La Unión de Consumidores de Galicia ha puesto en marcha una nueva iniciativa ciudadana para exigir el traspaso inmediato de la autopista AP-9 a manos públicas y el rescate de su concesión, una medida que consideran urgente ante el encarecimiento progresivo de los peajes. La organización, liderada por su secretario general, Miguel López, presentó este jueves en Santiago de Compostela una campaña que incluye una recogida de firmas en la plataforma change.org y una ronda de contactos con alcaldes y grupos parlamentarios. El objetivo es trasladar al Gobierno central el sentir mayoritario de una sociedad que reclama dignidad en el acceso a la principal vía vertebradora del territorio gallego.

El debate sobre la gestión de la Autopista del Atlántico lleva años instalado en el centro de la discusión política y social de la comunidad, agravado por unas tarifas que no dejan de subir. Actualmente, el coste de un trayecto completo entre A Coruña y Vigo alcanza ya los 21,40 euros, una cifra que la entidad de consumidores califica de abusiva y desproporcionada. Frente a esta situación, la Unión de Consumidores busca aglutinar a todos los agentes sociales, instituciones y empresas posibles para forzar la liberación de la vía y poner fin a lo que describen como un tratamiento de ciudadanos de segunda para los gallegos.

Durante la presentación en la sede del Consejo Económico y Social, López defendió que su propuesta no es solo técnica, sino profundamente ética, pues aspiran a servir de puente para todas aquellas personas que exigen justicia en materia de infraestructuras. La organización pone especial énfasis en la comparación con otros casos recientes, como el de la AP-7 en Alicante, cuya concesión finalizó ocho años antes que la gallega y fue liberada el pasado mes de diciembre. Este precedente alimenta la esperanza de que el modelo de gestión pública sea viable también en Galicia, rompiendo con la idea de que la región deba permanecer aislada por barreras de pago.

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La campaña denuncia que la autopista convierte a Galicia en una especie de isla de peajes, ostentando algunas de las tarifas más elevadas de todo el Estado español. Los consumidores argumentan que no solo están asumiendo el incremento general del índice de precios, sino que además financian directamente el mantenimiento de una vía cuyos ingresos para la empresa concesionaria, Audasa, son enormes. Esta percepción de doble esfuerzo económico sin una contraprestación adecuada en calidad o precio es el motor que impulsa la movilización social que ahora se articula a través de internet y las instituciones locales.

El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando bajo el gobierno de José María Aznar se aprobó la prórroga de la concesión hasta el año 2048, una decisión que ha sido cuestionada repetidamente en los últimos tiempos. Ya en septiembre de 2021, la Unión Europea se pronunció calificando de ilegal dicha extensión, iniciando un procedimiento que ha mantenido en vilo a las administraciones durante meses. Tras varios avisos desde Bruselas y antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno de España remitió un documento a la Comisión Europea cuyo contenido permanece secreto a la espera de una respuesta definitiva del órgano comunitario.

Mientras se desarrolla este complejo escenario jurídico internacional, la presión social desde Galicia se intensifica con acciones concretas sobre el terreno. La organización ha anunciado que mantendrá reuniones con los regidores de todos los municipios por los que discurre la autopista, con la intención de recabar apoyos institucionales capilarmente en cada concello afectado. Paralelamente, buscarán el respaldo de los grupos políticos representados en el Parlamento autonómico, confiando en la unanimidad previa mostrada por la cámara al aprobar proposiciones no de ley que demandaban medidas urgentes al ejecutivo central respecto a esta infraestructura.

Aunque los promotores de la iniciativa evitan poner fechas cerradas para la consecución de sus objetivos, priorizan la construcción de un frente común lo más amplio posible antes de dar el salto definitivo a la administración estatal. La estrategia pasa por demostrar que la demanda de liberación de la AP-9 trasciende ideologías y afecta transversalmente a toda la ciudadanía, desde autónomos hasta grandes empresas de transporte. Solo con un respaldo masivo y documentado pretenden solicitar una audiencia formal con el ministro competente para negociar el futuro de la carretera.

La voz de los consumidores resuena con fuerza en un momento en el que la movilidad y los costes logísticos son factores determinantes para la economía regional. La insistencia en hablar de dignidad refleja un malestar acumulado durante décadas de explotación privada de un bien que muchos consideran esencial para la cohesión territorial. Si la campaña logra sumar las adhesiones previstas en la plataforma digital y el apoyo unánime de las corporaciones locales, el Gobierno central podría verse obligado a reconsiderar su postura y acelerar los trámites para recuperar el control de la autopista.

El éxito de esta movilización dependerá de la capacidad de la Unión de Consumidores para mantener la atención mediática y política sobre el asunto en las próximas semanas. La combinación de herramientas digitales tradicionales con el cabildeo institucional clásico dibuja una hoja de ruta clara: saturar las vías de participación ciudadana mientras se presiona a los representantes políticos para que actúen como altavoces del reclamo popular. En un contexto de incertidumbre económica global, la liberación de la AP-9 se perfila como una reivindicación clave para el desarrollo futuro de Galicia.