El gobierno municipal de Santiago ha anunciado este viernes que pondrá en marcha la licitación de una auditoría sobre la gestión integral del agua —abastecimiento y saneamiento— tras el bloqueo registrado en el pleno de febrero. La iniciativa, presentada por el ejecutivo local desde el edificio del Raxoi, busca analizar los ingresos y gastos actuales del servicio y actualizar el último estudio técnico para decidir la fórmula de gestión. La medida responde a la presión por los cortes frecuentes, la obsolescencia de la red y la falta de cobertura en buena parte del medio rural. La alcaldesa justifica la contratación externa como paso previo necesario para determinar si la gestión indirecta será por concesión o por un modelo mixto.

La auditoría encargada tendrá por objeto revisar en detalle el estado financiero y operativo del servicio y proponer una actualización técnica del estudio previo que existe sobre el sistema. El gobierno local ha subrayado que ese informe técnico marcará la decisión sobre la forma de gestión indirecta, con especialistas evaluando ventajas y riesgos de una concesión frente a una fórmula mixta. Según el anuncio, los pliegos incluirán la evaluación económica y la propuesta de ajustes que permitan modernizar la red con criterios de sostenibilidad y eficiencia. El objetivo declarado es contar con un documento robusto que guíe la contratación sin volver a reproducir el bloqueo político.

La decisión llega después de un pleno en febrero en el que la propuesta sobre la gestión del agua quedó bloqueada, en buena medida por la insistencia del PP en que el modelo de contratación se debatiera en la sesión plenaria. Ese giro provocó una votación cruzada: el gobierno municipal votó en contra de la concesión propuesta por la comisión especial creada para el agua, mientras que el PSOE y los concejales no adscritos apoyaron esa alternativa y el PP, que es el grupo mayoritario en la oposición con once ediles, optó por la abstención. El resultado fue la paralización del proceso y unos días de reflexión anunciados entonces por el ejecutivo local.

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Goretti Sanmartín vinculó el bloqueo a una estrategia política del PP y defendió que el ayuntamiento debe seguir avanzando, apoyándose en criterios técnicos. En su comparecencia, la alcaldesa subrayó que la vecindad no debe ser «objeto de relatos que se cumplen por sí mismos» y defendió la necesidad de que sean los estudios externos y los técnicos los que marquen el camino a seguir. Sanmartín enfatizó que la auditoría permitirá despejar dudas sobre costes, retorno económico y capacidades de los diferentes modelos de gestión. Con esa hoja de ruta, el gobierno pretende evitar nuevas disputas políticas sobre el formato de contratación.

El servicio de agua en Santiago arrastra problemas estructurales: redes con antigüedad, roturas frecuentes y lagunas de suministro en zonas rurales que todavía no cuentan con el abastecimiento o el saneamiento adecuados. La fotografía habitual de averías y reparaciones puntuales ha obligado a reconocer la necesidad de una intervención integral por parte de administraciones anteriores y de la actual. En el entorno del depósito de Viaqua en Vilares, citado por fuentes municipales, se ha insistido en la urgencia de inversiones para garantizar un suministro más estable. La auditoría deberá, además, cuantificar las inversiones necesarias para renovar tramos críticos de la red y reducir las pérdidas de agua.

El proceso que se abre ahora, con la licitación del estudio, promete prolongar el debate técnico y administrativo, aunque desde el gobierno municipal se planteó como una vía para concluir con una propuesta ejecutable. Técnicos municipales y externos tendrán que valorar el coste real de las opciones y las garantías de servicio ofrecidas por posibles concesionarias o por fórmulas mixtas de gestión. La intención anunciada es que, una vez definido el marco técnico, se avance en la contratación sin necesidad de someter de nuevo el modelo al pleno, lo que busca garantizar continuidad administrativa. No obstante, la decisión final sobre la adjudicación sí implicará trámites administrativos y fases de concurso público.

La propuesta ha reavivado la tensión política en el Concello, con el PP vigilando cualquier avance que no pase por el debate plenario y con otras formaciones reclamando transparencia en los criterios de adjudicación. El PSOE y los ediles no adscritos, que apoyaron en su día la concesión planteada por la comisión especial, mantienen posiciones divergentes sobre el alcance y la urgencia de privatizar o mixtificar el servicio. Las voces vecinales y las asociaciones del rural exigen prioridad en la cobertura y garantías sobre tarifas, mientras los grupos municipales discuten el equilibrio entre eficiencia técnica y control público. La forma en que se redacten los pliegos determinará qué papel tendrán los ayuntamientos y la empresa adjudicataria en los próximos años.

El siguiente paso formal será la publicación de los pliegos para la auditoría y la selección de la consultora que realizará el diagnóstico económico y técnico. A partir de ese informe, el gobierno local espera disponer de una hoja de ruta clara para modernizar la red de abastecimiento y saneamiento, con calendarios de inversión y criterios de garantía de servicio. Los vecinos, dicen las fuentes municipales, esperan soluciones tangibles a las roturas diarias y una extensión real del servicio al rural, que hasta ahora ha quedado al margen en varios núcleos. La licitación marca el inicio de una fase decisiva en la que las decisiones técnicas deberán traducirse en mejoras palpables para la ciudad.