La empresa encargada de la remodelación de la avenida de Portugal en Ourense ha incumplido la orden del Concello de retomar los trabajos y, a una semana del parón, vecinos y comerciantes de los barrios de O Couto y A Carballeira convocan una reunión para exigir soluciones. La suspensión, que la firma atribuye a impagos, mantiene calles cortadas y accesos intransitables desde hace casi un año, y el gobierno local dice estar tramitando abonos pendientes. El conflicto se concentra en un tramo de 1,2 kilómetros donde debía ejecutarse un proyecto integral valorado en 5,2 millones de euros, y la paralización amenaza también fondos europeos comprometidos.

El Ayuntamiento concedió a la contratista un plazo de tres días para reanudar las labores mientras aceleraba la gestión del pago de facturas por un importe que oficialmente reconoce adeudar: 400.000 euros. A pesar de ese requerimiento municipal, la compañía no reanudó la obra y solo permitió a un operario mover algunas vallas para facilitar el paso de vehículos, manteniéndose sin embargo tramos con excavaciones, aceras sin finalizar y pasos provisionales que complican la actividad cotidiana. Los accesos a viviendas y comercios siguen en un estado que los afectados describen como «campo minado».

Los comerciantes de la zona y las asociaciones de vecinos reclaman responsabilidades y compensaciones por pérdidas acumuladas tras meses de obras. Según el presidente de las asociaciones afectadas, Manuel Mosquera, los daños al tejido comercial son ya «gravísimos» y exige que alguien asuma las consecuencias económicas del parón. Mosquera ha convocado a representantes de O Couto y A Carballeira a una reunión que tendrá lugar este lunes a las 20:00 en el número 109 de la avenida de Portugal, en la terraza del café Brooklyn, con el objetivo de coordinar reclamaciones y presionar a las administraciones.

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La intervención se enmarca en un proyecto cuya financiación incluye aportaciones de la Unión Europea por más de 1,2 millones, según la oposición local, que advierte del riesgo de perder esas partidas si no se cumplen los plazos previstos. La paralización plantea además dudas sobre la viabilidad de cumplir los cronogramas y sobre la responsabilidad contractual de la empresa concesionaria. Desde el punto de vista municipal, fuentes consultadas por este periódico subrayan que la tramitación de los pagos está en marcha, pero que el reinicio efectivo de las obras depende de la voluntad de la adjudicataria.

Los vecinos denuncian que la falta de coordinación y la larga duración de los trabajos han deteriorado la vida cotidiana: ruidos, accesos cortados y pérdida de clientela para negocios que ya operaban en condiciones precarias. Las aceras inacabadas y los andadores provisionales obligan a vecinos con movilidad reducida a sortear obstáculos, mientras que los comerciantes calculan descensos significativos en la facturación. En este contexto, las asociaciones preparan una batería de medidas para visibilizar la situación y reclamar indemnizaciones por el impacto económico y social.

La empresa adjudicataria, Opain S.L., sostiene que la paralización obedece a la falta de pago de certificaciones, argumento que ha provocado un choque abierto con el Concello. A mitad de la semana, la compañía realizó gestos puntuales para facilitar el acceso, pero no reinició el ritmo de obra ni completó tareas esenciales como la finalización de aceras y el acondicionamiento de calzadas. El enfrentamiento entre la administración y la contratista añade incertidumbre sobre cuándo se retomarán las operaciones con normalidad.

Además de la presión vecinal, la situación tiene implicaciones políticas y administrativas: el gobierno local debe compatibilizar la obligación de pagar las certificaciones reconocidas con la exigencia de que la empresa cumpla el contrato y garantice la seguridad en la vía pública. El choque podría desembocar en reclamaciones formales, penalidades contractuales o incluso en la resolución del contrato, aunque esas opciones requieren procedimientos y tiempos administrativos que no alivian la urgencia de los afectados. Mientras tanto, la convivencia con las obras condiciona la actividad diaria en dos barrios que comparten espacio con la gran intervención urbana.

Fuentes municipales consultadas insisten en que se trabaja para desbloquear la situación y evitar perjuicios mayores, mientras que los colectivos vecinos advierten de que no aceptarán retrasos sin compensación. La reunión de este lunes busca articular una respuesta conjunta de residentes y comerciantes para exigir compromisos concretos y plazos de ejecución claros. Hasta que no haya un reinicio sostenido, la avenida de Portugal continuará siendo motivo de conflicto entre administraciones, empresa adjudicataria y la población afectada.