La letrada de la familia de Francisca Cadenas ha anunciado este sábado que solicitará al juez el ingreso en prisión provisional de los dos hermanos puestos a disposición judicial por la muerte de su vecina en Hornachos (Badajoz). La petición se formula tras la aparición de restos óseos en la vivienda de los arrestados, hallazgo que ha reactivado la causa abierta por la desaparición de la mujer en mayo de 2017. La comparecencia de los detenidos ante el Juzgado de Primera Instancia de barros-entre-insultos-y-gritos/" title="Villafranca">Villafranca de los Barros ha tenido lugar pasadas las 12:30 horas, según fuentes judiciales.

Los dos hermanos accedieron al edificio judicial en un vehículo escoltado por la Guardia Civil que entró directamente por el garaje, en medio de una notable presencia policial. Alrededor de un centenar de vecinos se concentraron en las inmediaciones y recibieron a los arrestados con gritos de “asesinos”, según informaron testigos. La tensión en el exterior obligó a reforzar las medidas de seguridad para garantizar el traslado y la protección de los detenidos durante la tramitación judicial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó los restos enterrados en el patio de la casa de los investigados, hallazgo que fue determinante para la detención el pasado miércoles. Posteriormente, las pruebas forenses confirmaron que los restos correspondían a la vecina desaparecida en 2017, lo que ha cambiado la calificación del caso y ha permitido a los investigadores avanzar en la investigación. Fuentes próximas a la investigación señalaron que el hallazgo se produjo tras una inspección minuciosa del inmueble.

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El menor de los dos hermanos, según las mismas fuentes, habría confesado ante la Guardia Civil ser el autor material del crimen, exculpando a su hermano mayor, también detenido. Esa declaración fue uno de los elementos que motivaron la disposición judicial de ambos para prestar declaración este sábado. Las diligencias las instruye el juzgado competente de Villafranca de los Barros, que ahora debe valorar las medidas cautelares que correspondan en función de los indicios recabados.

La abogada particular de la familia, Verónica Guerrero, argumentó en su llegada al juzgado que solicitará prisión provisional para los dos imputados, dado el estado actual de la investigación y la naturaleza de los hallazgos. Guerrero consideró que existen riesgos procesales que justifican esa medida cautelar, entre ellos la posibilidad de fuga y la de manipulación o destrucción de pruebas, por lo que, a su juicio, sería prematuro plantear alternativas a la prisión provisional. Su petición se formalizará ante el juez instructor en la misma sesión en la que declaran los detenidos.

Tras las declaraciones, corresponderá al magistrado decidir si decreta el ingreso en prisión de ambos imputados, solo de uno de ellos o si fija otra medida cautelar, incluida la libertad con cargos. La resolución judicial dependerá de la valoración de los indicios, las pruebas periciales y las manifestaciones de los investigados. En procesos de este tipo, la existencia de restos mortales y una confesión suelen pesar de manera significativa en la valoración de la necesidad de prisión preventiva.

La noticia ha vuelto a conmocionar a Hornachos, localidad con recuerdos aún latentes de la desaparición prolongada de la mujer hace casi nueve años. Familiares y vecinos han seguido con atención el movimiento de la causa, que hasta ahora permanecía en fase de búsqueda y averiguación. El avance de la investigación y la posibilidad de un proceso penal abierto por homicidio reabre un caso que generó incertidumbre y numerosas incógnitas desde 2017.

En los próximos días, además de la decisión sobre las medidas cautelares, seguirán las peritaciones forenses para completar el informe de identificación de los restos y esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La Unidad Central Operativa mantiene la instrucción del caso con la colaboración de los órganos judiciales, y la causa previsiblemente sumará nuevas diligencias y declaraciones antes de que el juez adopte resoluciones sobre la continuación del proceso. La Guardia Civil y la Fiscalía examinan ahora la tipificación penal que corresponderá en función de los resultados de las pruebas.