La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar como investigado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el próximo 6 de mayo por un presunto delito de revelación de secretos. La citación se debe a la difusión de los nombres y las fotografías de dos periodistas de El País que realizaban su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta, según la providencia que obra en la causa. La decisión materializa la reapertura del procedimiento después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara el archivo inicial.

La providencia judicial que ordena la citación incluye también la convocación de los periodistas perjudicados y de dos testigos, y fija la fecha para la declaración de todas las partes implicadas. La actuación responde a la investigación de la posible trascendencia penal de la divulgación realizada por el asesor, y a la necesidad de practicar diligencias para esclarecer cómo se produjo la difusión de esos datos personales. La reactivación del caso llega tras meses en los que la causa había permanecido cerrada.

Según las actuaciones, los hechos investigados consisten en la difusión pública de nombres y fotografías de los profesionales cuando estaban desarrollando labores informativas en el entorno del domicilio vinculado al entorno personal de la presidenta. Las imágenes y los datos llegaron a circular en redes y mensajería privada, lo que motivó la denuncia y el inicio de las comprobaciones judiciales previas. La investigación busca determinar la autoría de la filtración y si existió un ánimo de menoscabar la actividad periodística o de exponer a los afectados.

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La jueza responsable del procedimiento es Raquel Robles, quien ha tramitado la diligencia de citación en cumplimiento de la resolución de la Audiencia Provincial. El tribunal de segunda instancia apreció indicios suficientes para dejar sin efecto el archivo que se había dictado, por lo que se ordenó la continuación de la investigación para practicar nuevas pruebas y tomar declaraciones. Con ello se pretende definir si los hechos tienen encaje penal y si deben dar paso a una fase de instrucción más amplia.

El caso ha vuelto a situarse en el centro del debate público por su proximidad a la esfera política regional, puesto que los hechos tienen relación directa con el entorno personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La situación ha reabierto la discusión sobre la protección del trabajo de los periodistas y los límites a la difusión de datos personales de profesionales en ejercicio. Organizaciones de prensa han expresado en otras ocasiones su inquietud ante prácticas que puedan intimidar o interferir en el ejercicio informativo.

En la providencia se detalla la necesidad de recibir testificales y de que el investigado comparezca para ofrecer su versión de los hechos, trámite que le permitirá presentar pruebas y formular las alegaciones que estime pertinentes. El acto de declaración será, por tanto, una pieza central para que el juzgado valore la existencia de indicios suficientes. La reapertura de la causa no prejuzga el resultado final; marca, en todo caso, la continuación del proceso judicial.

Hasta el cierre de esta edición, ni la oficina del jefe de gabinete ni el Gobierno regional habían remitido una respuesta oficial sobre la citación, y desde su entorno se había optado por no realizar valoraciones públicas. Tampoco consta que los periodistas afectados hayan hecho declaraciones sobre la programación concreta de su comparecencia más allá de acatar el llamamiento judicial. El procedimiento mantiene el carácter reservado en sus fases iniciales, si bien la citación se produce en un contexto de notable interés mediático.

La causa atrajo atención por la fórmula de archivo adoptada en su momento y por la resolución de la Audiencia que la anuló, un paso que refleja la importancia que los tribunales atribuyen a la protección de datos y a la labor periodística. En los próximos días las partes prepararán sus escritos y pruebas en previsión de la vista del 6 de mayo, fecha en la que el juzgado dará traslado formal de las actuaciones necesarias para continuar la instrucción. Como sucede en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia hasta que, en su caso, se determine lo contrario en sentencia firme.