La Junta de gobierno-en-funciones/" title="Extremadura">Extremadura aprobó este viernes, 13 de marzo de 2026, en un Consejo de Gobierno extraordinario un decreto-ley que modifica la Ley 4/2015 para permitir que la administración autonómica continúe realizando actos ordinarios pese a encontrarse en funciones. La iniciativa, acordada con el grupo parlamentario Vox, busca evitar la paralización administrativa que, según el Ejecutivo regional, estaba impidiendo la tramitación de ayudas, la ejecución de fondos finalistas y la convocatoria de procesos selectivos. El objetivo declarado es compatibilizar la prudencia política con la continuidad de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

El decreto introduce excepciones en la regulación que hasta ahora limitaba la capacidad del Gobierno en funciones para adoptar determinadas decisiones. Entre otras medidas, autoriza la firma de convenios, la tramitación de expedientes administrativos necesarios para la actividad diaria, la canalización de fondos públicos y la gestión de procesos selectivos y necesidades de personal que ya estaban comprometidas. La Junta subraya que estas actuaciones solo podrán realizarse cuando concurran razones de urgencia, interés general o la necesidad de asegurar la ejecución de fondos finalistas.

Según el comunicado difundido por el Ejecutivo, el acuerdo con Vox responde a la intención de evitar que la interinidad derive en una paralización que perjudique a la población y a entidades beneficiarias de subvenciones. La alianza parlamentaria entre el PP y Vox se produce tras un periodo de tensiones que llegó a frenar el primer intento de investidura de Guardiola, y el Gobierno regional defiende que la norma busca soluciones concretas para garantizar el funcionamiento de la administración.

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La norma que ahora se modifica fue aprobada al final del mandato de José Antonio Monago y regulaba el proceso de transición entre gobiernos autonómicos en Extremadura. Publicada originalmente en 2015, esa Ley 4/2015 había sido interpretada por la Junta como más restrictiva que la legislación estatal y que otras normas autonómicas equivalentes, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo. El Ejecutivo sostiene que esa rigidez podía dificultar la gestión ordinaria en el arranque de un nuevo ejercicio presupuestario.

Entre los efectos prácticos que el Gobierno regional destaca figura la posibilidad de mantener calendarios administrativos que afectan directamente a la ciudadanía, como la celebración de oposiciones. En este sentido, fuentes de la Junta señalaron que las pruebas para cubrir las 304 plazas de maestros podrán celebrarse en junio, una convocatoria que quedaba en el aire mientras persistiera la interinidad. La modificación pretende así evitar que decisiones técnicas y de personal queden supeditadas exclusivamente al proceso político de investidura.

El Ejecutivo extremeño insiste en que la reforma no supone una ruptura con el principio de prudencia que debe guiar a un gobierno en funciones, sino una clarificación de competencias para no obstaculizar la prestación de servicios. No obstante, la medida abre el debate sobre el alcance de las potestades que puede ejercer un ejecutivo interino y sobre los mecanismos de control parlamentario y administrativo que deben preservarse para garantizar la transparencia.

La aprobación del decreto-ley constituye una solución inmediata de carácter normativo, pero deberá afrontar el trámite parlamentario correspondiente para su convalidación en la Asamblea de Extremadura, tal como exige el procedimiento legal para este tipo de normas. Ese examen en la cámara autonómica será la ocasión para que partidos y grupos parlamentarios debatan el alcance de las excepciones introducidas y fijen límites o condiciones adicionales si lo consideran oportuno.

Para los ciudadanos y las entidades beneficiarias, la prioridad expresada por la Junta es la continuidad de servicios y la seguridad jurídica en la ejecución de programas y subvenciones. El Ejecutivo espera que la modificación permita no solo desbloquear trámites administrativos inmediatos, sino también dar certidumbre a la gestión durante los meses que dure la situación de interinidad, hasta la constitución y plena operatividad del nuevo Gobierno autonómico.