el abogado ante los medios, la calificación como investigados por homicidio resulta de la propia terminología empleada en la citación y en el procedimiento abierto, y no de una etiqueta periodística. Duarte insistió en que la figura jurídica de «desaparición de alto riesgo» no existe en el Código Penal, por lo que, a su juicio, el cambio de estatus procesal implica necesariamente la existencia de una hipótesis delictiva concreta. El letrado precisó que la nueva imputación es la que figura en el documento que han recibido y de la que ya informaron al juzgado.

La defensa recordó que los hermanos fueron interrogados en 2017 como testigos tras la desaparición de la mujer, y que en aquel momento colaboraron con la investigación permitiendo la entrada en su domicilio en dos ocasiones y consintiendo un registro por parte de la Guardia Civil. Duarte señaló que el paso de testigos a investigados en 2026 ha sorprendido tanto a la familia como al propio equipo de defensa, que no comprende todavía las razones concretas del giro procesal. La evolución del caso en casi una década, agregó, hace que esta nueva fase sea especialmente relevante para la defensa técnica.

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El abogado insistió en que el principal obstáculo para preparar la defensa es el secreto de sumario que pesa sobre la causa, tramitada en el juzgado de Villafranca de los Barros. Por ello, los letrados han solicitado formalmente el levantamiento del secreto para poder acceder a las diligencias que motivaron el cambio de calificación. Duarte explicó que, sin esa información, es imposible saber con exactitud qué pruebas o indicios han llevado al juez a imputar ese tipo penal a sus clientes.

Además de pedir la apertura del sumario, la defensa reclama que se practique un «registro exhaustivo» de las propiedades y pertenencias de los dos hermanos para descartar cualquier implicación. Según el abogado, esta petición responde a la necesidad de agotar todas las vías probatorias que permitan demostrar la inocencia de sus defendidos o, en su caso, clarificar su situación en el proceso. Duarte trasladó la voluntad de colaborar con la investigación siempre dentro del respeto a las garantías procesales.

Fuentes judiciales consultadas recuerdan que el cambio de condición procesal de una persona —de testigo a investigado— suele requerir indicios suficientes para plantear una posible imputación penal, algo que en este caso se ha producido tras años de instrucción. No obstante, la fiscalía y el propio juzgado, por el momento, mantienen el secreto de sumario, por lo que ni las acusaciones concretas ni las pruebas que han motivado el procesamiento se han hecho públicas. Esa opacidad alimenta la incertidumbre en la localidad donde se originó la investigación.

La desaparición de Francisca Cadenas es un asunto que ha marcado a la comunidad desde que se denunciara en 2017, y la reapertura o el avance de diligencias ahora reactivan la atención sobre una causa que ha permanecido latente durante años. Familiares y vecinos siguen atentos a las noticias judiciales, que hasta ahora se han limitado a las escasas comunicaciones oficiales y a las declaraciones de los abogados. La Guardia Civil sigue siendo la encargada de la investigación operativa bajo la coordinación del juzgado competente.

El futuro inmediato de la causa dependerá de las decisiones que adopte el juzgado de Villafranca de los Barros respecto al secretismo y de las pruebas que el instructor estime pertinentes practicar. La defensa ha anunciado que vigilará el cumplimiento de las garantías procesales y seguirá solicitando las diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la noticia de la investigación por un presunto homicidio ha puesto de nuevo el foco en un caso que la comunidad entiende aún sin resolver.