El Gobierno se reunirá este lunes con representantes del sector agroalimentario y pesquero para evaluar el efecto económico del conflicto en Irán y estudiar medidas de apoyo. Las reuniones tendrán lugar en el Ministerio de Agricultura y comenzarán por la mañana con el sector pesquero, para continuar por la tarde con la industria de alimentación y las organizaciones agrarias. El objetivo oficial es atenuar el encarecimiento de los costes de producción que sufren agricultores, ganaderos y pescadores. La convocatoria responde al encarecimiento energético y a la subida de precios de insumos como combustibles y fertilizantes.

La apertura de la ronda de contactos correrá a cargo del ministro de Agricultura, Luis Planas, que se encontrará primero con la patronal Confederación Española de Pesca y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Los interlocutores abordarán propuestas para compensar el aumento del coste del combustible, uno de los principales factores que amenazan la viabilidad de la flota. El sector pesquero ya ha anunciado peticiones concretas de ayuda urgente para mantener la actividad y garantizar el suministro.

Entre las demandas planteadas por la pesca figuran mecanismos para abaratar el combustible de la flota, incrementar los topes de ayudas estatales aplicadas por buque —en lugar de por empresa— y la posibilidad de suspender o reducir temporalmente el IVA de los productos pesqueros. Los armadores arguyen que, sin medidas compensatorias, una parte de la flota podría reducir jornadas o cesar la actividad. Las compensaciones buscan evitar efectos en la cadena de suministro y en los precios al consumidor.

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Reuniones con la industria y las organizaciones agrarias

Tras el encuentro matinal, el ministro Luis Planas y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, mantendrán un encuentro con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y con empresas de fertilizantes y piensos. El incremento del precio de los fertilizantes ha tensionado a ganaderos y agricultores, que reclaman medidas que amortigüen el alza de costes. Las compañías del sector y las administraciones discutirán fórmulas para garantizar el abastecimiento y contener el encarecimiento de insumos.

Por la tarde está prevista la recepción de las organizaciones profesionales Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como de representantes de cooperativas agroalimentarias. Estas entidades enfatizan la necesidad de apoyos directos a explotaciones y medidas fiscales puntuales que reduzcan la carga en un contexto de aumentos energéticos y volatilidad internacional. El Gobierno pretende compaginar respuestas inmediatas con medidas de carácter estructural.

Las citas de este lunes se encuadran en la ronda de contactos iniciada la semana pasada, cuando el Ejecutivo se reunió con sindicatos y empresarios para valorar acciones económicas y sociales ante la crisis desencadenada por el ataque y la respuesta en Oriente Medio. Tras aquel encuentro, el Ministerio de Economía anunció la preparación de un real decreto ley con medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas específicas a sectores más afectados, entre ellos el agroalimentario y el transporte por carretera.

Medidas sobre la mesa y límites planteados

Desde el Ejecutivo se descarta, por ahora, una bonificación generalizada del precio de los combustibles como la aplicada tras la guerra de Ucrania, y también una rebaja amplia del IVA de los alimentos. No obstante, el Gobierno asegura que mantiene la evaluación de todas las opciones y que las soluciones finales combinarán medidas temporales y reformas de fondo. Entre estas últimas figuran incentivos a la transición energética, la electrificación del transporte y el refuerzo de las renovables.

En el caso concreto del sector pesquero, las propuestas sobre la mesa buscan reducir el impacto inmediato del combustible y flexibilizar las ayudas estatales, medidas que, según los armadores, permitirían sostener embarcaciones y jornadas de captura. Para el campo, la preocupación central recae en el precio de fertilizantes y piensos, cuya cotización condiciona la rentabilidad de explotaciones ganaderas y cultivos extensivos. El diálogo con las empresas de suministros será clave para diseñar apoyos eficaces.

En Galicia, la situación del lácteo ha generado alarma por la llegada masiva de cisternas procedentes de Francia y Portugal con materia prima a menos de 20 céntimos el litro, un fenómeno que complica aún más la capacidad de negociación de los productores. Además, el alza de los combustibles y la demanda de calefacción han llevado a episodios de acopio en la comunidad, con algunas gasolineras superando los 2 euros por litro en zonas concretas. Estas circunstancias refuerzan la urgencia de medidas adaptadas a realidades regionales.

El Gobierno plantea que las soluciones combinadas —ayudas directas, medidas fiscales temporales y políticas de transición energética— constituyan la respuesta a medio plazo. Los responsables ministeriales esperan poder concretar propuestas en las próximas semanas, tras el análisis de las peticiones sectoriales. Las organizaciones agrarias y pesqueras acudirán al encuentro con la expectativa de obtener compromisos rápidos que atenúen la presión sobre costes y permitan sostener la actividad productiva.