El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha requerido de nuevo a la Conselleria de Emergencias, dirigida por Juan Carlos Valderrama, que entregue documentación que le fue solicitada en octubre y noviembre de 2025 y que aún no ha remitido. La letrada de la administración de justicia (LAJ) ha dictado hoy una diligencia de ordenación para recordar el cumplimiento de aquellos oficios, en el marco de la investigación sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 que se saldó con 230 fallecimientos. Entre los documentos reclamados figuran los dossiers diarios encargados a Auditmedia y los informes que acreditarían las actuaciones preventivas comunicadas durante la alerta roja.

En la diligencia, la LAJ deja constancia de que no se recibió contestación a los oficios emitidos el 13 de octubre de 2025 y el 11 de noviembre de 2025, por lo que se ha ordenado oficiar de nuevo para instar a la conselleria a suministrar la información. El requerimiento tiene por objeto completar la instrucción que dirige el juez en Catarroja y verificar si las recomendaciones y protocolos activados ante la predicción de la borrasca fueron comunicados y ejecutados. La ausencia de respuesta administrativa prolonga la fase previa de investigación y obliga al tribunal a insistir en la documentación básica.

La Conselleria debe remitir, en concreto, las copias de los dossiers diarios elaborados por Auditmedia correspondientes a los días 28 y 29 de octubre de 2024, así como cualquier informe o registro que acredite las medidas de preparación y prevención adoptadas tras la declaración de la alerta roja. Esos papeles son considerados por la investigación elementos clave para determinar la cronología de avisos, decisiones y actuaciones durante la jornada más crítica de la tragedia. El tribunal entiende que su acceso resulta imprescindible para contrastar versiones y evaluar posibles responsabilidades.

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La causa que instruye el Tribunal de Instancia 3 sigue acumulando actuaciones y testificales: la investigación sobre la DANA continúa con declaraciones intermitentes y el calendario procesal contempla la reanudación de los testimonios a partir del 23 de marzo. La recopilación de pruebas documentales se entiende esencial para que las comparecencias contribuyan a esclarecer qué protocolos se activaron y cómo se gestionó la emergencia. Los letrados y familiares de las víctimas siguen muy pendientes del avance de la instrucción y de la llegada de estas pruebas al juzgado.

El requerimiento llega además en un momento de relevo en el departamento de Emergencias. El 27 de febrero fueron relevados la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, y el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, cargos que asumían responsabilidades durante el periodo investigado. Ambos puestos fueron ocupados por Fernando Lasheras Herrero, excomisario de la Policía Local de València, y por Miriam Gil Pascual, ingeniera informática con un doctorado por la Universitat de València, en una reestructuración que la conselleria explicó como una renovación organizativa.

La salida de Raúl Quílez se produjo poco después de que prestara declaración como testigo en la causa; su dimisión se formalizó una semana tras su comparecencia. Quílez, que figura en el expediente como técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, también ocupó el cargo de director gerente de la Sgise entre julio de 2024 y mayo de 2025, circunstancia por la que fue citado para explicar su gestión en ese periodo. Su testimonio y la documentación solicitada por el tribunal están llamados a clarificar el papel de las distintas estructuras administrativas durante la emergencia.

La reiteración del juzgado subraya la tensión entre las necesidades de la instrucción judicial y la respuesta administrativa de la Generalitat Valenciana. La falta de aportación inmediata de los documentos reclamados alimenta la preocupación de que la investigación pueda encontrar trabas en el acceso a pruebas esenciales. Fuentes judiciales consultadas sostienen que el objetivo es tener una radiografía completa de las decisiones previas y de los recursos movilizados en la alerta roja para poder establecer, con evidencia, si existió negligencia o deficiencias en la coordinación.

Fuentes de la conselleria no han ofrecido por ahora una versión pública sobre el nuevo requerimiento ni han fijado plazos para la remisión de los dossiers y los informes pedidos por el juez. Si la documentación no llega tras este nuevo oficio, el tribunal dispone de herramientas procesales adicionales para asegurar su obtención. Mientras tanto, la instrucción seguirá su curso con la previsión de reanudar las declaraciones el 23 de marzo y con la expectativa de que la documentación solicitada aporte luz sobre una de las catástrofes meteorológicas más graves de la reciente historia de la Comunitat Valenciana.