La Agencia Tributaria ha anunciado que intensificará en 2026 el control sobre los pagos telemáticos, las cuentas en entidades financieras digitales y el alquiler turístico en todo el territorio español, según el Plan de Control Tributario publicado en el Boletín Oficial del Estado. El organismo plantea aprovechar nuevas declaraciones informativas mensuales de los bancos y datos sobre pagos transfronterizos para detectar rentas y patrimonios ocultos, combatir la economía sumergida y vigilar la tributación de los creadores de contenido. La medida se enmarca en una estrategia amplia que también incluye al sector inmobiliario, la construcción y el comercio electrónico. El objetivo declarado es mejorar la trazabilidad de cobros con tarjeta y movimientos en cuentas para reducir el fraude fiscal.

El Plan de Control Tributario para este año subraya la incorporación de nueva información financiera que, por ejemplo, obligará a las entidades bancarias a remitir mensualmente datos sobre cobros con tarjeta y movimientos en cuentas. Estas fuentes permitirán a la Agencia cruzar información y detectar ocultaciones de actividad empresarial, uso de sociedades pantalla y otros vehículos instrumentales empleados en esquemas de fraude, según el propio documento publicado en el BOE. Además de los bancos tradicionales, las comprobaciones se centrarán en la utilización de neobancos y otras plataformas digitales para esconder rentas o patrimonios en el exterior. La administración anuncia que seguirá actuaciones específicas cuando se identifiquen usos indebidos de estas cuentas digitales.

En el ámbito del comercio electrónico, Hacienda mantendrá este año la calificación de prioridad en sus tareas de control. La Agencia utilizará, entre otras fuentes, la información remitida por plataformas bajo la normativa DAC7 para seguir la pista a ventas online y prestaciones de servicios. Se investigarán supuestos de entidades que, formalmente constituidas en España o en otro Estado miembro, pretenden aparentar una ubicación real en la Unión Europea para alterar la tributación en IVA. El plan advierte de que estas prácticas, además de eludir el impuesto, generan competencia desleal frente a comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

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La vigilancia a los llamados creadores de contenido o «influencers» figura de manera explícita en el texto del plan: la Agencia verificará la correcta tributación de ingresos derivados de la actividad en redes sociales y analizará la residencia fiscal de quienes obtienen ingresos significativos por este tipo de negocios digitales. También se pondrá énfasis en la comprobación de domicilios fiscales vinculados a esos perfiles. Fuentes fiscales consultadas por este periódico señalan que el crecimiento de la economía de los creadores ha planteado retos en la diferenciación entre ingresos personales y actividades empresariales, lo que obliga a una revisión más exhaustiva.

En materia de aduanas e impuestos especiales, el plan prevé reforzar el control sobre operaciones de comercio electrónico tras la eliminación de la franquicia de importación, que hasta ahora eximía de aranceles a muchos envíos de pequeño importe. La supresión de dicha franquicia, fijada en 150 euros hasta ahora, obliga a las autoridades a intensificar los filtros sobre paquetes y operadores logísticos para garantizar la recaudación correspondiente. La Agencia prevé coordinarse con Aduanas para agilizar actuaciones y evitar que la eliminación de la exención favorezca nuevas vías de fraude o contrabando.

El sector inmobiliario y de la construcción será objeto de un control pormenorizado, ante la recuperación observada en los últimos periodos. Hacienda advierte del riesgo de deducciones improcedentes, sobrevaloraciones o estructuras societarias que sirven para ocultar ingresos y gravamenes no declarados. Las inspecciones se centrarán en operaciones que muestren operaciones atípicas o desajustes entre el volumen de negocio declarado y los movimientos patrimoniales. En especial, se reforzarán las actuaciones en mercados locales con alta actividad turística, donde el alquiler vacacional puede contribuir a prácticas de economía sumergida si no se declara correctamente.

El documento oficial también recoge la intención de intensificar la lucha contra sociedades con facturaciones elevadas que emplean artimañas para reducir sus bases imponibles, así como el control sobre personas físicas con patrimonios significativos. La Agencia insiste en que la combinación de nuevas fuentes de información y el intercambio de datos internacionales facilita la localización de activos y rentas que hasta ahora permanecían fuera del radar. Expertos en fiscalidad consultados valoran positivamente que la digitalización del intercambio de información mejore la eficiencia de la inspección, aunque advierten sobre la necesidad de recursos humanos y tecnológicos adecuados para gestionar estos volúmenes de datos.

En conjunto, Hacienda plantea una campaña ambiciosa en 2026 que pretende adaptarse a la transformación digital de la economía y cerrar vías de fraude asociadas a pagos telemáticos, plataformas online y neobancos. El plan combina medidas de control directo con el aprovechamiento de flujos de información nuevos y existentes, en una estrategia que apunta a aumentar la recaudación y la equidad tributaria. Para los contribuyentes y operadores, la llamada es clara: aumentar la transparencia y la correcta declaración de actividades y patrimonios, bajo la advertencia de una inspección más permeable a los datos financieros digitales.