Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, firmó el 13 de marzo de 2026 un acuerdo estratégico con la compañía energética española Repsol —en alianza con la italiana Eni— para impulsar la explotación de recursos gasísticos y atraer inversión extranjera, según informó la oficina de prensa presidencial. El pacto, rubricado en Caracas durante un acto oficial, busca revitalizar el sector de hidrocarburos como parte de la apertura del país al mercado internacional tras episodios de tensión con unidos/" title="Estados Unidos">Estados Unidos. El Gobierno afirma que el convenio proporcionará seguridad jurídica a los inversores y favorecerá tanto el abastecimiento nacional como la exportación.

La alianza se centra en el proyecto conocido como Cardon IV, vinculado al yacimiento Perla, que las compañías han señalado como uno de los descubrimientos más relevantes en aguas profundas de la región. Según la información oficial, el campo produce alrededor de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, cifra que el Ejecutivo venezolano presenta como clave para reforzar el suministro interno y abrir nuevas vías de exportación. Las empresas europeas implicadas han mantenido operaciones en Venezuela pese a la crisis energética y política que atravesó el país en los últimos años.

El comunicado de la Presidencia subraya que el acuerdo forma parte de «un enfoque de diálogo político constructivo» entre el Gobierno y las compañías, con el objetivo de establecer un modelo de cooperación beneficioso para ambas partes y para la población. En su intervención durante la firma, la mandataria elogió la permanencia de las firmas europeas en el país y su compromiso con proyectos de largo plazo, un gesto que el Ejecutivo interpreta como un voto de confianza en la recuperación del sector.

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Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de ofrecer certidumbre legal para desbloquear proyectos que requieren grandes inversiones y tiempos extensos de desarrollo. La crisis de confianza fue uno de los argumentos esgrimidos por varias petroleras para limitar o posponer inversiones en Venezuela en años recientes, según recuerda el propio Gobierno, que ha buscado cambiar esa percepción con acuerdos como el de Cardon IV. La Presidencia ha presentado la alianza como una palanca para que Venezuela aspire a convertirse en un exportador relevante de gas.

El documento que formaliza la colaboración fue firmado por la ministra de Hidrocarburos, Paula Cristina Henao, por altos ejecutivos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre ellos Jannier Viloria y Héctor Obregón, y por representantes de Repsol y Eni, encabezados por Gonzalo Antonio Carrillo. La presencia de autoridades y directivos refleja la voluntad de las partes de dar seguimiento institucional a los compromisos y de acelerar la ejecución de las fases previstas en el proyecto.

El contexto internacional y geopolítico tuvo su eco en el acto: el Gobierno venezolano aprovechó la firma para recordar que en el pasado las dudas sobre la seguridad jurídica llevaron a que algunas compañías reconsideraran sus proyectos, y citó episodios en los que administraciones extranjeras intentaron atraer a directivos del sector energético hacia otras iniciativas. En ese marco, Caracas busca mostrar que su estrategia pasa por combinar diálogo político y apertura a capitales foráneos.

Analistas consultados por este diario señalan que la firma de acuerdos es sólo el primer paso de un proceso más complejo que incluye financiación, transferencia tecnológica y cumplimiento de plazos operativos en un entorno que sigue marcado por sanciones y riesgos políticos. El potencial productivo del yacimiento y su salida a mercados exteriores dependerán de factores técnicos y financieros que las empresas tendrán que negociar en detalle con PDVSA y con las autoridades venezolanas.

Para el Ejecutivo, el resultado inmediato será mejorar el abastecimiento doméstico de gas y disponer de excedentes para la exportación, lo que, según sus cálculos, contribuiría a la recuperación de ingresos y empleo en el sector. Sin embargo, la materialización de esos efectos exigirá tiempo y certidumbre sostenida, por lo que observadores nacionales e internacionales seguirán de cerca la implementación del acuerdo y su impacto en la reconfiguración del mapa energético de la región.