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Unos tornillos oxidados y la estructura corroída colapsaron la pasarela de Santander

Unos tornillos oxidados y la estructura corroída colapsaron la pasarela de Santander

La investigación sobre el derrumbe de la pasarela de El Bocal en Santander, que el 3 de marzo costó la vida a seis jóvenes, atribuye el colapso al grave deterioro de los elementos metálicos de sujeción y a la corrosión generalizada. El acta de inspección de la Policía Científica, a la que ha tenido acceso EFE y que adelantó El Diario Montañés, describe tornillería y soportes «completamente oxidados» y lamas de madera ausentes en el tablero, circunstancias que facilitaron la caída en la grieta rocosa donde se encontraba la estructura.

Los peritos se personaron en el lugar la tarde del suceso, poco después de que una llamada al 091 alertara del derrumbe, y mantuvieron la inspección hasta entrada la noche. Según el informe, la plataforma de paso, de unos cinco metros, quedó desplazada y en posición oblicua, formando lo que los agentes calificaron de tobogán con caída directa al hueco, sostenida únicamente por uno de sus extremos. En el mar se localizaron restos de lamas y vigas que confirman el alcance del deterioro.

La inspección detalla además que en la pasarela faltaba una lama del suelo, por la que se podía ver directamente el agua, lo que constituye un indicio claro de abandono previo al accidente. Los anclajes laterales, donde se alternan soportes metálicos y tornillería, presentaban zonas con «alta degradación por óxido», apunta el documento policial. Ese desgaste estructural y la ausencia de elementos completos en el tablero explican, según los investigadores, la rotura súbita que provocó el desplome.

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El accidente se produjo en una zona de difícil acceso y con formación rocosa, en la que existen grietas de notable profundidad, del orden de doce metros hasta el agua en algunos tramos. El puente de madera y la pasarela se situaban en una de esas fracturas, cuya salida al mar tiene una longitud aproximada de 95 metros, y eso complicó las labores de recuperación y la propia inspección ocular. Las características del terreno agravan los riesgos asociados a cualquier fallo estructural en esa ubicación.

Como consecuencia del derrumbe fallecieron seis jóvenes de entre 19 y 22 años: una procedente de Igollo de Camargo, tres de Bizkaia, otra de Almería y una más de Guadalajara; una joven alavesa resultó herida y sobrevivió al siniestro. La proximidad temporal entre el aviso y la llegada de la Policía Científica permitió a los forenses recoger evidencias en el lugar que ahora sustentan el dictamen sobre el estado de la pasarela. El informe policial es uno de los elementos clave en la instrucción judicial abierta tras la tragedia.

El sumario investiga tanto las causas materiales del colapso como posibles responsabilidades en la conservación de la infraestructura, y en los últimos días se ha conocido que la funcionaria que recibió la llamada que alertaba del puente derrumbado ha sido citada como investigada en la causa. El expediente técnico y las actuaciones administrativas municipales sobre el mantenimiento del entorno podrían ser objeto de examen por parte de los jueces si se detectan negligencias en la supervisión.

El caso ha reavivado el debate sobre el estado de las pequeñas infraestructuras costeras y los mecanismos de control que garanticen su seguridad. Vecinos y colectivos han exigido con rutinaria insistencia auditorías y reparaciones, y ahora las autoridades locales deberán justificar los planes de conservación y las últimas intervenciones realizados en la pasarela. La investigación policial aportará el marco técnico para determinar si hubo omisión en los deberes de mantenimiento.

Por el momento, las administraciones implicadas no han ofrecido una versión pública exhaustiva del contenido del acta, y los responsables locales mantienen contactos con los investigadores para facilitar la documentación requerida. El informe de la Policía Científica, que describe corrosión avanzada en tornillería y soportes y la ausencia de elementos del tablero, marca la hoja de ruta de la investigación judicial y administrativa que deberá aclarar por qué una estructura en ese estado continuaba en uso.

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Sofía Martínez

Periodista de Galicia Universal.

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