La subida abrupta de los combustibles en Galicia desde finales de febrero ha provocado compras masivas de gasóleo para calefacción, gasolineras con precios que superan los dos euros el litro y reclamaciones del sector primario por el impacto económico. El fenómeno se desató tras los bombardeos del 28 de febrero, vinculados a la crisis en Oriente Medio, y se dejó sentir con especial fuerza en provincias como A Coruña y Lugo en las semanas siguientes. Organizaciones de consumidores y asociaciones del campo piden medidas extraordinarias y la vigilancia de los reguladores ante lo que consideran subidas disparadas y, en algunos casos, sospechas de incrementos injustificados.

El precio medio del gasóleo A en Galicia estaba en torno a 1,46 euros por litro el 28 de febrero; dos semanas después la media se situaba cerca de 1,85 euros, un aumento próximo al 30% en muy poco tiempo. En estaciones concretas se registraron precios aún más altos: en el polígono de Barreiros se alcanzaron puntas de 2,15 euros por litro, según comprobaciones en surtidores. Esa volatilidad ha trasladado un coste adicional inmediato a transportistas, agricultores y a hogares que dependen del gasóleo para la calefacción.

La demanda fue especialmente intensa en los primeros días tras el conflicto: distribuidores y empresas de suministro describen una avalancha de pedidos para depósitos de calefacción que desbordó la actividad habitual. Sin embargo, responsables de algunas compañías consultadas en Galicia aseguran que, pese al fuerte incremento de la demanda, no ha habido problemas de desabastecimiento generalizado y que los suministros se han mantenido. Fuentes del sector advierten, no obstante, de la incertidumbre sobre cuándo se estabilizarán los precios y del impacto que esta alza prolongada tendrá en los costes operativos de empresas pequeñas.

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En el plano institucional, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está supervisando la evolución de los precios en las aproximadamente 12.000 estaciones de servicio del país. La organización de consumidores Facua ha acusado a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del mercado para aumentar márgenes y ha pedido una intervención gubernamental para evitar prácticas especulativas. Por su parte, asociaciones del sector primario han anunciado denuncias ante la CNMC por lo que interpretan como posibles acuerdos de precios.

Desde el lado comercial, responsables de empresas mayoristas en Galicia detallan que la primera semana tras los bombardeos fue especialmente caótica y que la demanda llegó a multiplicarse respecto a lo habitual. El director financiero de Grupo Valdés, Ramón Rodríguez, explicó que la presión de pedidos fue muy alta en los días iniciales, aunque después se produjo una moderación y la situación empezó a normalizarse. Aun así, Rodríguez advierte de que, mientras persista la incertidumbre internacional, resulta difícil prever cuándo cesarán las subidas.

Los distribuidores más pequeños transmiten una sensación similar: hubo registro de pedidos «disparados» en las dos semanas posteriores al incidente, según el responsable de Gasóleos Rial, José Antonio Garrido, quien asegura que, por el momento, el suministro se mantiene sin incidencias. Garrido matiza que la demanda ha comenzado a estabilizarse, porque muchos consumidores ya habían llenado depósitos y ahora esperan ver cómo evoluciona el mercado. A pesar de ello, la subida de los costes de carburante se traduce ya en presión sobre tarifas de transporte y precios de insumos agrícolas.

El incremento en los costes de calefacción es especialmente sensible para hogares y pequeñas empresas: antes de los bombardeos, el gasóleo para calefacción se comercializaba en Galicia alrededor de los 90 céntimos por litro; en los días posteriores llegó a acercarse a los 1,50 euros, lo que supone un encarecimiento superior al 50% para consumidores domésticos. Esa alza ha provocado compras preventivas y quejas de usuarios que temen afrontar facturas mucho más altas esta temporada. Las asociaciones sociales reclaman ayudas o medidas paliativas para los sectores y colectivos más vulnerables.

En el tejido productivo gallego la preocupación es palpable: el sector primario y el transporte piden soluciones inmediatas para mitigar el efecto de los carburantes sobre costes de producción y logística. Algunas voces reclaman que el Gobierno active mecanismos de control temporal de márgenes o incentivos fiscales mientras dure la crisis internacional que impulsa los precios del crudo. Mientras tanto, la vigilancia de la CNMC y las posibles quejas formales marcarán el debate sobre si las alzas obedecen exclusivamente a factores internacionales o si existe margen para corregir prácticas comerciales en el mercado doméstico.