Las autoras de una agresión en la Plaza de Barcelos de Pontevedra se enfrentan a la Fiscalía tras un ataque en el que la víctima resultó herida y con mechones de pelo arrancados

Cuatro niñas y un niño de entre 12 y 13 años son investigados por la Fiscalía tras una agresión ocurrida el viernes 13 de marzo en el entorno de las pistas polideportivas de la Plaza de Barcelos, en Pontevedra. La víctima, también menor de edad, denunció haber recibido puñetazos, patadas y golpes que le provocaron contusiones y la pérdida de varios mechones de pelo. La denuncia se presentó en la Comisaría Provincial de Pontevedra y la investigación continúa abierta para esclarecer motivaciones y responsabilidades. Dado que los implicados no han cumplido los 14 años, la vía penal ordinaria no es aplicable, por lo que será la Fiscalía quien determine las medidas a adoptar.

El marco legal español excluye la responsabilidad penal de menores de 14 años, pero establece que el ministerio público puede imponer otras medidas y coordinar actuaciones educativas o de reeducación. En función de lo que concluya la instrucción, los menores podrían ser sometidos a programas formativos obligatorios y, en su caso, responder por la vía civil. La eventual responsabilidad civil correspondería a sus progenitores o tutores legales, que tendrían que satisfacer las indemnizaciones que se fijaran. La Fiscalía actúa como órgano competente para valorar las medidas más adecuadas en cada caso.

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Según el relato aportado por la joven agredida, recogido en la denuncia, el altercado se extendió durante varios minutos y fue cometido por un grupo de cinco personas. La víctima acudió a un centro sanitario para acreditar las lesiones y el parte médico forma parte de la documentación presentada ante las fuerzas de seguridad. Las imágenes y vídeos difundidos en redes sociales fueron claves para acreditar la existencia de lesiones visibles en rostro y cuerpo, según fuentes cercanas a la investigación. Los daños físicos y el impacto emocional de la agresión figuran en los informes que han recibido los investigadores.

La Policía logró identificar a todas las personas implicadas a partir del material audiovisual que circuló tras los hechos y practicó las correspondientes diligencias. Los menores prestaron declaración el viernes para facilitar la labor de la Fiscalía y ayudar a aclarar el contexto de la pelea. La investigación abierta en la Comisaría Provincial de Pontevedra continúa recabando testimonios y pruebas para determinar la secuencia de los hechos. Las autoridades insisten en que no se han adoptado medidas de internamiento ni sanciones penales, por la edad de los presuntos agresores.

El AMPA del colegio Calasancio, centro al que pertenecen algunos de los implicados, emitió un comunicado en el que rechazó «cualquier tipo de violencia entre menores» y mostró su apoyo y solidaridad a la menor agredida y a su familia, independientemente del centro educativo. La asociación de madres y padres instó además a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a evitar la difusión de vídeos, imágenes o comentarios en redes sociales que puedan revictimizar a la joven y entorpecer la investigación. El AMPA expresó su confianza en que las autoridades competentes y los centros educativos actúen para esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas preventivas.

El caso ha despertado inquietud en la comunidad local por la crudeza de las imágenes que se viralizaron y por la facilidad con la que episodios de violencia entre menores pueden difundirse en Internet. Profesionales de la educación y miembros de la comunidad reclamaron una respuesta coordinada entre familias, centros y servicios sociales para abordar tanto la prevención como la intervención en situaciones de conflicto. El incidente vuelve a poner de relieve el debate sobre el acoso escolar, la gestión de la convivencia y la necesidad de programas de mediación y formación emocional en los colegios.

Fuentes judiciales señalaron que, aunque los menores son inimputables penalmente, la Fiscalía dispone de un abanico de medidas para intentar reparar el daño y prevenir nuevas conductas violentas. Entre las posibles disposiciones figuran la obligación de asistir a cursos de reeducación, terapias o intervenciones psicosociales dirigidas tanto a agresores como a víctimas. Si se estima procedente, también se podrá instar la reclamación de responsabilidad civil contra los tutores legales por los perjuicios ocasionados. La decisión final dependerá de las conclusiones de la investigación y del criterio del ministerio público.

Las autoridades han lanzado un llamamiento a la prudencia y a la protección de la integridad de la menor agredida, instando a particulares y medios a no difundir más material sensible que pueda causar daño adicional. Del mismo modo, los investigadores advierten sobre el riesgo de contaminar la instrucción con filtraciones y especulaciones que dificulten el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, la colaboración de testigos y la entrega de cualquier prueba relevante a la Policía son clave para avanzar en el procedimiento.

Representantes del ámbito educativo recuerdan que la respuesta a episodios de violencia debe combinar sanción y acompañamiento, con programas que trabajen la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la prevención del acoso. El episodio en Barcelos ha reavivado la demanda de medidas municipales y escolares más coordinadas, así como recursos formativos dirigidos a familias para detectar señales de alarma y actuar con rapidez. La comunidad local exige, además, que las instituciones garanticen medidas de protección y seguimiento para la víctima.

El caso sigue en manos de la Fiscalía, que valorará las pruebas remitidas por la Comisaría Provincial de Pontevedra y determinará las medidas que estime oportunas en defensa de la menor agredida. Mientras tanto, el proceso administrativo y civil que pueda derivarse queda condicionado a las conclusiones de la investigación y a las decisiones de los responsables legales de los implicados. Las autoridades han subrayado la importancia de la responsabilidad colectiva para evitar que incidentes similares se repitan y para proteger a los menores involucrados.