El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el real decreto que fija los umbrales de renta y patrimonio y las cuantías de las becas para el curso 2026-2027, una norma que introduce cambios relevantes en el acceso a las ayudas. El Gobierno estima que la convocatoria general beneficiará a unos 752.000 estudiantes y que la de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo alcanzará a 225.000, con lo que el número total de beneficiarios se acercará al millón. La medida pretende ampliar la cobertura y la equidad en el sistema educativo, especialmente para quienes cursan estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. El texto oficial, aprobado esta semana, introduce tanto ajustes en requisitos académicos como nuevas modalidades de apoyo a la movilidad.

Entre las novedades más destacadas figura la posibilidad de que estudiantes con matrículas parciales perciban parte de la beca de renta y de la de residencia. Podrán beneficiarse aquellos que estén matriculados entre 48 y 59 créditos, una modificación pensada para estudiantes que por diversas razones no cursan la carga completa. El Ejecutivo calcula que alrededor de 20.000 alumnos podrían acceder a esta ayuda parcial, que se ha diseñado para compensar la menor vinculación horaria con una cobertura proporcional. Según el decreto, esta prestación se planteará como un complemento que puede llegar a los 350 euros por cada una de las dos becas implicadas.

El paquete normativo introduce además una adaptación visible para el alumnado con discapacidad. Los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas con reconocimiento de discapacidad entre el 25% y el 64% verán reducidos los requisitos de carga lectiva exigible para considerar la matrícula como completa. En concreto, para estos casos se considerará matrícula completa a efectos de beca aquella que incluya 45 créditos, frente a los 60 que se exigían hasta ahora. Esta modificación afecta a cerca de 2.000 estudiantes y busca evitar que las barreras administrativas penalicen a quienes necesitan más tiempo o ajustes para cursar sus estudios.

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El real decreto también consolida el incremento presupuestario y la extensión de beneficiarios previstos para el próximo curso, con un gasto total en becas que asciende a 2.559 millones de euros, apenas un 0,5% más que en el ejercicio anterior. El aumento es reducido pero se enmarca en una estrategia de mantener y ampliar la cobertura pese a las tensiones presupuestarias. Las cifras oficiales señalan además que la cifra de estudiantes con derecho a ayuda ha ido creciendo desde 2017, cuando se registraron 784.422 becarios, hasta acercarse ahora al umbral del millón.

Una de las iniciativas más llamativas es la recuperación de las denominadas becas Medrano, concebidas como una especie de “Erasmus nacional” para estudiantes que quieran cursar parte de sus estudios en universidades de otras ciudades españolas. Estas ayudas están pensadas para facilitar la movilidad interurbana y fomentar el intercambio académico entre comunidades, con la intención de reforzar la cohesión del sistema universitario y la igualdad de oportunidades entre estudiantes de distintos territorios. La dotación mínima prevista para los beneficiarios de estas becas será de 900 euros al mes, según establece el decreto, con la idea de cubrir en gran parte los costes de alojamiento y manutención.

El nombre de la nueva convocatoria rinde homenaje a Luisa de Medrano, considerada la primera mujer en ocupar una cátedra en una universidad española en 1508, en la Universidad de Salamanca, y pretende reivindicar la presencia femenina en la tradición académica española. El Ejecutivo ha defendido la recuperación de estas becas como una medida que combina objetivos académicos y sociales, tratando de equilibrar la movilidad formativa con la necesaria equidad económica entre estudiantes de diferentes realidades.

Desde las universidades y asociaciones estudiantiles se espera que las modificaciones abran puertas a alumnos que hasta ahora quedaban fuera por cuestiones de carga lectiva o por no poder desplazarse a otra ciudad sin un apoyo económico estable. No obstante, algunos colectivos han señalado la necesidad de que la aplicación práctica de los cambios sea ágil y transparente, y han pedido claridad sobre los procedimientos de solicitud y adjudicación. Las comunidades autónomas y los centros universitarios tendrán que adaptar sus sistemas de información y gestión para incorporar las novedades antes del inicio del curso.

El real decreto entra ahora en vigor con efecto para el curso 2026-2027, y previsiblemente supondrá un incremento en la tramitación de expedientes por parte de las delegaciones territoriales. Para los estudiantes gallegos, como para el resto del país, las novedades suponen tanto una ampliación de derechos como el reto de conocer y solicitar nuevas prestaciones. El Ministerio responsable ha anunciado que facilitará guías y plataformas informativas para que el estudiantado pueda presentar sus solicitudes cuando se abra la convocatoria general.