El Grupo Popular en el Parlamento de Galicia ha registrado esta semana dos iniciativas para trasladar al debate autonómico dos propuestas que vienen marcando la agenda nacional del partido: respaldar la proposición de ley del PP en el Congreso para prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos y promover un pronunciamiento institucional en recuerdo de las víctimas de ETA, con especial mención a Miguel Ángel Blanco. Las propuestas, presentadas en el marco de la actividad parlamentaria ordinaria, buscan que la Cámara autonómica inste a la Xunta a transmitir estas demandas al Gobierno central y a promover cambios legales necesarios. La iniciativa llega en un momento de fuerte confrontación política con Moncloa y cuando las cuestiones identitarias y de memoria histórica ocupan un lugar destacado en la agenda pública.

Según el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, el objetivo es que la Cámara gallega se posicione a favor de la norma estatal que persigue prohibir cualquier elemento que cubra integralmente el rostro en espacios públicos, alegando motivos de seguridad y la protección de la dignidad humana, especialmente de los derechos de la mujer. El texto registrado solicita asimismo que se articule la modificación normativa para permitir la identificación visual del rostro en edificios de titularidad o acceso público, “con independencia de su origen, motivación o significado”, según el escrito del grupo popular. El PPdeG pretende que, con el pronunciamiento del Parlamento, la Xunta eleve estas peticiones al Ejecutivo central.

La iniciativa sobre la vestimenta coincide con medidas similares aprobadas en diversas administraciones locales donde el PP y Vox han respaldado ordenanzas que restringen el acceso a instalaciones públicas a personas cuyo rostro quede totalmente cubierto. Como ejemplo reciente, el texto señala la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de vetar la permanencia en instalaciones municipales de quien lleve prendas que imposibiliten o dificulten la identificación. Fuentes del PP consideran que estas medidas forman parte de una estrategia coordinada para poner sobre la mesa asuntos vinculados a seguridad y convivencia en el ámbito de la política nacional.

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Paralelamente, el PPdeG ha registrado una resolución dedicada a la memoria de las víctimas de ETA que se vincula al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El grupo popular argumenta que el 23 de marzo se cumplen nueve años desde su nombramiento como presidente honorífico de Nuevas Generaciones, una efeméride que, a su juicio, da pie a reivindicar su legado político y humano. El texto insta a la Xunta a llevar a cabo actuaciones dirigidas a mantener viva la memoria de las víctimas, con especial atención a la difusión entre la juventud, y a trasladar esta demanda al Gobierno de España.

Fuentes parlamentarias señalan que, aunque el Parlamento gallego ya ha emitido declaraciones institucionales con motivo del aniversario de la muerte de Blanco en julio, esta nueva iniciativa cambia el momento con fines reivindicativos y simbólicos. Para el PPdeG, mantener viva la memoria es una prioridad política que debe materializarse tanto en actos conmemorativos como en políticas educativas y de sensibilización. La apuesta del grupo popular se inserta en una línea más amplia de reivindicación de la memoria de las víctimas que también se observa en el Congreso y en distintas comunidades autónomas.

El impulso de estas propuestas en la Cámara gallega se interpreta en el arco político como una prolongación de la estrategia del PP a nivel nacional, que utiliza parlamentos autonómicos y ayuntamientos para amplificar sus mensajes y presionar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y el PSOE son citados implícitamente como el objetivo de la ofensiva, según críticos del PP, que ven en estas iniciativas un afán por condicionar la agenda central en el contexto de la sucesión de citas electorales regionales y locales.

El debate que suscitan ambas propuestas no es menor. La prohibición del burka y del niqab plantea tensiones entre consideraciones de seguridad y argumentos de libertad religiosa y derechos fundamentales, mientras que las políticas de memoria sobre ETA abren discusiones sobre la forma y el contenido de los homenajes, la pedagogía histórica y el papel de las instituciones en la transmisión de ese legado a las nuevas generaciones. Diferentes formaciones y colectivos serán previsiblemente protagonistas en la discusión que ahora se abre en la Cámara gallega.

La tramitación de las iniciativas en el Parlamento aún deberá superar el análisis de las demás fuerzas políticas y de la Junta de Portavoces, que fijará el calendario de debate. En los próximos días, diputados y diputadas deberán posicionarse sobre si la Cámara autonómica respalda las propuestas y, en ese caso, qué formulación concreta trasladará a la Xunta para su remisión al Gobierno central. La iniciativa, en cualquier caso, refuerza la presencia de estos asuntos en la esfera pública gallega y alimenta la pugna política entre el PP y el Ejecutivo central.