El gobierno municipal de Ourense, presidido por Gonzalo Pérez Jácome, afronta una crisis por la paralización y el deterioro de viales urbanos que amenaza con dejar sin financiación europea varias obras. El problema más visible se detectó el 27 de enero, cuando la borrasca Joseph abrió un socavón en Pena Trevinca; esa emergencia, la suspensión de trabajos en la avenida de Portugal y el retraso en la reforma de Alejandro Pedrosa colocan a la ciudad en una situación de riesgo por impagos y demoras administrativas.

El hundimiento en Pena Trevinca se materializó el 27 de enero, pero vecinos y comerciantes sostienen que ya habían avisado al Concello tres meses antes, aportando un informe fotográfico que advertía de la existencia de una grieta con potencial de agravarse. La aparición del socavón obligó a delimitar la zona y a interrumpir el tráfico, y ha suscitado críticas por la aparente falta de respuesta municipal a las alertas previas.

La paralización de las obras en la avenida de Portugal se hizo pública cuando la empresa adjudicataria publicó un anuncio en La Región comunicando la suspensión temporal de los trabajos. La constructora alegó el impago de facturas correspondientes a noviembre, diciembre y enero como causa de la medida, lo que, según el Ayuntamiento, respondería a problemas administrativos pero que para residentes y comerciantes supone un abandono del servicio público.

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El corte de la avenida afecta a más de 8.000 vecinos y a cerca de 70 establecimientos, según los datos facilitados por fuentes municipales y empresariales; el cierre prolongado de una de las arterias principales de la urbe aumenta la presión sobre calles alternas y complica la actividad comercial y el acceso a servicios esenciales. Comerciantes consultados por este medio relatan pérdidas de clientela y temor a que la situación se prolongue sin solución rápida.

La reforma de la calle Alejandro Pedrosa, en el barrio de O Vinteún, debía haberse concluido en octubre pasado y también figura entre las obras pendientes que podrían perder la dotación comunitaria que las financia. La posibilidad de que Ourense tenga que renunciar a fondos europeos por incumplimiento de plazos añadiría una carga financiera considerable al Concello y retrasaría la recuperación urbana proyectada.

La concatenación de incidentes en tres ejes longitudinales —Pena Trevinca, la avenida de Portugal y la calle Progreso— convierte en crítica la situación de la movilidad urbana; fuentes vecinales subrayan que, mientras persisten actos culturales y contrataciones municipales visibles, las infraestructuras básicas presentan deficiencias que afectan a la vida cotidiana. En ese contexto, las prioridades del ejecutivo local han centrado el debate público y político.

Desde la Alcaldía se han limitado a reconocer los problemas en algunos tramos e indican que se trabaja en la resolución administrativa y en la tramitación de pagos atrasados, si bien no han ofrecido un calendario concreto de actuaciones ni una explicación detallada sobre por qué no se atendieron las advertencias previas. En la práctica, la falta de ejecución y de respuestas claras alimenta la desconfianza entre vecinos y empresarios.

El coste económico y reputacional de estas paralizaciones podría traducirse en sobrecostes, sanciones y en la posible pérdida de subvenciones europeas comprometidas para mejorar la ciudad. Especialistas en contratación pública consultados recuerdan que los retrasos y la ausencia de certificaciones de obra son motivos habituales para la suspensión de pagos y para la revisión de expedientes, con consecuencias que suelen prolongar los plazos y encarecer las intervenciones.

La situación ha abierto ya un frente político: la oposición exige cuentas y medidas urgentes para garantizar la seguridad y la movilidad, mientras asociaciones de vecinos reclaman transparencia y participación en la priorización de las reparaciones. Para muchos residentes la prueba es contundente: la gestión de infraestructuras muestra deficiencias que requieren soluciones inmediatas antes de que los problemas se consoliden y se vuelvan inevitables.

Ourense necesita, en palabras de ciudadanos y comerciantes, un plan de choque que combine la reparación urgente de tramos peligrosos, la regularización de pagos a contratistas y un calendario realista para la ejecución de las obras pendientes. Sin respuestas rápidas y verificables, la ciudad arriesga no solo la habitabilidad diaria de sus calles, sino también recursos que estaban destinados a su modernización.