El sector de la ayuda a domicilio en España registra desde 2020 un incremento de las incapacidades laborales del orden del 70%, una subida que, según responsables del sector, amenaza la continuidad de la atención a personas dependientes y mayores. La escalada se ha producido en los seis años que siguen a la pandemia y se relaciona, explican las patronales, con el envejecimiento de la población, déficits en el sistema sanitario y un aumento de las bajas por problemas de salud mental. Esta situación obliga a empresas y administraciones a reorganizar rutas y turnos con frecuencia, lo que afecta directamente a los usuarios que reciben cuidados en su domicilio. El aviso llega desde asociaciones del sector cuando la demanda de servicios a domicilio es creciente y los recursos humanos son escasos.

Para Ignacio Gamboa, presidente de la asociación que agrupa a entidades del servicio de atención a domicilio, la suma de absentismo y falta de plantilla está tensionando la organización y la continuidad asistencial. Cada baja obliga a alterar horarios y desplazar a otros auxiliares, con el consiguiente incremento de costes y la pérdida de la regularidad en los cuidados que reciben las personas dependientes. Esa irregularidad, subrayan responsables del sector, impacta en la calidad del servicio y genera ansiedad entre quienes dependen de ayudas diarias para la higiene, la medicación o la alimentación. Las plantillas, ya ajustadas por la dificultad de captar y retener profesionales, resisten mal estas ausencias prolongadas.

Las patronales sostienen que el alza de las bajas no se explica por un empeoramiento de las condiciones físicas propias del trabajo —como lesiones por traslados—, sino por un incremento de permisos por enfermedades comunes y por una mayor duración de esos permisos. En concreto, el porcentaje de ausencias anuales ha pasado de alrededor del 8% antes de la pandemia a situarse en niveles próximos al 13% en algunos colectivos. Esa mayor permanencia fuera de la plantilla reduce la capacidad de respuesta de las empresas y obliga a contratos temporales o a horas extra que resultan difíciles de sostener. Además, la naturaleza del servicio —presencial, íntimo y continuo— impide compensar ausencias mediante teletrabajo o automatización.

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La Administración ha detectado la problemática y el Gobierno ha puesto en marcha un Observatorio de la Incapacidad Temporal con el objetivo declarado de mejorar la salud laboral, acelerar las recuperaciones y gestionar con mayor eficacia las prestaciones. La iniciativa pretende cruzar datos sanitarios y laborales para identificar tendencias y diseñar políticas preventivas, aunque desde el sector piden medidas concretas para el ámbito de la dependencia. Sindicatos y empresas reclaman también planes de prevención específicos sobre la carga emocional y el desgaste mental que sufren muchos auxiliares.

En el terreno cotidiano, la repercusión se traduce en cambios continuos de profesional encargado de una persona usuaria, rutas más largas y menos tiempo destinado a cada intervención. Usuarios y familiares describen la experiencia como una fuente de incertidumbre: no saber quién acudirá a una hora concreta o que la sustitución implique que el auxiliar no conozca los hábitos y necesidades del usuario genera estrés y errores potenciales. Para personas con dependencia severa, la falta de continuidad puede suponer desde incumplimientos en la administración de fármacos hasta riesgos en la movilidad y la seguridad en el hogar. El acompañamiento humano, insisten los expertos, no es sustituible por tecnología en buena parte de los cuidados domiciliarios.

Además del absentismo, la falta de vocaciones y los bajos salarios agravan la situación. El sector reclama mejoras retributivas y condiciones laborales que permitan estabilizar las plantillas; sin ellas, se mantiene un círculo de rotación que debilita el conocimiento acumulado sobre cada usuaria o usuario. Las empresas advierten de que, sin incentivos, la captación de trabajadores será insuficiente frente a la demanda creciente derivada del envejecimiento poblacional. En regiones con mayor envejecimiento, como la propia Galicia, la presión sobre los servicios de atención domiciliaria es especialmente intensa y las administraciones locales reciben solicitudes de refuerzo de recursos.

Las voces de profesionales y asociaciones piden políticas integrales que combinen prevención sanitaria, formación específica, reconocimiento profesional y ajuste de la financiación pública para garantizar prestaciones dignas. La mejora en la gestión de las bajas, con protocolos ágiles y programas de rehabilitación, es parte de las propuestas, junto con incentivos para la contratación estable. También se plantea la necesidad de campañas de salud laboral centradas en la salud mental del trabajador, que en muchos casos es el origen de bajas de larga duración.

Si no se acometen cambios de calado, advierten en el sector, la continuidad de la atención a dependientes queda en riesgo. Más allá de las cifras y los porcentajes, lo que se juega es la capacidad de mantener en el hogar a personas que, por edad o discapacidad, necesitan una red diaria de cuidados. Galicia Universal seguirá el desarrollo de estas iniciativas y las respuestas que ofrezcan las administraciones y las empresas para evitar que el incremento de bajas termine por erosionar un servicio esencial para miles de familias.