La Fiscalía solicita una pena de 43 años y seis meses de prisión contra un exentrenador del Centro Católico de L’Hospitalet de Llobregat por agredir sexualmente a dos jugadoras menores de edad en cuatro episodios ocurridos entre marzo y julio de 2018. El juicio se ha iniciado en la sección 22.ª de la Audiencia de Barcelona y las declaraciones de las víctimas se han tomado a puerta cerrada. El ministerio público atribuye al acusado la comisión de varios delitos contra la libertad sexual aprovechando su condición de responsable deportivo. La causa se sustenta en la combinación de los testimonios de las jóvenes, mensajes y el relato de sus familiares.

La vista oral comenzó el jueves 12 de marzo y la Fiscalía ha presentado los cargos que elevan la petición de condena a más de cuatro décadas de prisión. Según el escrito fiscal, los hechos se produjeron en distintas ocasiones a lo largo de varios meses y el acusado habría utilizado su posición de entrenador para imponer conductas de carácter sexual. Las diligencias se han instruido en los últimos años y parte de las pruebas remitidas al tribunal incluyen comunicaciones entre el sospechoso y una de las menores. El procedimiento se está desarrollando con las medidas habituales de protección para víctimas menores.

Una de las pruebas que figura en el sumario es una conversación por mensaje que tuvo lugar en enero de 2021 con una jugadora que entonces tenía quince años, en la que el entrenador se dirigió a la menor con preguntas personales fuera del ámbito deportivo y en horario nocturno. La joven guardó capturas de pantalla y las mostró al coordinador del club, que según la denuncia le pidió que eliminara el chat. Esa actuación del responsable del equipo aparece reflejada en el proceso y ha sido citada por la Fiscalía como indicio de cómo se minimizó o se gestionó de forma inadecuada la situación inicial.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Durante la vista, las madres de las dos afectadas han relatado las consecuencias que los hechos alega haber sufrido cada niña. La progenitora de una de las jóvenes ha explicado que su hija llegó a manifestar un estado de profunda angustia tras relatar los episodios y que percibieron desde entonces un cambio en su comportamiento. La otra madre, cuyo testimonio recoge que su hija denunció tres agresiones, ha insistido en el impacto psicológico que las chicas sufren como consecuencia de lo sucedido. Ambas declaraciones se incorporan al sumario como elementos que acreditan el daño emocional.

Frente a esas aportaciones, el acusado ha mantenido diferentes posiciones en su declaración: ha negado la primera de las agresiones que se le atribuyen y ha reconocido la existencia de «relaciones» en el resto de los episodios, asegurando en su defensa que contaba con el consentimiento de las menores. La Fiscalía rechaza esa versión y subraya que, además de la dinámica de superioridad atribuida al entrenador, la condición de menores de las víctimas impide considerar válidas declaraciones de consentimiento. El ministerio público pide que se valore la gravedad de los hechos y la posición de abuso de poder que habría concurrido en las supuestas conductas.

El proceso penal seguirá a principios de abril, fecha en la que está previsto que concluya la fase de vista y que la causa quede vista para sentencia. En el transcurso de la causa se han practicado periciales y se han recabado informes psicológicos que, según fuentes judiciales, serán determinantes para la valoración del daño. La petición de la Fiscalía suma varios años de prisión por cada uno de los delitos imputados, lo que explica la acumulación de la pena solicitada. El tribunal deberá ahora ponderar las pruebas y las alegaciones de las partes antes de resolver.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de protección en los clubes deportivos que trabajan con menores, tanto en la formación del personal como en los mecanismos de denuncia y supervisión. Especialistas y asociaciones de protección de la infancia subrayan la importancia de que las entidades actúen con transparencia y no minimicen las comunicaciones o señales de alarma procedentes de los propios jugadores. En ocasiones, decisiones internas como la que se recoge en este procedimiento —pedir la eliminación de mensajes— se interpretan como fallos en la cadena de protección.

La acusación y la defensa presentarán sus últimos argumentos en la próxima sesión, tras la cual el tribunal tendrá que decidir si condena al exentrenador por los cuatro delitos que propone la Fiscalía. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen a la espera de que se haga justicia y de que el proceso aporte respuestas sobre lo ocurrido. La resolución marcará también cómo se abordan responsabilidades civiles y posibles medidas de reparación para las afectadas.