La Xunta de Galicia autoriza, de media, 57 nuevas instalaciones relacionadas con el cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad cada año, según las estadísticas oficiales recabadas por la Consellería de Política Social. El dato sale a la luz cuando el Consello autonómico aprobó el plan de inspección para 2026, que incluye al menos 1.800 visitas a residencias, escuelas infantiles y centros de día para verificar el cumplimiento normativo. La iniciativa busca garantizar los derechos de los usuarios y promover una mejora continua de la calidad en un sector en expansión. El creciente número de autorizaciones plantea preguntas sobre la capacidad de control y la suficiencia de los recursos públicos para acompañar ese crecimiento.

Los registros oficiales revelan un aumento del 60% en la última década: de las 2.137 entidades inscritas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (Ruepss) en 2015 se pasó a 3.357 en 2025. Pese a ese incremento, apenas algo más de la mitad figuran como activas, 1.896 centros, lo que sugiere que el crecimiento del registro no siempre se corresponde con centros en funcionamiento. La Consellería, dirigida por Fabiola García, subraya la necesidad de acompañar la apertura de nuevas plazas con controles que aseguren condiciones adecuadas para los usuarios.

El mapa de la oferta es diverso: hay centros para la discapacidad, recursos orientados a la inclusión, servicios dirigidos a la promoción de la igualdad, instalaciones para la infancia y una amplia red destinada a las personas mayores. En la última década los recursos orientados a la inclusión han registrado el mayor incremento, con un 167% más de centros, mientras que las infraestructuras para mayores crecieron alrededor de un 24% y las dedicadas a igualdad aumentaron un 20%. En términos absolutos, la población mayor concentra la mayor parte de la oferta activa: 699 instalaciones pensadas para personas de edad avanzada, casi cuatro de cada diez de las que están operativas.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Un tercio de los centros en activo pertenece a la administración pública, pero la expansión reciente ha contado con una importante presencia de operadores privados y entidades del tercer sector. Esa proliferación plantea oportunidades laborales y empresariales, pero también inquietudes sobre la fragmentación del servicio y la heterogeneidad de la calidad. Las autoridades defienden que el registro y las inspecciones son herramientas para homogeneizar estándares y proteger a los usuarios, mientras que críticos piden mayores recursos para vigilancia y personal cualificado.

El plan de inspecciones para 2026, aprobado por el Consello, incorpora como objetivo no solo comprobar el cumplimiento de la normativa sino facilitar a las entidades la información necesaria para poner en marcha centros y programas conforme a los requisitos. La Consellería pretende que las visitas sirvan también para orientar sobre buenas prácticas y detectar riesgos antes de que se materialicen. La previsión de 1.800 visitas mínimas refleja la intención de intensificar la actividad inspectora, aunque la efectividad dependerá de la dotación de inspectores y del seguimiento posterior.

La existencia de un gran número de centros registrados pero no activos invita a analizar las causas: algunas autorizaciones pueden corresponder a proyectos en fase de puesta en marcha, otras a entidades que figuran inscritas por precaución o cuya actividad quedó interrumpida. El Ruepss exige inscripción obligatoria, pero el estatus de «activo» precisa de verificaciones periódicas que expliquen la diferencia entre el total registrado y los realmente operativos.

El auge de la oferta para la atención domiciliaria, los centros de día y las residencias coincide con la aceleración del envejecimiento demográfico en Galicia, una comunidad con una de las pirámides de edad más envejecidas de España. Al mismo tiempo, pese al descenso continuado de la natalidad, las plazas de educación infantil y servicios para la infancia han aumentado un 6,7% en la última década, lo que refleja políticas públicas y también demandas de conciliación que dinamizan ese segmento.

Organizaciones sociales y sindicatos han avisado en otras ocasiones sobre los riesgos asociados a un crecimiento rápido sin controles adecuados: falta de personal, precariedad laboral, deficiencias en la formación y diferencias en la atención. Estos colectivos reclaman no solo más inspecciones, sino también inversión pública para fortalecer la red pública de servicios y garantizar que la expansión privada no desborde las exigencias mínimas de calidad.

Para la Consellería, el objetivo es equilibrar la apertura de nuevos recursos con garantías para los usuarios, una tarea que pasa por mejorar la vigilancia y por ofrecer mayor información a las entidades desde la fase previa a la autorización. El reto que plantea el auge del «negocio del cuidado» en Galicia es doble: atender a una demanda creciente derivada del envejecimiento y la diversidad de necesidades sociales, sin renunciar a la protección de los derechos y estándares que deben regir estos servicios.