El gobierno municipal de Gondomar prepara la licitación de un nuevo contrato de recogida de residuos que costará, según los pliegos, un máximo de 1.537.932 euros al año y se someterá a aprobación en el pleno de abril. La iniciativa, que afecta a todo el término municipal, busca responder a las nuevas exigencias medioambientales y mejorar la prestación del servicio tras la reciente actualización de la tasa. La duración prevista es de once años improrrogables, cinco más que el anterior, con el objetivo de aportar estabilidad y planificación a largo plazo. El Ayuntamiento defiende que la subida del coste permitirá ampliar prestaciones y modernizar medios.

Los vecinos ya han empezado a notar el impacto en sus bolsillos: la tasa por la recogida de basura para un domicilio tipo sube este año un 73,7%, de 55 a 95,5 euros. El alcalde, Paco Ferreira, ha vinculado ese aumento con la necesidad de actualizar precios para financiar las mejoras previstas y con la obligación de adaptarse a la normativa sobre residuos y economía circular. Según el regidor, el incremento se traducirá en un “salto cualitativo” en medios y organización del servicio, una promesa que el gobierno municipal espera sostener con la nueva contratación. La decisión se produce en un contexto de presión por mejorar la gestión de la fracción orgánica y la recogida selectiva.

El expediente municipal recoge que el importe máximo anual del contrato será el doble del coste actual, que actualmente asciende a 774.000 euros y corresponde al servicio prestado bajo un contrato que lleva ya vencido dos años. La empresa anterior, FCC-Ingeser, finalizó formalmente su adjudicación en 2024 pero continúa ejecutando las labores de recogida, limpieza viaria y gestión del punto limpio en situación precaria desde entonces. El Ayuntamiento pretende cerrar cuanto antes la licitación para evitar la prolongación de esa fórmula transitoria y dotar al servicio de un marco contractual estable. La previsión de once años responde, según el consistorio, a la necesidad de planificar inversiones y control operativo a medio plazo.

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Entre las mejoras que incorporarán los pliegos figura el refuerzo de la recogida selectiva y la implantación más avanzada de la fracción orgánica, cuya recogida puerta a puerta o domiciliaria ya es obligatoria en muchas normativas autonómicas. También se contempla la compra de un vehículo más pequeño para acceder a caminos y viales estrechos que ahora quedan fuera del recorrido de los camiones tradicionales, con la intención de cubrir todos los núcleos de población. Además, se prevé aumentar el número de contenedores y redistribuirlos para optimizar la cobertura urbana y periurbana. La modernización de la flota y de los equipos técnicos se anuncia como otro pilar de la oferta.

Las bases del concurso impondrán exigencias de personal y organización: las empresas licitadoras deberán garantizar mayor plantilla, sistemas de control de la prestación y protocolos de mantenimiento, limpieza y reposición de los contendores. El pliego incluye también la recogida de voluminosos y la optimización del transporte hacia los centros de tratamiento y reciclaje, con el objetivo de reducir costes y emisiones en la cadena logística. Estas cláusulas buscan garantizar que la inversión anunciada se traduzca en mejoras tangibles en la gestión de residuos y en una mayor responsabilidad ambiental. A su vez, el Ayuntamiento espera que la competencia en la licitación permita seleccionar una oferta técnica y económicamente solvente.

El proyecto sitúa a Gondomar en la senda de los municipios que están rediseñando sus servicios de limpieza y residuos para cumplir con las directrices de la Unión Europea y la normativa autonómica sobre economía circular. Para el equipo de gobierno, la actualización de la tasa aprobada en las pasadas navidades era inevitable para asumir los costes de esa transición y evitar que la calidad del servicio se resintiera. No obstante, la subida del recibo ha generado inquietud entre vecinas y vecinos, que deberán afrontar un mayor gasto en plena coyuntura económica complicada. El Ayuntamiento confía en que la puesta en marcha de medidas visibles atenúe esas reticencias.

El siguiente paso formal es la aprobación del pliego en el pleno municipal de abril y la posterior apertura del proceso de licitación. Si el calendario se cumple, la intención del gobierno local es adjudicar y poner en marcha las nuevas prestaciones a la mayor brevedad posible para sustituir la gestión en precario. La ambición anunciada pasa por consolidar un servicio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, aunque el coste económico y la duración del contrato prometen ser objeto de debate político y social en las próximas semanas. El Ayuntamiento defiende que la inversión es necesaria para garantizar un sistema de residuos moderno y sostenible a largo plazo.