Las monjas que se separaron de la Iglesia conciliar dejaron esta madrugada el monasterio de Belorado (Burgos) horas antes del desalojo forzoso que estaba fijado por orden judicial; el grupo salió del inmueble a las 2:46 del jueves para evitar la intervención prevista a las 9:30. Según su portavoz, anunciaron que parten hacia «un nuevo proyecto» tras dos años de pulso legal con las autoridades eclesiásticas y la Justicia. Han buscado soluciones temporales mientras valoran alternativas definitivas para seguir viviendo en comunidad. La decisión responde, según las religiosas y su entorno, a la falta de garantías ante un procedimiento de ejecución dictado por un juzgado de Briviesca.

En el gesto simbólico que han relatado sus representantes, la ex abadesa subió al altar del monasterio, apagó la última vela del templo y cortó la luz antes de abandonar el edificio, que quedó a oscuras. El portavoz del grupo ha destacado la salida «en silencio y con discreción», y ha defendido que las miembros se consideran perseguidas por mantener sus convicciones religiosas. El relato oficial describe una partida ordenada, con enseres cargados en una furgoneta de mudanzas, y la entrega de las llaves a la autoridad judicial por parte del abogado de las monjas poco antes de la hora señalada para el desalojo.

Varias de las religiosas se dirigirán de forma provisional al convento de Derio, en Álava, y otras a una residencia familiar en Toledo mientras estudian su destino definitivo. Estas ubicaciones suponen sólo soluciones temporales, han señalado desde su entorno, porque el grupo pretende continuar con la vida en comunidad y busca un espacio que garantice su autonomía. La salida del monasterio llega después de un conflicto judicial y administrativo que ha enfrentado a las monjas con la jerarquía eclesiástica local desde que se apartaron de la Iglesia conciliar hace dos años.

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El litigio que culminó en la orden de desalojo se tramitó en los tribunales de Briviesca, donde las religiosas han mantenido la disputa sobre la titularidad y el control del inmueble. Fuentes cercanas al proceso explican que la entrega de las llaves por parte de su abogado evitó el uso de la fuerza por parte de las autoridades en el momento señalado. No obstante, el desenlace no zanja las dudas sobre el futuro del grupo ni resuelve las tensiones previas entre la comunidad tradicionalista y la estructura diocesana.

Para intentar mantenerse, las monjas impulsaron la campaña Queremosunconvento.com, desde la que aseguran haber recibido más de una treintena de ofrecimientos para acogerlas. Las opciones planteadas abarcan fincas rústicas, casonas en la llamada España vaciada y espacios históricos, aunque muchas propuestas requieren obras de rehabilitación que el movimiento no puede afrontar por falta de recursos. Los responsables del grupo han señalado que diversas alternativas son inviable por su mala habitabilidad o por depender de instituciones bajo control eclesiástico, lo que podría condicionar su permanencia.

Entre las ofertas registradas figuran propuestas procedentes de Bilbao, Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Andalucía, así como propuestas vinculadas a empresas mineras o inmuebles en zonas despobladas. También han llegado ofrecimientos de residencias de mayores y habitaciones en domicilios particulares, lo que pone de manifiesto la variedad y, a la vez, la precariedad de las opciones recibidas. El equipo que asiste a las religiosas insiste en que la carencia de fondos limita la viabilidad de muchas de estas alternativas.

Ante la dificultad de hallar un emplazamiento definitivo en España, el grupo no descarta explorar opciones internacionales, con menciones a Francia o incluso a ciudades como Nueva York en su horizonte de posibilidades. La portavoz ha indicado que, si la acogida en España resulta hostil o inviable, contemplarán marcharse al extranjero para mantener su modo de vida. Esa perspectiva subraya la gravedad del conflicto interno y la sensación de desamparo que las religiosas denuncian tras su ruptura con la corriente eclesiástica predominante.

El caso de Belorado se encuadra en disputas más amplias sobre comunidades religiosas que rechazan las reformas y el control de la Iglesia conciliar, un fenómeno que en ocasiones deriva en contenciosos sobre propiedad y uso de bienes eclesiásticos. Pese a la atención mediática y a las ofertas recibidas, las ex religiosas afrontan ahora la incertidumbre de una etapa de transición en la que deberán decidir si aceptan alguna de las propuestas o buscan alternativas fuera del país. La ausencia de una solución inmediata prolonga una situación tensa que tendrá efectos sobre la comunidad local y el debate eclesial.

Por el momento, las religiosas permanecen en alojamientos temporales y siguen valorando las opciones disponibles mientras avanzan los trámites judiciales que dieron lugar al desahucio. Su portavoz ha asegurado que el grupo mantendrá «la vida comunitaria» en la medida de lo posible y que comunicarán su próxima ubicación cuando esté cerrada. Mientras tanto, la historia de Belorado continúa como un episodio de choque entre dos concepciones de la práctica religiosa y la gestión de bienes comunitarios dentro de la Iglesia católica contemporánea.