El Ejecutivo ha decidido enfriar la posibilidad de restablecer descuentos obligatorios en el precio final de la gasolina y el diésel y se inclina por aplicar reducciones fiscales selectivas para mitigar el impacto de las recientes subidas de los combustibles, han explicado fuentes gubernamentales este jueves en Madrid. La medida, que se negocia en una ronda de contactos con agentes sociales y sectores económicos, se impulsa tras la escalada bélica en Oriente Medio que ha aumentado la volatilidad en los mercados y encarecido los precios. El objetivo es contener el coste para hogares y empresas de manera rápida y operativa, priorizando a los colectivos más afectados como el sector agrario y el transporte por carretera.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que los interlocutores consultados -patronales, sindicatos y representantes de los distintos sectores- prefieren no volver a las bonificaciones directas que se aplicaron durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Según el Ejecutivo, estas voces sostienen que las rebajas fiscales son más sencillas de implementar y generan menos problemas operativos para estaciones de servicio y administraciones. No obstante, en Moncloa insisten en que ninguna opción está descartada y que todas las alternativas siguen sobre la mesa hasta cerrar el paquete de medidas.

En la anterior crisis energética, el Gobierno aprobó un descuento generalizado de 20 céntimos por litro de carburante que benefició por igual a conductores particulares y profesionales, sufragado en gran parte por las cuentas públicas. Entonces, las gasolineras denunciaron dificultades para aplicar las bonificaciones y retrasos en las devoluciones del Estado por los importes adelantados, lo que alimentó la reticencia de las patronales a repetir la fórmula. También hubo excepciones con algunas grandes petroleras, respecto a las que el Estado asumió una parte del descuento.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La actual discusión parte de un diagnóstico compartido: la subida del precio de la gasolina y del diésel, la mayor en meses, sitúa una presión añadida sobre familias y empresas cuando persisten otras tensiones inflacionistas. El Gobierno considera que intervenir vía impuestos —por ejemplo, reduciendo temporalmente los tipos del tramo que grava los carburantes— permite dirigir el alivio a determinados sectores y evita los problemas administrativos que causaron los descuentos anteriores. Además, la vía fiscal facilitaría una aplicación más rápida y uniforme en todo el territorio.

Fuentes ministeriales aseguran que las medidas diseñadas tendrán «especial incidencia» en el agro y el transporte por carretera, dos actividades que cargan de forma intensa con el coste del combustible y que han mostrado mayor preocupación por el encarecimiento. Los representantes del sector agrícola han advertido con frecuencia de que cualquier aumento prolongado del precio de los carburantes repercute directamente en los costes de producción y en la competitividad de los productos. El transporte por carretera, por su parte, afronta un impacto directo sobre tarifas y márgenes en un momento de ajuste de rutas y demanda.

En las conversaciones que mantiene el Ejecutivo con agentes sociales, buena parte de los interlocutores ha reclamado medidas que sean fáciles de aplicar y de retirar cuando la situación se normalice, algo que en su opinión cumplen mejor las rebajas fiscales temporales que las bonificaciones directas. Los responsables políticos analizan ahora fórmulas concretas: reducciones transitorias del impuesto sobre hidrocarburos, modificaciones en el IVA aplicable a determinados usos profesionales o mecanismos de compensación específicos para flotas y cooperativas agrarias. Cualquiera de esas alternativas deberá calibrarse para no desequilibrar las cuentas públicas.

En paralelo, el Ministerio de Economía sigue vigilando la evolución de los mercados internacionales y la repercusión en los precios domésticos, con la intención de actuar con prontitud en función de los datos. El Ejecutivo reconoce la necesidad de combinar eficacia y equidad: aliviar el consumo general sin subvencionar de forma indiscriminada a quienes no lo necesitan. Ese equilibrio será clave en las propuestas finales que el Gobierno llevará a la mesa de negociación con comunidades autónomas y agentes sociales.

Por el momento, la decisión de enfriar la opción de descuentos obligatorios responde tanto a las demandas sectoriales como a la experiencia previa, marcada por problemas de implementación, y a la aspiración de emplear instrumentos que permitan un mayor grado de focalización. El paquete definitivo, según fuentes próximas al proceso, podría anunciarse en los próximos días si la evolución del precio del combustible y la presión social lo reclaman.