La reforma del Reglamento General de Circulación que entró en vigor el 21 de marzo de 2022 eliminó la excepción que permitía superar el límite de velocidad en carreteras convencionales para completar un adelantamiento. Desde entonces, exceder la velocidad máxima durante una maniobra de adelantamiento es tanto ilegal como sancionable, y la Dirección General de Tráfico insiste en que, si no puede realizarse la maniobra sin sobrepasar el límite, lo responsable es no intentarla. La modificación, aprobada a finales de 2021, perseguía reducir la gravedad de los siniestros en vías secundarias, donde los adelantamientos mal ejecutados seguían siendo una de las principales causas de fallecimientos.

El cambio de criterio puso punto final a una práctica que durante años muchos conductores consideraron legítima: acelerar hasta 20 km/h por encima del límite en tramos convencionales para acortar el tiempo en el carril contrario. Esa flexibilidad normativa, pensada para reducir la exposición en sentido contrario, no demostró reducir la siniestralidad como se esperaba, según los análisis que impulsaron la revisión legal. Hoy el Reglamento es taxativo: no existe ninguna excepción que autorice superar la velocidad permitida por el mero hecho de adelantar.

España llegó a ser, hasta la reforma, una excepción en Europa al tolerar ese margen. La Dirección General de Tráfico presentó la modificación como una medida orientada a la prevención, fruto de la constatación de que la velocidad inadecuada sigue siendo un factor determinante en la gravedad de los accidentes en carreteras secundarias. Con el nuevo texto legal, la prioridad se desplazó de la agilidad de la maniobra a la estricta observancia de los límites de velocidad establecidos para cada vía.

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En la práctica, la eliminación del margen de 20 km/h implica que los dispositivos de control no hacen distinciones: los radares fijos, móviles o de tramo registran y sancionan cualquier exceso de velocidad, independientemente de si se produce durante un adelantamiento. Esa uniformidad en la supervisión pretende acabar con interpretaciones erróneas que muchos conductores mayores conservaban de la normativa anterior y que seguían motivando maniobras de riesgo en carreteras de doble sentido.

Las consecuencias legales de sobrepasar el límite en un adelantamiento no son simbólicas. Las sanciones económicas oscilan entre 100 y 600 euros en función del exceso cometido, y además se agravan con la retirada de puntos del permiso de conducir cuando procede. La combinación de multas y pérdida de puntos busca, explican desde tráfico, disuadir prácticas que multiplican la probabilidad de colisiones frontales y salidas de la vía en carreteras secundarias.

Aunque la reforma lleva más de tres años en vigor, la idea de que «está permitido acelerar para adelantar» sigue muy arraigada entre parte del parque de conductores, especialmente quienes aprendieron a conducir cuando la excepción estaba vigente. Esa percepción errónea genera comportamientos que las autoridades consideran imprudentes: adelantar en rectas largas o con visibilidad limitada bajo la creencia de que el margen protege frente al riesgo.

En las carreteras actuales, donde no se suelen diseñar tramos con rectas interminables y la presencia de tráfico y vehículos agrícolas es habitual, la DGT y expertos en seguridad vial recomiendan prudencia y planificación de los adelantamientos. La norma es clara: si para completar la maniobra es necesario superar la velocidad máxima, lo correcto es esperar a un tramo más seguro o renunciar al adelantamiento. La seguridad colectiva, insisten, debe primar sobre la impaciencia individual.

La reforma representa, en cualquier caso, un vuelco en la cultura vial española, que busca alinearse con el resto de Europa y reducir la letalidad en las vías secundarias. El reto ahora es práctico: lograr que los conductores interioricen la nueva regla y que las campañas de concienciación y el control efectivo consigan cambiar comportamientos que llevan años normalizados.