El alcalde de Almussafes, Toni González, presentó el viernes 13 de marzo de 2026 en el Juzgado de lo Civil de Gandia un acto de conciliación previo a una querella contra la secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant, a quien acusa de proferirle insultos públicos que dañan su honor y de participar en una campaña de descrédito que ha acabado con su expulsión del partido. La acción judicial se produce en medio de un conflicto interno que se ha intensificado desde su suspensión cautelar de militancia en diciembre y su posterior expulsión del PSOE por unas denuncias de acoso. En la solicitud al juzgado, el regidor solicita que Morant reconozca la falsedad de las imputaciones y le compense con 50.000 euros, y advierte de que, si no hay acuerdo, presentará una querella por injurias graves y calumnias. El pulso judicial y político se desarrolla en Almussafes y en los despachos de la dirección autonómica del PSPV en València.

González, que fue apartado de su militancia tras hacerse públicas acusaciones de acoso laboral y sexual, sostiene que la titular del partido autonómico le ha señalado en medios y actos como «putero» y como responsable de conductas impropias, calificaciones que él considera infundadas y emitidas con una finalidad electoral. En su escrito ante el juzgado argumenta que esas manifestaciones han causado un perjuicio personal y profesional severo y han afectado asimismo a la cohesión de la Agrupación Socialista local. La demanda de conciliación es el paso previo obligatorio antes de formalizar la querella penal, y busca que la secretaria general reconozca la inexistencia de los hechos que le atribuyen.

Desde la dirección autonómica del PSPV han optado por no entrar al cruce de acusaciones y consideran que la iniciativa judicial del alcalde forma parte de una estrategia de confrontación con el partido. Fuentes del aparato territorial trasladan que no responderán públicamente a alguien que, en su opinión, busca litigio político, y prevén que la reclamación no prosperará. Al mismo tiempo, recuerdan que el foco debe ponerse en la presunta víctima del hostigamiento que motivó las denuncias y no en un conflicto orgánico. En la sede regional del PSPV interpretan los hechos como una reacción de González por haber respaldado a Carlos Fernández Bielsa en conflicto con la secretaria general.

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El caso no se limita al choque de declaraciones: la Agència Valenciana Antifrau ha abierto un expediente sancionador tanto contra el alcalde como contra la empresa municipal donde trabajaba la primera denunciante, empleada que fue despedida semanas atrás. En su informe preliminar, Antifraude apunta a un patrón de represalias continuadas hacia esa trabajadora, un extremo que añade complejidad al proceso y alimenta la controversia pública. El expediente administrativo se suma así a la vía penal que González amenaza con activar si no prospera la conciliación. La existencia de dos frentes —el judicial para el alcalde y el sancionador por parte del regulador— complica la salida política del conflicto dentro del PSOE local.

González, por su parte, ha anunciado que prepara el lanzamiento de una nueva formación política, una decisión que fuentes municipales sitúan como respuesta a su ruptura definitiva con la dirección socialista. El intento de articular una alternativa política en Almussafes se interpreta por algunos dirigentes como la culminación de una estrategia de confrontación que se remonta a meses atrás. La escalada ha tensado las relaciones internas y ha provocado desorientación entre afiliados y votantes en un municipio con una importante plantilla vinculada a la industria local. La disputa amenaza con prolongarse en los tribunales y en el terreno electoral.

Los plazos procesales marcarán los próximos pasos: si no hay reconocimiento ni acuerdo en la conciliación, el alcalde tiene prevista la interposición de una querella por injurias graves y calumnias. Por su parte, la dirección del PSPV ha optado por desactivar el enfrentamiento público y centrar la respuesta en las investigaciones internas y en la tramitación del expediente de Antifraude. Expertos consultados por esta redacción indican que las causas de este tipo suelen dilatarse en el tiempo y que las pruebas mediáticas y las declaraciones públicas complican la posibilidad de una solución rápida. La batalla jurídica, por tanto, podría prolongarse hasta después de los próximos comicios municipales.

Mientras tanto, en Almussafes la tensión se ha instalado en el día a día de la agrupación socialista local, donde militantes y cargos intermedios intentan recomponer una imagen dañada por la sucesión de revelaciones y acusaciones. Los simpatizantes de González sostienen que las actuaciones del partido le han perjudicado de manera injusta, mientras que otros miembros exigen que se esclarezcan las denuncias contra su gestión. La mezcla de investigación administrativa, conflicto interno y posible querella penal augura un período prologando de incertidumbre política y mediática en la localidad valenciana.