El Parlamento de Canarias cerró este jueves el tercer Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con un mandato claro al Ejecutivo: entablar las negociaciones con el Gobierno central sobre el denominado “decreto Canarias”, reforzar y actualizar el Régimen Económico y Fiscal (REF) y reclamar más recursos estatales para impulsar la vivienda pública y las infraestructuras esenciales. La sesión, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, dejó además la petición de mantener el estatus de región ultraperiférica (RUP) en el nuevo marco financiero de la Unión Europea y de avanzar en la agenda autonómica. El objetivo de las resoluciones es forzar al Ejecutivo autonómico a convertir compromisos políticos en reclamaciones concretas ante Madrid y Bruselas.

En términos de votaciones, la Cámara aprobó 67 de las 184 propuestas registradas por los distintos grupos tras el debate. Los partidos que sostienen al Gobierno —Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Asociación de Cabildos Insulares (AHI)— sacaron adelante de manera conjunta 46 iniciativas. Por el contrario, las formaciones de la oposición presentaron 138 propuestas —46 cada una— y solo 21 consiguieron el respaldo de la mayoría parlamentaria: cuatro del PSOE, trece de Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-Bc) y cuatro de Vox.

Entre las resoluciones más relevantes figura la exigencia de que la Comunidad Autónoma negocie con el Estado el llamado “decreto Canarias” y avance en el desarrollo de la denominada agenda canaria, que incluye medidas para compensar las desventajas derivadas de la insularidad. También se instó al Ejecutivo autonómico a blindar y modernizar el REF, una reclamación que busca preservar las bonificaciones fiscales y el marco de ayudas que percibe el archipiélago en virtud de su singularidad económica.

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La Cámara pidió además que se aborden transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía, con especial atención a las competencias sobre costas y a la cogestión de los aeropuertos. Los grupos reclamaron mayor participación de Canarias en la toma de decisiones relativas a los espacios marítimos, la política migratoria, la energía y las relaciones exteriores en el ámbito atlántico, demandas que los partidos interpretan como necesarias para proteger los intereses estratégicos del archipiélago.

En el plano social y económico, el Parlamento insistió en la necesidad de que el Estado aporte más recursos para la construcción de vivienda pública en el archipiélago y en el cumplimiento de los convenios de obras hidráulicas, infraestructuras turísticas y centros educativos ya comprometidos. Las resoluciones incluyen también la petición de medidas fiscales como la deflactación del IRPF para paliar la pérdida de poder adquisitivo y una mayor financiación del sistema de dependencia, áreas que los grupos consideran prioritarias para la cohesión social.

La Cámara volvió a rechazar por amplia mayoría la implantación de una tasa turística en Canarias, una medida que sigue sin respaldo mayoritario entre los grupos. La última jornada del debate reprodujo las tensiones de los días anteriores: mientras la oposición acusaba al Ejecutivo de haber dejado de lado a la mayoría social, los partidos que sostienen al Gobierno defendieron la gestión y recordaron avances en proyectos e inversión. En un gesto que ilustró el clima en el salón de plenos, el vicepresidente Manuel Domínguez aplaudió al presidente Fernando Clavijo durante la sesión.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, fue una de las voces críticas más contundentes y acusó al Ejecutivo de eludir competencias y de trasladar sus fracasos al Gobierno de España, a administraciones locales y a gobiernos anteriores. La líder socialista reclamó medidas concretas y calendarios claros para ejecutar los compromisos, y advirtió de que la persistencia de los problemas estructurales pone en riesgo la percepción ciudadana sobre la capacidad del Gobierno regional para resolver los retos más urgentes.

El desenlace del debate deja al Gobierno regional con la obligación formal de asumir las resoluciones aprobadas y de abrir las negociaciones con Madrid y con la UE sobre los asuntos clave señalados por la Cámara. A corto plazo, las decisiones adoptadas marcan la agenda política y diplomática de Canarias para los próximos meses; en la práctica, la efectividad de esas peticiones dependerrá de la capacidad del Ejecutivo autonómico para transformar las recomendaciones parlamentarias en acuerdos concretos y financiación efectiva.