La segunda mujer que había presentado una denuncia por una presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón no se personó este viernes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid para ratificar su denuncia, según han confirmado fuentes jurídicas y el despacho que la representa. La ausencia, motivada por un ataque de pánico vinculado al propio proceso, dificulta la continuidad del procedimiento y abre la puerta al archivo provisional de la causa. La denuncia fue admitida a trámite en febrero de 2025 y alude a hechos que habrían ocurrido el 16 de octubre de 2021 en el domicilio que entonces ocupaba el exportavoz parlamentario. El despacho de la denunciante reclama así tiempo para intentar reactivar la investigación pese al revés judicial inmediato.

El bufete Paredes y Asociados fue quien notificó a los tribunales la imposibilidad de que su clienta compareciera, y su letrado Alfredo Arrién ha explicado que la mujer sufrió un episodio de ansiedad al pensar en las consecuencias personales y mediáticas del proceso. Arrién advirtió que, aunque la falta de ratificación encamina la causa hacia su archivo, esta medida puede ser provisional si se presentan nuevos elementos o se logra que la denunciante recupere la capacidad de declarar. El abogado subrayó además que están explorando vías para que el procedimiento pueda reabrirse y no quede definitivamente cerrado por esta ausencia.

El relato que sirvió de base para la denuncia describe un primer contacto entre la denunciante y el entonces dirigente político a través de la red social Instagram en 2021, con intercambios que se prolongaron en el tiempo. Según el escrito presentado ante el juzgado, ambos coincidieron en una fiesta donde, en un entorno que la denunciante califica de presionado y con consumo de drogas, habría sido presionada a realizar actos sexuales orales de forma no consentida o forzada. Tras ese encuentro, el documento apunta que la situación continuó en el domicilio del acusado, donde se relatan tocamientos que la mujer niega haber consentido de manera plena.

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La denuncia detalla además que, en algún momento de los hechos, el investigado se habría acercado a la víctima para advertirle que si intentaba resistirse o llamar la atención la situación podría empeorar, circunstancias que la denunciante interpretó como intimidación. El escrito afirma que, como consecuencia de la presión y el miedo, entró en un estado de bloqueo y cumplió con algunas de las exigencias por temor. También incluye manifestaciones sobre episodios posteriores en el portal y el ascensor del edificio, donde se habría repetido la insistencia por parte del acusado.

Esta segunda denuncia se suma a la interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá, que relata hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021 y cuya causa sigue su trámite independiente. En el procedimiento de Mouliaá, el juez Adolfo Carretero acordó procesar a Errejón y enviar la causa a juicio oral, una decisión que la defensa del exdirigente ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid y que mantiene la causa en fase de recursos. Esos dos expedientes han situado a Errejón en el centro de un debate público y judicial sobre los límites del consentimiento y la instrucción de casos por delitos sexuales entre personas conocidas informalmente.

En términos procesales, la ratificación de la denuncia por la víctima es un paso clave para mantener la investigación penal en marcha; sin ella, las diligencias suelen verse abocadas al sobreseimiento salvo que existan pruebas suficientes que permitan continuar sin la declaración. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que la ausencia de la denunciante no extingue necesariamente la investigación, pero sí complica su avance inmediato, sobre todo en delitos cuya prueba reside en gran medida en el testimonio de la persona afectada.

Desde el entorno del exdirigente no se han facilitado nuevas declaraciones tras conocerse la ausencia de la denunciante en los tribunales, si bien la causa vinculada a la actriz Mouliaá sigue su camino en los tribunales de apelación. Errejón ha comparecido en otras ocasiones en sede judicial acompañado de su equipo legal, que mantiene la estrategia de impugnar las decisiones que estiman contrarias a su defendido y de poner en duda elementos de las acusaciones cuando procede.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que afrontan las víctimas de delitos sexuales para sostener un procedimiento penal ante el impacto emocional y mediático que suelen conllevar estas causas. Abogados y asociaciones de ayuda a víctimas advierten de que la asistencia psicológica y el apoyo jurídico son factores determinantes para que una denuncia prospere y que episodios como los ataques de pánico, que en este asunto han quedado acreditados por el entorno de la denunciante, pueden truncar temporalmente el curso de la justicia.