Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, afirmó este jueves en Madrid que la decisión del franco-devolver-el-pazo-de-meiras-al-estado/" title="Tribunal Supremo">Tribunal Supremo de que la familia Franco debe entregar el Pazo de Meirás al Estado supone restituir a la colectividad un bien que consideró público. La declaración se produjo durante la inauguración de una exposición en homenaje a La Nueve y llega tras la confirmación judicial que ordena la devolución. El anuncio coincide con una etapa decisiva en un litigio que ha tenido gran repercusión en Galicia y en el conjunto de España.

Torres pronunció sus palabras en un acto institucional sobre la participación de soldados españoles en la liberación de París, al que asistió también la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y los Antiguos Combatientes, Alice Rufo. En ese marco, el titular español vinculó el fallo del Supremo con la recuperación de la memoria democrática y expresó su satisfacción por la resolución unánime del alto tribunal. El ministro subrayó que la sentencia reafirma criterios ya establecidos por la Audiencia Provincial de A Coruña.

El Tribunal Supremo confirmó de manera unánime la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que obliga a los herederos de Francisco Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado. La resolución revisa las disputas sobre la titularidad del inmueble, que habían sido objeto de recurso por parte de la familia, y mantiene la doctrina de que el bien debe pasar a manos públicas. La noticia se interpreta como el fin de una etapa jurídica prolongada desde que se reabriera el caso en los últimos años.

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El caso del Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, ha sido uno de los más controvertidos respecto al patrimonio vinculado a la dictadura. El inmueble fue utilizado por la familia Franco durante décadas y su condición jurídica fue disputada por la Administración central y los herederos privados. A lo largo del proceso, los demandantes reclamaron tanto la titularidad como una indemnización por la entrega del pazo, una cuestión que ha estado presente en la negociación jurídica y administrativa.

La resolución del Supremo no solo tiene efectos patrimoniales sino también simbólicos, según subrayó el ministro. Para el Gobierno, recuperar la titularidad estatal del Pazo de Meirás es una medida coherente con las políticas de memoria democrática y con la obligación de preservar bienes vinculados a episodios históricos sensibles. Fuentes del Ministerio han señalado que, una vez firmes las resoluciones, se abrirá un proceso administrativo para formalizar la entrega y determinar el uso público del edificio.

En paralelo al fallo, los medios han subrayado que la familia Franco había solicitado una indemnización en el marco del procedimiento; la reclamación económica ha sido un elemento de la discusión pública y jurídica, y es probable que su resolución figure entre los trámites posteriores al pronunciamiento del Supremo. El contenido íntegro de la sentencia recoge los fundamentos por los que se mantiene la obligación de devolución, aunque aspectos económicos y administrativos pueden requerir pasos posteriores.

La decisión del Tribunal Supremo pone fin, salvo recursos extraordinarios, a la vía judicial ordinaria en este pleito, lo que facilita que el Estado pueda iniciar los trámites para tomar posesión efectiva del inmueble. A nivel local, autoridades y colectivos culturales observan con interés las futuras decisiones sobre conservación, apertura y acceso público, cuestiones que determinarán el destino final del pazo y su papel en la memoria colectiva gallega.

El pronunciamiento ha reavivado el debate sobre la gestión del patrimonio ligado a la dictadura y sobre las políticas públicas de memoria. El Ejecutivo central tendrá ahora la responsabilidad de coordinar la custodia y el uso del Pazo de Meirás, una tarea que combinará aspectos jurídicos, patrimoniales y de comunicación con la sociedad para garantizar que la devolución responda tanto a criterios legales como a las expectativas de quienes reclaman la recuperación de bienes para el interés general.