El moncloa-tras-enfrentar-seis-sanciones-de-la-jec/" title="Gobierno">Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha fijado como plazo la próxima semana para aprobar un paquete de medidas contra la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio, ante la presión de la subida de los carburantes y la posible repercusión en la electricidad. Los ministerios económicos tienen la instrucción de acelerar la redacción del plan y de negociar su contenido con los grupos parlamentarios para garantizar la mayoría en el Congreso. La decisión se adopta mientras el Ejecutivo intenta coordinarse con la Unión Europea, cuyo encuentro de líderes está previsto para el jueves próximo. Si no hay acuerdo a tiempo para el Consejo de Ministros ordinario, el Gobierno no descarta convocar uno extraordinario a finales de la semana.

En Moncloa evitan fijar una fecha concreta para la convalidación de las medidas, pero insisten en que la urgencia es máxima por el impacto que ya se aprecia en los precios de los combustibles. El objetivo oficial es presentar una batería que atenúe las alzas más inmediatas y que, en la medida de lo posible, armonice la respuesta con la de otros socios europeos. La reunión de los Veintisiete en el seno del Consejo Europeo condiciona los plazos, según fuentes del Ejecutivo, que prefieren actuar de forma coordinada para maximizar el efecto de las intervenciones. En ese contexto, la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario al final de la próxima semana sigue abierta.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno esperará primero «un pronunciamiento» desde la UE sobre los márgenes de actuación antes de desplegar todas las fórmulas posibles, apelando a la necesidad de una respuesta común. Montero subrayó la conveniencia de coordinar medidas en Bruselas para que la actuación sea más firme y eficaz, y señaló que las decisiones españolas se diseñarán teniendo en cuenta ese marco comunitario. El Ejecutivo quiere que las iniciativas nacionales sean complementarias a las que puedan adoptar otros Estados miembros, en lugar de anticiparse de forma aislada. Esa estrategia busca además facilitar la negociación parlamentaria en el Congreso y evitar sorpresas políticas internas.

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En cuanto al contenido del paquete, el Gobierno da prioridad a atenuar el encarecimiento de los combustibles con ayudas dirigidas a sectores como el transporte, la agricultura y la pesca. La idea es apostar por reducciones fiscales y medidas sectoriales específicas antes que por subvenciones generalizadas, según fuentes del área económica. Desde el Ejecutivo ya se descarta repetir una medida como la rebaja directa de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis previa, atendiendo al análisis de resultados de aquel episodio. Además, los técnicos quieren evaluar cómo evolucionan los precios una vez que se materialicen los movimientos de crudo en el mercado mundial.

El Gobierno tampoco ha fijado por ahora un umbral del IPC que dispare automáticamente las medidas, y la intención es modularlas en función de la evolución de la inflación. Cuando se aprobaron las ayudas tras la invasión de Ucrania, la inflación se situó en niveles cercanos al doble dígito, un contexto que el Ejecutivo considera distinto al actual. Los ministros socialistas insisten en que la situación actual está «lejos» de aquel escenario y, por tanto, de medidas de amplio calado aplicadas entonces. Esa evaluación técnica servirá para justificar ante la opinión pública y los socios de la coalición la gradación y el alcance de las intervenciones.

Fuentes del Gobierno han señalado también que se descartan por el momento otros planteamientos reclamados por algunos aliados, como la recuperación de la prohibición de desahucios o la implantación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las eléctricas. Esos instrumentos, que han sido objeto de presión política, no forman parte de la primera batería que prepara el Ejecutivo y su empleo dependerá del curso de la crisis y de las negociaciones parlamentarias. En el plano político, partidos como el PP, Vox y Junts han mostrado ya su rechazo a varias iniciativas del Gobierno en esta materia, por lo que la capacidad de acuerdo será un factor decisivo.

La vicepresidencia tercera, representada por Sara Aagesen en algunos actos públicos, y otras carteras económicas trabajan en propuestas que permitan una respuesta rápida sin desbordar las cuentas públicas. El Ejecutivo apuesta por medidas focalizadas que alivien a los consumidores y a sectores más expuestos al alza de los combustibles, evitando soluciones generalizadas que resulten más costosas. Asimismo, los técnicos vigilan la evolución del IPC y los efectos de la geopolítica sobre la oferta energética antes de presentar fórmulas definitivas. La concertación con la UE será un elemento central para calibrar la letra pequeña de las ayudas.

La semana próxima será, por tanto, el banco de pruebas para el plan: la cita europea del jueves y las negociaciones internas marcarán si el Gobierno logra cerrar un paquete suficiente y consensuado para llevarlo al Congreso. Si la coordinación con Bruselas funciona, la expectativa es que España acuda con medidas alineadas al frente europeo; si no, Moncloa podría optar por acelerar de forma unilateral la aprobación en un Consejo extraordinario. En cualquier caso, el Ejecutivo transmite que actuará con celeridad para intentar contener el impacto inmediato de la guerra en la cesta de la compra y en los costes energéticos.