El jefe del Gabinete argentino, Manuel Adorni, ha sido denunciado penalmente por presunta malversación y otros delitos tras llevar a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante un reciente viaje oficial a Estados Unidos, según una presentación registrada en los tribunales de Buenos Aires el 12 de marzo de 2026. La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, señaló que existen fotografías y vídeos que acreditan la presencia de la cónyuge en la comitiva pese a no ser funcionaria pública, y reclama responsabilidades penales y políticas. La denuncia imputa delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso ha generado un inmediato debate político y demandas de explicaciones por parte de la oposición.

En la denuncia, Pagano destaca que las imágenes periodísticas muestran a la esposa de Adorni integrada en actos y desplazamientos de la delegación presidencial, lo que, a su juicio, configura un uso indebido de recursos y de la aeronave estatal. La diputada también subraya que la acusación se apoya en documentación pública y en el registro visual del viaje, que incluye la jornada en que el presidente y su equipo estuvieron en Nueva York. El escrito se presentó en los juzgados federales de la capital y pide que se investigue la posible desviación de fondos y la vulneración de normas sobre la comitiva presidencial.

Pagano señaló además la «incoherencia» entre este comportamiento y una reforma impulsada días antes por la propia Jefatura de Gabinete que endurecía los criterios para la composición de las delegaciones en viajes oficiales. La parlamentaria reclamó al presidente que exija la dimisión inmediata de Adorni y advirtió del daño que este episodio puede causar a la credibilidad del gobierno en materia de lucha contra los privilegios. Desde su cuenta en redes sociales pidió medidas contundentes y que se aclare la responsabilidad política del jefe de Gabinete.

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Adorni, hombre de confianza del presidente Javier Milei, ofreció una versión distinta en declaraciones a medios argentinos: aseguró que la presencia de su mujer se produjo porque fue invitada por Presidencia a viajar en la aeronave gubernamental y que ella solo utilizó el avión en el tramo de ida. Según su explicación, la acompañó porque, de lo contrario, no habría podido hacerlo, y porque ella contaba con un billete de regreso comprado con antelación por un valor superior a 5.000 dólares. El jefe de Gabinete ha defendido que no hubo un propósito de beneficiar a terceros ni de malversar fondos públicos.

Además de la denuncia de Pagano, el abogado Gregorio Dalbón presentó otra acción judicial con argumentos similares, centrada en la supuesta malversación de fondos públicos. Los grupos de la oposición en el Congreso han solicitado la comparecencia de Adorni para que explique públicamente los motivos y las circunstancias del viaje, y han pedido que se remitan todas las facturas y registros del uso del avión presidencial. La cámara registra ya un clima de exigencia de transparencia que podría derivar en comisiones investigadoras o requerimientos formales.

Este incidente llega en un momento delicado para la administración, que ha construido parte de su relato público en torno a la lucha contra la «casta» y los privilegios de la clase política. La oposición sostiene que el episodio refuerza críticas sobre un trato privilegiado que el Gobierno había prometido erradicar. Para los críticos, la imagen de un alto cargo aprovechando recursos estatales para facilitar la presencia de familiares resulta especialmente dañina en un Ejecutivo que ha elevado la austeridad y la ejemplaridad como banderas.

Fuentes oficiales han matizado que la invitación y la asignación de plazas en vuelos presidenciales suelen ser competencia de la Secretaría de la Presidencia, pero la denuncia obliga a clarificar protocolos y a determinar si se vulneraron normas internas o si hubo pago de gastos con cargo al Estado. Diez días antes del viaje, la Jefatura de Gabinete había promovido una normativa más estricta sobre las comitivas, lo que, según los denunciantes, agrava la percepción de falta de coherencia administrativa. El expediente judicial abrirá líneas de investigación sobre autorizaciones, costes y criterios de selección de acompañantes en desplazamientos oficiales.

En los próximos días se espera que los tribunales admitan o rechacen las demandas y que la Cámara convoque a Adorni a ofrecer explicaciones formales. En caso de que se confirme alguna irregularidad, el caso podría acarrear sanciones administrativas, responsabilidades penales y un impacto político relevante para el gobierno. Mientras tanto, el episodio alimenta el debate público sobre la gestión de los recursos públicos y la necesidad de reglas más claras en torno a los viajes oficiales, un tema que el Ejecutivo había situado como central en su agenda de renovación política.