Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, rechazó este jueves en Barcelona introducir modificaciones profundas en la ley de extranjería que prioricen la llegada de personas altamente cualificadas, en un debate celebrado en la sede del Cercle d’Economia. La declaración se produjo en el contexto de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, que prevé conceder permisos de trabajo y residencia a alrededor de 800.000 personas, y que prevé abrir su trámite a primeros de abril. Saiz defendió que el sistema vigente ya ofrece cauces suficientes para cubrir las necesidades del mercado laboral y planteó el enfoque como una cuestión de derechos humanos.

La ministra acudió al encuentro convocado por el Cercle para discutir la propuesta de la entidad, que reclama restringir la llegada de extranjeros y priorizar a quienes presenten mayor cualificación. Saiz rechazó de plano una política de “migración a la carta”, tal y como la plantean la patronal económica y también el PP, y sostuvo que la regulación actual permite incorporar al mercado laboral a los perfiles que demandan las empresas. En su intervención insistió en que introducir criterios de selección por niveles de competencia vulneraría principios básicos y no resolvería los desequilibrios estructurales del empleo.

Saiz explicó que existen ya visados y permisos específicos destinados a captar determinados perfiles profesionales y subrayó que estos mecanismos funcionan en paralelo a las vías ordinarias de acceso y empleo. Señaló además que entre las personas extranjeras que cotizan en la Seguridad Social hay perfiles con autorizaciones especiales: cerca de 100.000 mujeres, dentro de más de tres millones de cotizantes foráneos, lo hacen con permisos orientados a profesionales altamente formados. Con estos datos, la ministra argumentó que no es necesaria una reforma legislativa que suponga priorizar formalmente a determinados colectivos.

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La regularización extraordinaria a la que aludió la ministra pretende formalizar a quienes ya residen en España y permitir que el Estado afloren trabajos en la economía sumergida. Saiz confirmó que el proceso arrancará “a principios de abril”, aunque evitó precisar la fecha exacta de apertura del canal administrativo. El Ejecutivo mantiene que este tipo de medidas han sido utilizadas con anterioridad por diferentes administraciones para gestionar bolsas de migración irregular que requieren mecanismos específicos para su resolución.

Durante el acto, Teresa García-Milà, presidenta del Cercle d’Economia, planteó si el país debería reorientar la política migratoria para atraer fundamentalmente talento y frenar llegadas no especializadas. La pregunta derivó en un cruce sobre la visión económica frente a la visión de derechos: Saiz sostuvo que priorizar por méritos laborales formales podría dejar fuera a colectivos vulnerables y no atender a la realidad demográfica y de cuidados que también demanda la economía española.

El discurso de Saiz se produjo en un momento de fuerte debate público y político: el PP ha defendido en distintas ocasiones fórmulas para favorecer la atracción de talento como respuesta a las necesidades productivas, mientras organizaciones empresariales como el Cercle han pedido criterios más restrictivos de entrada. La ministra respondió con un alegato por mantener los cauces actuales, subrayando que la normalización debe combinar la protección de derechos con la demanda del mercado.

Fuentes del Ministerio recuerdan que las reformas de calado en materia de extranjería requieren acuerdos amplios y un análisis de impacto laboral y social; por ello, Saiz planteó que las medidas puntuales —incluida la oferta de visados especializados— son preferibles a un cambio profundo de la ley. Además, defendió que la regularización extraordinaria no debe interpretarse como un fracaso de la norma vigente, sino como una herramienta complementaria para resolver situaciones acumuladas.

La ministra declinó responder a una cuestión directa sobre si en una década será preciso convocar otra regularización masiva, planteada por la dirigente del Cercle, y evitó dar una previsión a largo plazo. En Galicia, como en otras comunidades, la apertura del proceso y la incorporación de nuevos cotizantes podría tener efectos inmediatos sobre el mercado laboral y los servicios sociales, aunque la ampliación de derechos y la integración efectiva permanecerán en el centro del debate político y administrativo en las próximas semanas.