El mercado inmobiliario gallego cerró 2025 muy cerca de su máximo histórico, con casi 4.500 millones de euros de negocio y más de 30.659 transacciones registradas en todo el año, según el balance del Ministerio de Vivienda. La comunidad vendió 7.970 viviendas sólo en el último trimestre, lo que sitúa el conjunto del ejercicio entre los mejores desde el boom de 2007. El incremento se explica por el alza continuada de precios y por una demanda que supera la oferta disponible tras años de estancamiento de la construcción. Estas cifras reflejan una recuperación sostenida del mercado y plantean desafíos en materia de acceso a la vivienda.

Las operaciones aumentaron un 8,1% respecto a 2024, cuando se registraron 28.359 compraventas, y aunque no se alcanzó el techo de 2007 —cuando se vendieron unas 38.700 viviendas y se facturaron 4.463 millones— los datos de 2025 se acercan peligrosamente a aquel récord. El importe total derivado de las ventas creció un 17% interanual, explicación clara del impacto que están teniendo las subidas de precio en la cuantía del negocio. La concentración de actividad en trimestres concretos y en determinadas zonas urbanas ha intensificado esa tendencia. Analistas y administraciones apuntan a la necesidad de ordenar oferta y demanda para evitar desajustes mayores.

El precio medio de la vivienda libre en Galicia en el cuarto trimestre se situó en 154.498 euros, lo que supone un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo de 2024. Las subidas provinciales fueron heterogéneas: Lugo registró la mayor variación porcentual, con un 13,7% hasta los 114.694 euros, A Coruña subió un 12,5% hasta 159.449 euros y Ourense avanzó un 11,1% hasta 102.786 euros. Pontevedra mantiene el precio medio más alto de la comunidad, con 189.580 euros, aunque su crecimiento fue más moderado, del 6,5%. En el conjunto del país el precio medio se situó en 215.055 euros, con un aumento del 7,8%.

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La inmensa mayoría de las ventas comunicadas al Ministerio correspondieron a vivienda libre, lo que subraya la escasez relativa de oferta protegida frente a una demanda al alza. Expertos señalan que la rigidez de la oferta, fruto de casi dos décadas de ajustes en la promoción tras la crisis de 2008, está alimentando las subidas de precios. La construcción de nueva vivienda no ha recuperado plenamente los volúmenes previos al pinchazo de la burbuja, lo que deja un déficit estructural en varias zonas. Esa dinámica sitúa la política de vivienda en el centro del debate público y obliga a explorar incentivos a la promoción asequible.

El diagnóstico no sólo es regional. En Bruselas, el Parlamento Europeo alertó sobre una crisis de acceso a la vivienda en todo el continente, que afecta de manera especial a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables. El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, advirtió en Estrasburgo que la situación amenaza valores sociales y obliga a una respuesta común. En cifras macro, se estima un déficit estructural de alrededor de 10 millones de viviendas en Europa; el Banco de España sitúa ese agujero en España en 740.000, y estudios específicos elevan la escasez en Galicia a la franja de las 35.000 viviendas. Estos datos refuerzan la percepción de que la presión sobre el mercado no es coyuntural.

En el plano local, Vigo lidera el número de operaciones registradas y municipios como Redondela han experimentado las mayores subidas porcentuales en transmisiones, según el desglose autonómico. Esa concentración de demanda en áreas metropolitanas pone en tensión infraestructuras y servicios y amplifica la diferencia de precios entre núcleos urbanos y comarcas rurales. Promotores y ayuntamientos ya muestran interés en ajustar planes urbanísticos para aumentar la oferta, pero los tiempos administrativos y los costes de ejecución condicionan las respuestas rápidas. Mientras tanto, los compradores compiten en un mercado con menor margen de maniobra.

La evolución de 2025 plantea dilemas para la política pública: cómo articular medidas que aumenten la oferta asequible sin desincentivar la inversión privada, y cómo proteger a los colectivos más expuestos al encarecimiento. Organismos sociales reclaman un impulso decidido a la vivienda pública y a fórmulas de alquiler regulado; por su parte, agentes del sector piden seguridad jurídica y incentivos fiscales para proyectos de promoción. El Ministerio de Vivienda, que hizo público el balance, insiste en que las cifras sirven para calibrar las políticas a aplicar en 2026 y corregir desajustes regionales.

La previsión a corto plazo es que la actividad se mantenga elevada mientras persista la demanda acumulada, aunque el ritmo de crecimiento de precios podría moderarse si prosperan medidas de impulso de la oferta. Lo que queda claro es que Galicia atraviesa un momento de intensa reactivación inmobiliaria que requiere coordinación entre administraciones, sector y organizaciones sociales para evitar que la recuperación deje fuera a quienes más necesitan una vivienda asequible. El debate sobre las soluciones sigue abierto y será determinante para la próxima legislatura.