Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, anunció este miércoles que ordenará una revisión de «todo aquello que resulte sospechoso» en los proyectos vinculados a la empresa Forestalia en la comunidad, tras la aparición de indicios relacionados con el caso investigado por la Guardia Civil. La decisión se produjo en Zaragoza durante un acto público celebrado el 11 de marzo de 2026, y Azcón vinculó su iniciativa a la preocupación por un presunto escándalo con origen en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El líder del PP autonómico dijo además que el partido está dispuesto a apoyar la reapertura de la comisión de investigación sobre renovables en las Cortes de Aragón. Por su parte, la portavoz del gobierno regional rechazó la realización de una auditoría administrativa interna que pudiera interferir con la investigación policial en curso.
Azcón reclamó explicaciones y medidas tras el avance de la operación Perserte de la Guardia Civil, que, según el presidente en funciones, apunta a proyectos aprobados durante la presidencia de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo autonómico centró sus críticas en el Ministerio, al que responsabiliza de irregularidades que habrían afectado a decisiones relacionadas con energías renovables. No obstante, el mandatario no concretó en voz alta si la Administración de la Comunidad mantendrá la misma relación con Forestalia ni cómo afectarán las pesquisas a dos iniciativas estratégicas en Aragón vinculadas a la compañía.
El presidente subrayó la disposición del Gobierno aragonés y de las Cortes a colaborar con la Guardia Civil y la Justicia para esclarecer los hechos y defendió que el PP fue quien impulsó inicialmente la investigación parlamentaria sobre renovables. Azcón sostuvo que, en caso de que nuevos datos justifiquen la reapertura de la comisión, su partido respaldará esa medida en las Cortes. Con tono crítico hacia el Ejecutivo central, pidió responsabilidades políticas y planteó la conveniencia de depurarlas si se confirman irregularidades administrativas o penales.
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Conoce más →Mar Vaquero, portavoz del Ejecutivo autonómico, fue más categórica al descartar una auditoría del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), al entender que una intervención de ese tipo se solaparía con la investigación policial en marcha. Vaquero defendió la necesidad de preservar el trabajo de los agentes y evitar duplicidades que puedan entorpecer el esclarecimiento de los hechos. La portavoz recalcó que la colaboración institucional con las fuerzas de seguridad seguirá siendo estrecha mientras se desarrollan las diligencias.
Entre los proyectos cuya continuidad se debate figura el suministro energético previsto por Forestalia para la futura gigafactoría de Stellantis y el denominado proyecto Búfalo, destinado a alimentar centros de datos. Esos contratos se han presentado como estratégicos para la economía aragonesa y han generado expectativas sobre inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, la investigación y la incertidumbre política han generado dudas sobre la viabilidad y el calendario de esas actuaciones, ya que Azcón no precisó si habrá cambios en los permisos, convenios o calendarios administrativos vinculados a esos planes.
El presidente aragonés reclamó además una «reflexión» en el seno del Miteco y pidió dimisiones si se confirma la implicación de cargos públicos en irregularidades. Hizo alusión a la existencia de funcionarios cuya permanencia en determinados puestos, dijo, habría facilitado presuntas prácticas irregulares, incluyendo operaciones societarias que deberían ser investigadas, siempre en términos de presunción hasta que la Justicia determine responsabilidades. Azcón insistió en que su objetivo es que se conozca la verdad sobre lo ocurrido bajo gobiernos anteriores.
En el plano político, la controversia refuerza la presión sobre el Gobierno central y abre un nuevo frente en la agenda autonómica, donde el PP asume la presidencia y la dirección de las Cortes. La posibilidad de reabrir la comisión de investigación sobre renovables sitúa a Forestalia en el centro del debate público regional y nacional, y obliga a los grupos parlamentarios a definir su postura ante la combinación de intereses empresariales, proyectos industriales y escrutinio judicial. La repercusión mediática y política obliga a todas las partes a marcar posición con prudencia.
El desenlace de la investigación y las decisiones administrativas que adopte el Gobierno de Aragón marcarán el futuro inmediato de las actuaciones de Forestalia en la comunidad. Por ahora, Azcón ha dejado claro que actuará con la premisa de perseguir cualquier indicio de irregularidad, mientras la portavoz autonómica aboga por respetar el cauce judicial y evitar medidas internas que pudieran interferir en la instrucción. Los próximos pasos, incluida la evaluación de la comisión parlamentaria, serán seguidos con atención por empresas, autoridades y sindicatos implicados en los proyectos energéticos.
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