El partido Iustitia Europa ha presentado este marzo una denuncia ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya contra Donald Trump y Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 contra Irán. La querella, registrada por el partido presidido por el abogado Luis María Pardo, pone el foco en el bombardeo de una escuela de niñas en Minab y en la muerte de un sacerdote en Líbano, y solicita que la Fiscalía examine la posible responsabilidad penal individual de los dirigentes civiles y militares implicados. El escrito pide además que se valore la apertura de un examen preliminar conforme al Estatuto de Roma. La acción se convierte, según sus promotores, en la primera denuncia sobre estos hechos remitida al tribunal internacional.

El documento acusa, entre otros incidentes, el ataque contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab (Irán) el 28 de febrero de 2026, que según las investigaciones internas habría provocado la muerte de al menos 165 niñas durante el horario escolar. Iustitia Europa sostiene que el bombardeo fue indiscriminado y que no se tomaron las precauciones exigidas por el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil y a instalaciones educativas. El partido incorpora testimonios, informes y prensa internacional en su exposición de motivos para pedir la investigación penal. La gravedad del número de víctimas y el contexto escolar han sido subrayados como elementos que podrían configurar delitos de guerra.

Además del ataque en Minab, la denuncia incluye la muerte del sacerdote maronita Pierre El-Rahi en Qlayaa, en el sur del Líbano, el 9 de marzo de 2026, cuando prestaba auxilio a civiles tras un impacto contra una vivienda. El escrito afirma que El-Rahi falleció mientras intentaba socorrer a personas heridas y que su muerte ejemplifica el supuesto desprecio por la protección de quienes no participan en las hostilidades. Los reclamantes solicitan que se analice si este tipo de sucesos constituyen ataques directos contra la población civil o actos que, por su naturaleza, implican una responsabilidad penal individual. La inclusión de hechos en dos países pretende subrayar la transnacionalidad de las consecuencias del conflicto.

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En su petición al fiscal de la CPI, Iustitia Europa solicita que se determine si existen bases razonables para abrir un examen preliminar conforme al Estatuto de Roma, que podría desembocar en una investigación formal si se acredita competencia y gravedad. El partido pide que se investigue no solo a los máximos responsables políticos, sino también a los mandos militares que habrían ordenado u omitido acciones con consecuencias letales para civiles. Fuentes del colectivo recuerdan la existencia de normas internacionales que obligan a evitar daños colaterales desproporcionados y a proteger infraestructuras civiles esenciales. La decisión final sobre la apertura del procedimiento corresponde al fiscal del tribunal.

Esta iniciativa se suma a la trayectoria de Iustitia Europa como acusación popular en causas relevantes en España, donde ha intervenido en procesos mediáticos y ha promovido investigaciones contra figuras públicas. Desde el partido señalan que su estrategia se apoya en precedentes judiciales y en la doctrina sobre la responsabilidad penal de los líderes por actos cometidos en operaciones militares. El abogado Pardo y su equipo justifican la denuncia como una medida para garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a mecanismos de justicia internacional cuando los tribunales nacionales no resultan competentes o eficaces.

El contexto internacional en el que llega la denuncia es tenso: desde marzo, la comunidad internacional ha mostrado diferencias a la hora de condenar ataques y atribuir responsabilidades. Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución que reprende las ofensivas iraníes, documento que a juicio de algunos observadores omite referencias a las acciones de Estados Unidos e Israel, lo que ha reavivado críticas sobre la selectividad de respuestas diplomáticas. Este clima político influye en la percepción de la posible intervención de la Corte, que actúa en teoría de manera independiente pero depende en la práctica de la cooperación de los Estados.

La querella de Iustitia Europa invoca presuntas violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, como ataques dirigidos a población civil y a bienes civiles, y solicita que la Fiscalía valore pruebas sobre intencionalidad, proporcionalidad y precauciones adoptadas. El partido adjunta informes y recortes de prensa que, según su relato, apuntan a patrones de conducta que podrían constituir crímenes de guerra. Los juristas del colectivo insisten en que la investigación debe centrarse en la responsabilidad individual y no solo en la de los Estados, conforme a los criterios del Estatuto de Roma.

En paralelo, la acción judicial se desarrolla en un escenario en el que Benjamín Netanyahu ya afronta desde noviembre de 2024 una orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza, según recuerda la denuncia. La posibilidad de que la Fiscalía amplíe su ámbito de investigación a nuevos episodios dependerá de la valoración de la competencia temporal y material del tribunal, de la suficiencia probatoria y de la colaboración internacional. Los plazos en La Haya suelen ser prolongados, y la admisión a trámite de la denuncia solo sería el primer paso de un proceso que puede durar años.