La Valedora del Pueblo, Dolores Fernández Galiño, reclamó el pasado 11 de marzo al Concello de Ribadeo que facilite al grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) la documentación solicitada sobre las obras de reforma del hospital-asilo San Sebastián y San Lázaro, cuya información había sido denegada por el gobierno local. El escrito oficial exige que se entregue la parte de los expedientes que no requiere elaboración previa y critica la falta de motivación en la resolución que rechazó la petición. La reclamación llega tras la protesta del BNG por la negativa del equipo de gobierno del PP a facilitar detalles sobre la ejecución de los trabajos, precintados desde hace dos semanas. El organismo autonómico centra su requerimiento en la obligación de transparencia y acceso a la información por parte de las administraciones públicas.

En su respuesta inicial, el secretario municipal alegó que la mayoría de los documentos solicitados eran «informes ad hoc», es decir, documentos que deberían elaborarse expresamente para atender las preguntas planteadas por los nacionalistas, y por ello no podían entregarse. Fernández Galiño reconoce en su escrito que la normativa permite en determinados supuestos denegar la entrega de documentos que supongan una elaboración nueva, pero precisa que esa excepcionabilidad no se extiende a la totalidad de la documentación requerida. La Valedora subraya que existe una amplia parte de expedientes que están ya formalizados y accesibles sin necesidad de un tratamiento adicional.

El órgano fiscalizador añade además que cualquier resolución que aplique una causa de inadmisión debe motivarse de forma adecuada y explicitarse en la contestación a la solicitud de información, algo que, según su investigación preliminar, no ocurrió en este caso. Esa falta de motivación deja al descubierto, en opinión de la Valedora, una carencia de transparencia en la gestión del Concello que dificulta el control de la actuación municipal por parte de la oposición y de la ciudadanía. Por ello insta al gobierno local a revisar su respuesta y a facilitar la documentación que no exige elaboración previa.

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Desde el BNG local, su portavoz, Martín Graña, valoró positivamente la intervención de la Valedora y reclamó de nuevo el expediente completo sobre la obra, incluidos contratos, certificaciones de obra, informes técnicos y las actas de control que expliquen el precinto decretado. Graña insistió en que el acceso a la información «no es un favor del alcalde ni de su gobierno, sino un derecho democrático fundamental» para garantizar el control del gasto público y la defensa de los intereses de los vecinos. El portavoz también mostró su extrañeza por la reticencia del ejecutivo municipal y advirtió que la persistencia en la opacidad alimenta la sospecha de que se intenta ocultar información relevante.

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, ofreció una lectura distinta y afirmó que, en su opinión, la actuación de la Valedora no respalda completamente las reclamaciones del BNG. Vega aseguró que el Concello ya tiene a disposición «toda la información solicitada» en los registros y en las cuentas de la alcaldía, aunque admitió una discrepancia sobre el formato en que la oposición desea recibirla, ya que esta pedía resúmenes y compilaciones concretas. El regidor mantiene que la administración local ha colaborado y que las limitaciones alegadas obedecen a criterios formales sobre la preparación de documentos. El choque de interpretaciones sitúa ahora la decisión en manos de la propia Valedora y, eventualmente, de los mecanismos administrativos de inspección.

El conflicto se enmarca en una obra que desde hace semanas permanece precintada, circunstancia que ha aumentado la inquietud entre vecinos y grupos políticos sobre su ejecución, su coste y el cumplimiento de los procedimientos. El BNG incluyó entre sus peticiones explicaciones sobre los motivos del cierre temporal de las obras y la documentación contractual que respalde los trabajos realizados hasta la fecha. La ausencia de datos detallados ha alimentado la sensación de opacidad en un proyecto con fuerte impacto social por tratarse de un centro histórico de atención a personas mayores.

La intervención de la Valedora del Pueblo es la vía administrativa habitual en reclamaciones de acceso a la información ante conflictos entre oposición y gobiernos municipales en Galicia, y su pronunciamiento no obliga de forma inmediata a la entrega, aunque sí supone un acicate para que el Concello aclare su postura. Si el Consistorio no rectifica, la actuación podría continuar con requerimientos adicionales o con la consideración de la queja para dictámenes más vinculantes. En cualquier caso, la resolución exigida por la Valedora debe detallar qué documentos se niegan y por qué, según el propio organismo.

A corto plazo, el BNG ha anunciado que volverá a solicitar formalmente toda la documentación sobre la ejecución de las obras y que seguirá vigilante a la evolución del expediente del hospital-asilo. La Relación entre el Ayuntamiento y la oposición, así como la respuesta final de la administración autonómica, marcarán los siguientes pasos en un asunto que sigue generando debate en Ribadeo y que pone de manifiesto las tensiones sobre transparencia y control del gasto público en la gestión local.