Los sindicatos mayoritarios del profesorado en Galicia han convocado una nueva jornada de huelga el 28 de abril en colegios e institutos públicos de la comunidad para reclamar mejoras en la enseñanza. CIG-Enseñanza, STEG y la Asamblea Aberta do Ensino Público denuncian la ausencia de avances en sus demandas y exigen a la Consellería de Educación la apertura inmediata de una negociación. Entre las reivindicaciones figuran la reducción de la burocracia, la revisión de horarios lectivos, la disminución de ratios por aula y el incremento de apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

La convocatoria representa la sexta huelga del curso y llega tras una gran movilización celebrada el 26 de febrero, en la que participaron miles de personas en varias ciudades gallegas. Los organizadores subrayan que la protesta aglutina a la mayoría del profesorado de todas las etapas educativas y advierten de que no descartan intensificar las medidas si no se produce un diálogo efectivo. Además del paro del 28 de abril, han avanzado el diseño de una jornada de lucha descentralizada prevista para comienzos de mayo, que combinaría acciones locales en distintos puntos de la comunidad.

Los problemas que esgrimen los sindicatos son de diversa naturaleza y afectan tanto al trabajo cotidiano del profesorado como a la atención del alumnado. Señalan que la sobrecarga administrativa resta tiempo pedagógico, que los horarios actuales resultan insuficientes para atender la heterogeneidad de las aulas y que las ratios elevadas impiden una enseñanza personalizada. Asimismo, alertan de la escasez de recursos y especialistas para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, una carencia que consideran incompatible con los principios de una educación inclusiva.

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La reiteración de las convocatorias revela una tensión prolongada entre el colectivo docente y la administración autonómica. A lo largo del curso se han sucedido paros parciales y movilizaciones, y el calendario del profesorado ha quedado marcado por protestas continuas que, según los sindicatos, buscan forzar una respuesta más clara por parte de la Consellería. Las organizaciones insisten en que la huelga del 28 será una prueba de la voluntad de la administración para sentarse a negociar propuestas concretas y calendarios de actuación.

Fuentes sindicales explican que el acuerdo para confluir en una jornada unitaria responde a la percepción compartida de que las reclamaciones no han tenido la atención necesaria. La protesta reúne a asociaciones profesionales de primaria, secundaria y de atención a la diversidad, que han coordinado el llamamiento para maximizar el impacto y visibilizar la situación en todo el territorio gallego. Los convocantes han pedido además el respaldo de familias y alumnado, subrayando que la defensa de la educación pública es un interés colectivo.

La ausencia de soluciones percibidas por los docentes se sitúa, según ellos, en el centro del conflicto. Reclaman medidas concretas como la contratación de más personal de apoyo, la disminución de la carga administrativa de los centros, la revisión de plantillas y la implantación de ratios que permitan una atención más individualizada. Estas demandas, sostienen, van más allá de mejoras laborales y están directamente vinculadas a la calidad educativa y a la igualdad de oportunidades para el alumnado.

El impacto de una nueva jornada de huelga puede ser variado: desde concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades hasta el seguimiento parcial de los servicios educativos en los centros. Las organizaciones convocantes han pedido que la ciudadanía se implique y que las familias se informen sobre las consecuencias para la actividad escolar ese día. Mientras tanto, los equipos directivos de los centros se preparan para gestionar los servicios mínimos y la organización de turnos si fuera necesario.

Con la convocatoria del 28 de abril, el pulso entre el profesorado y la administración entra en una nueva fase. Los docentes reclaman respuestas concretas y plazos claros; la movilización será, según los sindicatos, una medida para impulsar el diálogo y obtener compromisos efectivos. Si no se producen avances, las organizaciones anuncian que intensificarán las acciones, con la intención de forzar un acuerdo que mejore las condiciones en las aulas y garantice una educación pública más inclusiva y con recursos suficientes.