En el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro, Madrid conmemoró este miércoles el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 con un acto en el que las asociaciones de víctimas centraron sus reproches en la gestión del Gobierno y del Ministerio del Interior. Las presidentas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo denunciaron lo que consideran una relajación penitenciaria que, a su juicio, perjudica la memoria de las 193 víctimas. Al mismo tiempo, el presidente del Ejecutivo participó en la inauguración de una cumbre contra el odio donde pidió combatir la polarización como homenaje a las víctimas.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, reprochó al ministro del Interior que hubiera ofrecido garantías a las víctimas sobre el traslado restringido de presos de ETA y que, según dijo, esas promesas no se han cumplido. Araluce aseguró que se había informado a las víctimas de que no se acercaría a más de una quincena, pero que finalmente se ha procedido a trasladar a “la mayoría”. La dirigente reclamó, de nuevo, aplicaciones penales más estrictas y transparencia en las decisiones que afectan a los reclusos con delitos de terrorismo.

La presidenta de honor de la AVT, María Ángeles Pedraza, madre de una de las personas asesinadas en los atentados, fue especialmente dura con el Ejecutivo y con la gestión del Ministerio, a los que acusó de favorecer el repliegue de responsabilidades políticas respecto a los herederos del brazo institucional de ETA. Pedraza citó movimientos penitenciarios recientes, entre ellos el régimen de semilibertad concedido a uno de los antiguos jefes de ETA, como muestra de una política que coloca a las víctimas en segundo plano. Sus críticas subrayaron la fractura entre las asociaciones de afectados y las decisiones del Gobierno en materia de justicia y reinserción.

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En su intervención, Araluce reclamó que las penas se cumplan con rigor y que cualquier flexibilización del régimen penitenciario se haga con respeto a las familias de las víctimas y con criterios de transparencia. Recordó que la reparación moral pasa por una política criminal que no dé sensación de impunidad ni de exceso de concesiones. La presidenta de la AVT pidió también medidas claras para garantizar la seguridad y la dignidad de los afectados por el terrorismo.

El acto contó con la presencia de representantes políticos de distinto signo, entre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. Las autoridades y asociaciones depositaron una corona de laurel mientras los campanarios de las iglesias de Madrid repicaban en recuerdo de las víctimas. También acudieron al homenaje diputados y concejales, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que asistió al acto oficial.

De forma paralela, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió en la Galería de las Colecciones Reales la primera Cumbre Internacional contra el Odio y dedicó parte de su intervención a rememorar a las 193 personas fallecidas hace 22 años. Sánchez vinculó la lucha contra los discursos de odio y la polarización con la mejor forma de honrar a las víctimas, y abogó por estrategias públicas que prevengan la radicalización y protejan la convivencia. Su intervención buscó situar la conmemoración en un contexto más amplio de defensa de los valores democráticos.

La jornada dejó patente la tensión entre las reclamaciones de las asociaciones de víctimas y la posición del Gobierno, que ha defendido sus políticas penitenciarias como parte de un marco legal y de reinserción. La polémica por los traslados y la aplicación de regímenes de semilibertad ha reavivado el debate sobre dónde situar el equilibrio entre derechos penitenciarios y la sensibilidad de las víctimas. Los partidos de la oposición han utilizado la conmemoración para criticar la actuación del Ejecutivo, mientras que desde el Gobierno se subraya la necesidad de ceñirse a la ley.

A 22 años de los atentados, la reivindicación de memoria, justicia y reparación sigue ocupando un lugar central en las demandas públicas. Las voces de las víctimas mantuvieron hoy la presión para que los poderes públicos actúen con mayor claridad y contundencia en lo que ellas entienden como respeto a las sentencias y a la memoria colectiva. El debate sobre cómo conciliar la política penitenciaria con la reparación moral de las familias promete mantenerse vivo en los próximos meses.